El presidente del CGAE urge al Gobierno el restablecimiento del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía

• Carlos Carnicer considera que esta medida implica una restricción de los derechos de los internos en centros penitenciarios andaluces

• El servicio supone un gasto de menos de 400.000€ para más de 16.000 reclusos

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mostrado al Gobierno la sorpresa y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía.

Este servicio, que venía prestándose desde 2008, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se ha suspendido recientemente al estar pendiente la renovación del acuerdo por parte del Ministerio del Interior.

La asistencia que los abogados de los colegios andaluces prestan a los más de 16.000 internos de centros penitenciarios de Andalucía supone un coste de 397.600 euros.

El presidente del CGAE se ha dirigido por carta a los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que tengan en cuenta “la restricción de derechos que supone la finalización de esta asistencia” y para que valoren “la conveniencia de firmar de nuevo el convenio a fin de que pueda reanudarse urgentemente el servicio”.

Carnicer considera que esta asistencia es de vital importancia tanto para el normal funcionamiento de la vida dentro de los centros penitenciarios como para el ejercicio de los derechos de las personas que se encuentran en ellos.

“Las personas privadas de libertad están privadas de ese derecho, pero es absolutamente necesario para ellas disponer de un Servicio de Orientación Jurídica a fin de consultar y tomar decisiones relativas a todos los demás derechos de los que no han sido privados (derecho de familia, derechos económicos, etc)”, afirma.

El CGAE estima que esta situación pone sobre la mesa la importancia de que se establezca y se regule el derecho a este fundamental servicio dentro del marco normativo de la Asistencia Jurídica Gratuita.