Interior no respetó la ley al permitir que policías marroquíes entraran en Perejil para expulsar a trece inmigrantes

• El Colegio de Abogados de Ceuta puso a disposición de los inmigrantes los abogados del Turno de Oficio necesarios para su asistencia letrada
• Entre las personas que accedieron a territorio español había menores y solicitantes de asilo
• La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía pide que se investiguen los hechos e insta a la Fiscalía General del Estado a depurar responsabilidades

El Ministerio del Interior ha vuelto a no respetar los límites que la ley impone a su actuación y con ello los derechos de las personas que pese a encontrarse en territorio español, la isla de Perejil, fueron entregadas sin el cumplimiento de ninguna formalidad legal a fuerzas policiales marroquíes.

Hace pocos años el Gobierno montó un gran operativo militar para defender la soberanía nacional en ese mismo islote. Ayer, sin que de momento se haya dado una explicación, se permitió a la policía marroquí acceder a ese mismo territorio – eludiendo las obligaciones que la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley exigen de las autoridades españolas – cuando un grupo de personas, algunos de los cuales eran menores de edad, solicitantes de asilo y procedentes de zonas en conflicto, se encontraba allí, es decir, en territorio español.

La gravedad de la actuación de las autoridades españolas se intensifica si tenemos en consideración que las trece personas migrantes que presumiblemente proceden de la República Centroafricana y que se encontraban en la Isla del Perejil habrían demandado la asistencia letrada a los efectos de protección de sus derechos fundamentales.

El Colegio de Abogados de Ceuta comunicó ayer mismo a la Delegación del Gobierno la puesta a disposición de estas personas de cuantos abogados del Turno de Oficio fueran necesarios para garantizarles asistencia letrada.

El interés general sólo puede ser el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales, que pasa por el derecho de los migrantes a ser oídos y defendidos con la asistencia de un abogado, tal y como la Ley exige, sean cuáles sean las condiciones en que se produce su entrada al territorio de un Estado de Derecho.

La Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española espera que de forma inmediata se restaure la legalidad y se garanticen a las personas entregadas a las autoridades marroquíes desde territorio español los derechos fundamentales que la Constitución y Leyes españolas otorgan a cualquier persona que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado español.

Asimismo, exige que se investiguen los hechos y circunstancias en las que se produjeron e insta a la Fiscalía General del Estado a que, si se confirman los hechos, actúe para depurar cualquier tipo de responsabilidad, individual y colegiada, en la que se pudierahaber incurrido.