La Abogacía Española desmiente el comunicado del Ministerio de Justicia sobre el Turno de Oficio

El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su absoluta y rotunda disconformidad con el comunicado del Ministerio de Justicia sobre el retraso en el pago de los meses de julio, agosto y septiembre a más de 20.000 abogados del Turno de Oficio del llamado territorio común.

Es el Ministerio y no el Consejo quien ha incumplido reiteradamente sus obligaciones tanto en lo que se refiere al pago mensual, acordado con el anterior Gobierno, como en hacer frente a los pagos acordados a los abogados de oficio también por el anterior equipo ministerial con el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por la asistencia a los implicados que tienen concedido el derecho a la asistencia de oficio en relación con el caso Gürtel.

El origen del conflicto viene motivado por la prolongación en el tiempo del caso Gürtel y la necesidad de ampliar también el convenio firmado entre el ICAM, el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española para hacer frente a los pagos de los abogados de oficio designados para este asunto. La renovación de ese convenio se estaba negociando con el anterior equipo ministerial que, de manera consciente y voluntaria, autorizó los pagos y libró las cantidades correspondientes por los servicios realizados. Tras su llegada, el nuevo equipo ministerial rechazó la renovación del convenio y reclamó las cantidades que el Consejo, en su función de coordinador de las gestiones de pagos en territorio común, había enviado al ICAM.

El Ministerio mezcla de manera interesada los pagos del sistema general de asistencia jurídica gratuita en territorio común –cuyo compromiso de pago mensual ha incumplido, afectando a más de 20.000 abogados y a todos los Colegios del territorio común- con los pagos amparados en el convenio para sufragar los gastos generados en el proceso Gürtel. Además, la nota ministerial muestra un desconocimiento profundo del sistema de pago, dado que se refiere a “certificaciones en su día expedidas por el Consejo General de la Abogacía Española”, cuando la realidad es que esta Corporación no emite tales certificaciones.

Plenamente disconforme con la decisión del Ministerio y su radical negativa a encontrar una solución que no afectara al pago de los abogados de oficio, el Consejo General de la Abogacía se ha visto obligado a consignar la cantidad indicada por el Ministerio para desbloquear la situación forzada por este, pero ejercerá todas las acciones legales que sean pertinentes en defensa de sus derechos y los de la profesión a la que representa.