La Abogacía pide que se proteja a las víctimas de trata y no que se las sancione

Ante la denuncia interpuesta por la policía a una mujer víctima de trata en Madrid en virtud de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, dada a conocer ayer a los medios de comunicación por la asociación APRAMP, el Consejo General de la Abogacía Española y su Fundación expresan su máxima preocupación ante disposiciones legales como la contemplada en el artículo 37.5 de esta Ley, que ofrece amparo legal a actuaciones policiales de este tipo.

No podemos obviar que la mayor parte de las mujeres que están en la calle están captadas por redes de trata con fines de explotación sexual y acarrean una “deuda económica” con sus explotadores. El hecho de que los cuerpos de seguridad interpongan denuncias  que llevan implícitas el pago de una multa a una mujer víctima de trata incrementa enormemente su desprotección, su miedo y su “deuda”.

Si el propósito del Gobierno es desarrollar un Plan Integral de lucha contra la trata que incluya, lógicamente, la protección a las víctimas, no se deben amparar bajo ningún precepto actuaciones de este tipo.

La trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual es a día de hoy una de las más grandes lacras de nuestra sociedad por la extrema vulneración de los derechos humanos más básicos que representa. Como abogados, asumimos la responsabilidad social que nos corresponde en defensa de los derechos de las personas que se encuentran más desprotegidas. Un problema de tal envergadura requiere la colaboración y el esfuerzo de coordinación de todos los actores implicados, tanto públicos como privados. Pero también, y de forma especial,  exige el compromiso y la concienciación de toda la ciudadanía. Nadie debe permanecer impasible ante el régimen de esclavitud y explotación que padecen otras personas.