La Abogacía rechaza la división de la profesión de abogado que el Gobierno hace en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales

• El Consejo General de la Abogacía Española reclama una interlocución real y efectiva para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos

Ante la aprobación el viernes 02 de agosto por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, y a la espera de conocer con detalle el texto de esa propuesta, el Consejo General de la Abogacía Española muestra su más rotundo rechazo al intento de dividir esta profesión jurídica entre abogado y asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral, actividad que no precisará de la colegiación obligatoria para su ejercicio profesional.

Esta ruptura redunda en perjuicio del ciudadano y de la calidad de los servicios que hasta ahora son prestados por abogados colegiados. Provocará además la falta de seguridad jurídica y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en los asesores jurídicos, que carecerán de la garantía que ofrece la exigencia formativa de los abogados y su incorporación a un Colegios de Abogados, que controla la aplicación de las normas deontológicas y profesionales. La ruptura de la profesión provocará que los asesores, profesionales no colegiados, carezcan de las garantías de una institución que les respalde: el Colegio de Abogados.

El Consejo General de la Abogacía Española censura la falta de interlocución real entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que introduce confusión en numerosos problemas, crea problemas que no existían, instaura el poder de intervención de la Administración central, invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio de épocas pasadas.

La Abogacía apuesta por la transparencia, muestra su voluntad de avanzar en una reforma de los Colegios y Servicios Profesionales que mejore su cercanía a la sociedad y garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero denuncia que no ha habido hasta ahora una interlocución real y efectiva en la elaboración de este anteproyecto y reclama diálogo y negociación antes de la aprobación la Ley de Colegios y Servicios Profesionales.