La Abogacía reclama participación y diálogo para solucionar los problemas generados por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

• Los abogados, en representación de las partes procesales, también pueden solicitar al juez de Instrucción la prórroga de los plazos de las investigaciones judiciales

Ante la solicitud de seis asociaciones de jueces y fiscales para que se suspenda la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la reunión mañana del ministro de Justicia con el Consejo Fiscal, el Consejo General de la Abogacía Española reclama participación y diálogo para lograr una solución consensuada entre el Ministerio de Justicia y todos los profesionales jurídicos, incluidos los abogados, y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos que reclaman una mayor agilidad en los procedimientos judiciales.

La entrada en vigor el 5 de diciembre –dos meses después de la publicación en el BOE de la reforma de la LECrim- puede resultar de imposible cumplimiento en lo relativo a la solicitud de prórroga de 6 y 18 meses cuando en estos plazos no pueda completarse la instrucción y porque habrá de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos los juzgados de España. En todo caso, es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso.

La Abogacía exige el diálogo entre todas las partes que participan en la Administración de Justicia para encontrar una solución consensuada que garantice a los ciudadanos que no habrá impunidad -en ningún caso- cuando finalice el plazo de la instrucción judicial o mientras se tramita la prórroga. De acuerdo con la Ley, los abogados, en defensa de los intereses de las partes procesales, junto con los fiscales también pueden solicitar al juez de instrucción la ampliación de los plazos para la finalización de la instrucción.

Lo que demandan los ciudadanos es mayor agilidad en la tramitación de los procesos judiciales. La celeridad procesal beneficia tanto a investigados y acusados como a víctimas y perjudicados.

El Consejo General de la Abogacía solicita que se dote de los medios personales y materiales necesarios a fiscalías y juzgados para cumplir el mandato legal recogido en el reformado proceso penal. La Abogacía Española reclama una vez más que se dote de una contraprestación digna, puntual y garantizada por el Estado a los abogados del Turno de Oficio, tal y como recoge la Exposición de Motivos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.