La Abogacía reitera que se eliminen las tasas y felicita a los Grupos Parlamentarios que han tramitado su derogación

• Victoria Ortega remite a los partidos políticos los informes del Consejo General de la Abogacía sobre diferentes normas y les traslada su voluntad de seguir realizando propuestas que redunden en beneficio de los ciudadanos

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha expresado a los Grupos Parlamentarios que han aprobado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de derogación de las tasas judiciales para pymes y ONGs su satisfacción por estas iniciativas “que son acordes a lo propuesto desde la Abogacía”.

También ha trasladado su satisfacción por las propuestas legislativas para derogar la inclusión de las tasas judiciales en la condena de costas recogida en el art. 241.1.7 apartado 7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la supresión de la prisión permanente revisable establecida en la última reforma del Código Penal.

La presidenta de la Abogacía ha hecho llegar a los responsables de los Grupos Parlamentarios los informes realizados por los Servicios Jurídicos del Consejo General con las observaciones a la Ley de Tasas Judiciales y a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Penal, reafirmándose en la firme voluntad de la Abogacía institucional de “seguir realizando propuestas que redunden en beneficio de la ciudadanía”.

La proposición de ley aprobada en el Congreso de los Diputados es un respaldo a la oposición contra las tasas liderada por la Abogacía en la que han participado todos los operadores jurídicos y la Plataforma Justicia para Todos, compuesta por sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Además, la Brigada Tuitera ha destacado por su oposición a las tasas judiciales y ha recordado al aprobarse la tramitación de esta proposición de ley por el Congreso del “enorme rechazo” que generó la aprobación de las tasas judiciales en 2012 por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Además, el Consejo General de la Abogacía ya consideró, cuando el Gobierno eliminó en febrero de 2015 las tasas judiciales para las personas físicas, que los responsables políticos son conscientes de que el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de cinco recursos de inconstitucionalidad promovidos por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón, Canarias y del PSOE, y de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. También la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, estableció la no exigencia de tasas a los trabajadores.

PROPOSICIÓN DE LEY MODIFICACIÓN TASAS JUDICIALES