La Fundación CGAE pide a la comunidad internacional que evite la ejecución de la iraní Sakineh Ashtiani

La Fundación del Consejo General de la Abogacía ha vuelto a solicitar a la comunidad internacional que ejerza presión para evitar la ejecución de la iraní Sakineh Ashtiani, condenada a muerte por adulterio, y que, de una vez, sus abogados puedan ejercer con libertad, independencia y garantías la defensa legal correspondiente de acuerdo a la normativa internacional de los derechos humanos que ampara a todas las personas.

Ashtiani, condenada en un principio a morir lapidada, podría ser ahora ejecutada en la horca, según ha resultado de la revisión del proceso judicial que se sigue en este caso. La agencia oficial de noticias iraní ISNA reveló recientemente unas declaraciones del jefe de la judicatura en la provincia de Azerbayán Oriental, Malek Ajdar Sharifi, según las cuales “los expertos islámicos están revisando el caso de Sakineh para estudiar si la ejecución se puede llevar a cabo por medio de la horca”.

Ashtiani, que fue condenada “a cinco años de cárcel” en 2007 por complicidad en el asesinato de su marido, y “a muerte mediante lapidación” por cometer adulterio, estaría a punto de salir de la cárcel si en su país las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre adultos no estuvieran castigadas.

La arbitrariedad y la ausencia de garantías procesales han sido notas características de la desprotección generalizada de derechos a la que se ha sometido a Ashtiani desde que fue acusada de participar en el asesinato de su marido. Debemos recordar que varios de los abogados que se han hecho cargo de la defensa de Ashtiani, tres de ellos premiados con el Premio Derechos Humanos 2010 del Consejo General de la Abogacía Española, se encuentran exiliados de Irán o en la cárcel.

Sólo la presión internacional parece tener algún efecto en el régimen iraní y, en este sentido, la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española lamenta que la actual gira por Latinoamérica del presidente Mahmud Ahmadineyad, recibido por Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua, no haya sido aprovechada por los mandatarios de estos países para reclamar que se detenga la aberración de la condena por adulterio a Sakineh Ashtiani.

Ya en septiembre de 2010, el CGAE exigió al Gobierno iraní que anulara la condena a muerte dictada contra Ashtiani, especialmente, por entender que la pena de muerte es radicalmente contraria a la dignidad de la persona humana y debería ser abolida en todos los países en los que aún existe.

El CGAE denunció entonces que todo el proceso contra Sakineh Ashtíani estuvo lleno de irregularidades, el juicio se hizo en un idioma que ella no entiende, y su primer abogado fue obligado a dejar Irán y pedir refugio en un país extranjero tras ser amenazado con ser encarcelado. Sakineh, que fue obligada a confesarse culpable bajo tortura, aunque inmediatamente se retractó y ha sufrido castigos inhumanos, incluso delante de su hijo, fue entonces condenada a morir ahorcada.

Asimismo, realizó un llamamiento a las autoridades iraníes para que respeten los derechos humanos y muy especialmente los de las mujeres, para que sean suprimidas las penas y castigos inhumanos como los azotamientos o la lapidación y para que todos los ciudadanos puedan contar con una defensa independiente y libre, especialmente todos aquellos que por cuestiones diversas, entre ellas las políticas, esperan en el corredor de la muerte que se ejecute su condena a muerte por lapidación, o por el medio que sea.

En este sentido, la Abogacía institucional se adhirió a todas las iniciativas de organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos a favor de Sakineh y pidió la misma firmeza frente a todos los países que aún tienen vigente la pena de muerte.