21 mayo 2015
La Fundación pide al Gobierno más implicación para lograr la libertad de españoles condenados por Ecuador
Nueve meses después de aprobarse en Ecuador el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que modula las penas por tráfico de estupefacientes en función del peso y tipo de droga portados en el momento de la detención, al menos 50 españoles siguen privados de libertad tanto en cárceles ecuatorianas como españolas, a pesar de tener cumplidas íntegramente sus condenas.
La complejidad del sistema establecido por Ecuador para revisar las sentencias y la pasividad de las autoridades de este país, así como de las españolas, está propiciando que varias decenas de ciudadanos españoles sigan en prisión.
La Fundación Abogacía Española comenzó a trabajar en octubre de 2014 para intentar agilizar la puesta en libertad de los españoles presos, tanto en el país latinoamericano como en España. Además de reunirse con autoridades políticas y judiciales y visitar a presos españoles en cárceles ecuatorianas, impulsó una campaña de asesoramiento e información a través de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria y los Colegios de Abogados para que los ciudadanos españoles presos en cárceles españolas solicitaran el tercer grado, mientras Ecuador completaba la revisión de sus condenas.
A día de hoy, asesorados por la Fundación, 29 de estos españoles que actualmente cumplen su condena en cárceles españolas y que tienen su pena totalmente extinguida si se aplicara la ley vigente en Ecuador, han solicitado en sus respectivos centros la revisión de su régimen penitenciario, amparándose en estas circunstancias.
Sin embargo, solo 2 han conseguido la libertad definitiva y 4 el régimen abierto (tercer grado), algunos tras recurrir al juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La Fundación Abogacía Española – que ya ha enviado un informe al Defensor del Pueblo- quiere denunciar la lentitud y escasa atención de las autoridades ecuatorianas y españolas hacia estas personas, que se hayan despojadas de una tutela judicial efectiva, realizada en plazo y con la debida diligencia, y en justa atención a la importante entidad de los derechos afectados.
Por ello, pide al Gobierno español que haga cuantas gestiones sean necesarias con las autoridades ecuatorianas para que agilicen la puesta en libertad de los presos que han cumplido sus condenas y que por tanto están privados de libertad más tiempo del que legalmente les corresponde.
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