La inversión en Justicia Gratuita disminuye por tercer año consecutivo, un 9% en 2012

• Se ha pasado de 256,6 millones en 2010 a 254,5 en 2011 y a 232 este año
• La principal causa de la caída es la dura reducción de baremos -hasta el 40% en algunas comunidades autónomas- que reciben los abogados, quienes soportan esta disminución del gasto al mantenerse los asuntos
• El aumento del coste se ha producido en aquellas comunidades más afectadas por la crisis
• El número de asuntos de asistencia jurídica gratuita en 2012 superó los 1.726.000
• El uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita se ha incrementado un 49% en un año, utilizándolo 371.673 ciudadanos
• Más de 39.000 abogados estaban adscritos a 31 de diciembre de 2012 al Turno de Oficio, un 3% más que el año anterior.
• El Comité de Expertos realiza 17 recomendaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita
• Estudio de referencia en España con más de 7.500 datos proporcionados por los 83 Colegios de Abogados y con una comparativa de los últimos cinco años

La inversión total de las Administraciones Públicas en la gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita y la indemnización de los gastos de infraestructura soportados por los Colegios de Abogados durante 2012 han alcanzado los 232 millones de euros, lo que supone casi un 9% menos que en el ejercicio 2011, cuando se gastaron 254,5 millones, mientras que en 2010 llegaron a 256,6 millones de euros. La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en casi 25 millones de euros en los tres últimos años.

Este es uno de los datos más destacables del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, presentado hoy en Madrid y elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer. Durante la presentación de este estudio, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha destacado que el VII Informe se enmarca en las “actividades encaminadas a que la ciudadanía conozca mejor el servicio de Justicia Gratuita y proporcione a la Abogacía una mayor proximidad a los ciudadanos”. También ha agradecido la presencia del Ministerio de Justicia en el Comité de Expertos del VII Observatorio y la asistencia de Juan Bravo, subsecretario de Justicia, en la presentación del Informe. Carnicer ha citado a Kennedy al asegurar que “si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos”, recordando el problema social de la imposición de tasas judiciales. “La sociedad se resentirá de que los más necesitados no puedan acudir a la Justicia”, finalizó el presidente de la Abogacía.

Por su parte, Alberto Larrondo, director general de LA LEY, también ha reconocido la importancia del VII Informe porque “persigue que tenga el mayor peso posible en la sociedad española, máxime en una época en la que hay un amplio colectivo de ciudadanos necesitados”.

Estas cifras suponen que por tercer año consecutivo se produzca una ruptura de la tendencia de crecimiento de la inversión de los ejercicios anteriores (el aumento en 2009 fue del 21% con respecto al año anterior, mientras que entre los años 2006 a 2008 la subida media rondó el 11%).

La reducción del gasto ha sido una constante en las comunidades autónomas que tienen una mayor inversión en Justicia Gratuita. Valencia ha bajado un 40%, debido principalmente a una dura reducción de los baremos, Galicia ha disminuido más del 15%, Madrid, desciende más del 13%, Aragón cae más del 9% y Cataluña el 8%; mientras que las bajadas han sido más reducidas en País Vasco (casi el 5%) y Navarra (3%). Lo mismo sucede en los Colegios más importantes del país; así los costes en Madrid bajan un 14% y los de Barcelona un 8%.

Los aumentos de gasto más importantes se han producido en las comunidades autónomas que más sufren la crisis económica: Castilla-La Mancha sube el 11%, Extremadura (9,5%), Canarias (5%), Ceuta y Melilla con un 4% cada una y Andalucía que incrementa el coste un 2%.

El informe está disponible en: www.abogacia.es, www.wolterskluwer.es y www.laley.es, y puede descargarse en el siguiente enlace .

El Turno de Oficio, con el 66%, acapara la mayor parte de la inversión

Del total de la inversión en Justicia Gratuita, el servicio de Turno de Oficio absorbe el 66%, alcanzando los 154,7 millones de euros. A continuación le siguen el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido, con unas certificaciones durante 2012 que alcanzan casi los 48 millones de euros (20% del total), y el de Violencia de Género que, con un 4%, llega a los 9 millones de euros.

Profundizando en el Servicio de Turno de Oficio, cabe destacar que la Penal es la jurisdicción que tiene mayor peso en el total de la inversión con el 57% del total, a continuación se encuentran la Civil (24%), Contencioso-Administrativa (cerca del 5%) y social (2%). En relación al Servicio de Asistencia Letrada al Detenido, casi el 77% corresponde al Servicio de Guardia (con una inversión de 36,6 millones de euros) y el restante 23% corresponde a la Asistencia Individualizada, con un coste de 11 millones de euros.

 Cataluña, la comunidad con mayor inversión en Justicia Gratuita

Cataluña, con 53,6 millones de euros, el 23% del total, ha vuelto a ser la comunidad autónoma con mayor inversión en Justicia Gratuita. A continuación se encuentra Andalucía (41,8 millones de euros y el 18% del total) que supera, respecto a años anteriores, a la Comunidad de Madrid, con 36 millones (15% del total). La Comunidad de Valencia y Canarias ocupan los siguientes puestos con 16 millones cada una. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión en Justicia Gratuita acaparan más del 56% del total del gasto a nivel nacional.

Asuntos tramitados: más de 1.726.000

Los Colegios de Abogados tramitaron en 2012 más de 1.726.000 asuntos de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un ligero incremento del 2% con respecto a 2011, cuando se gestionaron 1.691.313 expedientes. Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma que más asuntos ha tramitado con más de 396.000 expedientes (el 23% del total) seguida de Cataluña con más de 321.000 asuntos (18%).

Por servicios, cabe destacar los más de 974.000 asuntos pertenecientes al Turno de Oficio (56% del total), mientras que cerca de 678.000 corresponden al Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (39%). Por su parte, el Servicio de Violencia de Género dio lugar a más de 73.000 asuntos, que corresponden al 4 % del total tramitado.

En 2012 se recibieron en los 83 Colegios de Abogados más de 800.000 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, que tras los análisis pertinentes produjeron que se remitieran a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia o del Ministerio de Justicia) más de 734.000 expedientes, de los que se ratificaron una media del 92%.

Aumenta más del 3% el número de abogados que prestan el Servicio de Justicia Gratuita

A 31 de diciembre de 2012 había en España más de 39.000 abogados adscritos al Servicio de Turno de Oficio, lo que representa un aumento del 3,4% con respecto a los letrados adscritos en 2011 (37.700). Por su parte, más de 32.700 abogados realizan su labor en la Asistencia Letrada al Detenido y 4.727 se encuentran adscritos a los Servicios de Orientación Jurídica.

Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2012, los diferentes Colegios de Abogados tenían censados a casi 140.000 letrados ejercientes, cerca del 28% de estos profesionales jurídicos se encuentra adscrito al Servicio de Turno de Oficio.

Según el sondeo elaborado en mayo por Metroscopia sobre el perfil socioprofesional de los abogados que ejercen la Justicia Gratuita, el 51% son hombres y el 49% mujeres, una proporción muy similar al conjunto de la Abogacía española; ni son jóvenes ni inexpertos ya que el 39% de los abogados de oficio tiene más de 45 años y sólo el 14% tiene menos de 35, además el 47% cuenta con una experiencia profesional entre 10 y 20 años.

Por otro lado, los casos de Justicia Gratuita no constituyen, para la mayoría de los abogados, su único modo de ejercicio profesional, para dos de cada tres abogados del turno de oficio (65%), los casos de Justicia Gratuita representan –como mucho- un tercio de su actividad profesional.

 Aumenta de forma considerable (49%) el uso del Expediente Electrónico

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita —EEJG— siguió incrementándose en 2012 ya que 371.673 personas se beneficiaron de esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española en los cerca de 70 Colegios de Abogados que están utilizando la iniciativa planteada desde el portal www.justiciagratuita.es,  que agiliza el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita.

Este dato representa un incremento del 48,60% respecto a 2011 cuando 250.115 ciudadanos accedieron al servicio. Además, el número de expedientes generados es aún mayor, ya que un mismo usuario puede generar más de una solicitud para diferentes asuntos. De hecho, en 2011 se generaron en total 403.450 expedientes.

Por Colegios de Abogados, el que más expedientes de Justicia Gratuita generó en 2012 fue Valencia, donde hubo casi 49.000 solicitudes, seguido de Barcelona con cerca de 34.000. En el primer cuatrimestre de 2013, el Colegio de Abogados de Madrid lidera el uso del EEJG, con 25.495 solicitudes, tras poner definitivamente este servicio a principios de año

Recomendaciones de los expertos

La parte más importante del Observatorio la constituyen las Recomendaciones y Sugerencias elaboradas por un Comité de Expertos independiente, en el que están integrados representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados, incluidos consumidores y usuarios. Estas Recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas.

Este año tienen un especial valor ya que contienen los pronunciamientos del Comité de Expertos sobre el nuevo Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el 11 de enero.

Las 17 recomendaciones del Comité de Expertos son:

1. Resultan contradictorios con la propia exposición de motivos del Anteproyecto los nuevos umbrales a partir de los cuales el solicitante puede tener acceso al derecho de justicia gratuita, ya que deberán conllevar una mayor consignación presupuestaria por las Administraciones competentes.
2. Existe disconformidad en que determinados colectivos como víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y accidentados que sufran secuelas de carácter permanente, tengan el derecho de justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos.
3. Los expertos consideran inapropiado el tratamiento que del derecho a la asistencia jurídica gratuita de trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social en el orden social ofrece el nuevo Anteproyecto.
4. Unánime valoración positiva de que el Anteproyecto, dentro del contenido material del derecho, incluya la prestación de información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos.
5. Se valora negativamente que el Anteproyecto no incluya dentro del contenido material del derecho, el Servicio de Orientación Jurídica penitenciaria y otras propuestas formuladas en pasadas ediciones del Observatorio en favor de colectivos especialmente vulnerables.
6. El mecanismo de ratificación que prevé el Anteproyecto para el mantenimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en fase de ejecución o en vía de recurso, complicará la gestión del servicio de justicia gratuita.
7. La creación del Comité de Consultas previsto en el Anteproyecto es una medida oportuna para homogeneizar los criterios de las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, sin embargo es preciso que en el mismo participe el Consejo General de la Abogacía Española.
8. La presunción “iurus tantum” que incluye el Anteproyecto de que abusa del derecho de justicia gratuita quien solicita el beneficio más de tres veces en un año, salvo en lo penal, es positiva.
9. La nueva regulación de las insostenibilidades implica un recorte en las garantías del beneficiario de justicia gratuita, ya que se considera necesario el informe de contraste del Colegio de Abogados o del Ministerio Fiscal.
10. Los expertos consideran negativa las nuevas atribuciones y cargas administrativas que se atribuye a los Colegios de Abogados al estimarse que el sistema actual de gastos de infraestructura previsto será insuficiente para hacer frente a éstos nuevos costes de gestión.
11. No se afronta la mejora de las condiciones en las que el Abogado presta el servicio de justicia gratuita (renuncia, pérdida de confianza con el cliente, retribución, carga administrativa, colaboración y respeto por parte de las instituciones, adecuación  de medios etc…).
12. El Anteproyecto no pone los medios suficientes para asegurar que el Abogado cobre en todo caso por la actuación profesional desempeñada. La medida prevista de que en caso de resolución desestimatoria por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, los intervinientes puedan instar el procedimiento previsto en los artículos 34 y 35 de la LEC, es insuficiente para asegurar el cobro.
13. La creación de la Comisión de seguimiento del sistema de justicia gratuita (Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) es positiva y se considera oportuno la participación en la misma del Consejo General de la Abogacía Española.
14. Es positivo que en caso de cambio de abogado el ciudadano abone al primero los honorarios correspondientes. Si se imponen las costas al beneficiario, se mantiene la disposición –necesaria- de exonerarle del pago de las mismas salvo el supuesto de venir a mejor fortuna, con la salvedad de que se aumenta el plazo a 4 años y que sea el Colegio de Abogados el que haga la revisión, lo que supone un nuevo incremento de sus funciones.
15. Los expertos recomiendan que para una mejor calidad del servicio de justicia gratuita es preciso que el abogado preste el servicio en un sólo Colegio de Abogados, concretamente en el que está inscrito como abogado ejerciente residente y con despacho profesional abierto, para fomentar la cercanía abogado-cliente.
16. Se considera negativa la eliminación de la doble instancia para la concesión del beneficio de justicia gratuita, de forma que fuera el Colegio de Abogados quien resolviera exclusivamente y por tanto de manera definitiva, la concesión del beneficio de justicia gratuita.
17. Ante la aplicación heterogénea del mecanismo de pago de las tasas en relación con la tramitación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita se recomienda aunar criterios en todos los órganos judiciales y dar prioridad a la resolución provisional del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita para exonerar el pago de la tasa.

 Consideraciones metodológicas

En esta edición se han analizado para su elaboración más de 7.500 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados existentes en España. El VII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita ha continuado con la ampliación notable del anterior Observatorio en lo referente a los contenidos cuantitativos, complementando los que tradicionalmente se han venido incluyendo con otros de gran interés en el mundo de la Justicia Gratuita.

La elaboración del contenido del Informe se ha realizado sobre la base de la experiencia acumulada en los seis estudios anteriores y siguiendo las sugerencias y recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos para su mejora.

Se ha actualizado la información histórica y se ha revisado los datos bajo un criterio homogeneizado entre los Colegios, con los datos de los años 2008 a 2012, ambos inclusive, de forma que se facilite el análisis de la evolución de la Justicia Gratuita. Esto puede suponer pequeñas variaciones en relación con la información publicada en los anteriores Informes del Observatorio de Justicia Gratuita.

Se ha reforzado el desglose más pormenorizado de la inversión de las Administraciones Públicas en Justicia Gratuita –llegando hasta las diversas jurisdicciones en el Turno de Oficio y los sistemas en el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido-, también se ha añadido información sobre el volumen de asuntos tramitados por los diferentes servicios y se han incorporado nuevos indicadores de la actividad judicial.

Sobre el Consejo General de la Abogacía Española

El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Colegios de Abogados de España y es la institución responsable de ordenar el ejercicio profesional de los abogados y velar por el prestigio de la profesión. Existen 83 Colegios de Abogados en España y 10 Consejos Autonómicos. En la actualidad, los Colegios agrupan a 189.597 abogados de los cuáles 131.337 son abogados ejercientes y a 58.260 no ejercientes.

Sobre LA LEY

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