La Plataforma del Tercer Sector y la Abogacía Española refuerzan su colaboración en defensa de los colectivos más vulnerables

La Plataforma del Tercer Sector y el Consejo General de la Abogacía Española han suscrito un acuerdo de colaboración en defensa de intereses sociales de los colectivos más vulnerables y desprotegidos.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, han firmado hoy un convenio marco de colaboración para promover la divulgación y formación, tanto en el Consejo General de la Abogacía Española, como en los Colegios de Abogados y las Escuelas de Práctica Jurídica, sobre el Tercer Sector, su realidad y los problemas sociales.

La Plataforma del Tercer Sector fue fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Posteriormente a estas siete organizaciones se sumaron la Plataforma de infancia y la Coordinadora ONGD. Además, a día de hoy, existen también 9 plataformas territoriales (Andalucía, Extremadura, Aragón, Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha y Madrid)

En la actualidad, la Plataforma –que tiene como objetivo promover soluciones en favor de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión- está compuesta por veinte organizaciones y representa a cerca de 30.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias.

El texto del convenio indica que ambas instituciones “defienden bajo diferentes modalidades causas humanitarias y sociales, prestando especial atención y cuidado a aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos”, por lo que es importante una colaboración mutua.

Esta colaboración entre el Consejo General de la Abogacía Española y las organizaciones sociales agrupadas en la Plataforma pretende el establecimiento de una estrategia institucional común; contribuir al conocimiento de ambas partes; organizar cursos, jornadas y seminarios que sean de interés común; fomentar el intercambio recíproco de información sobre temas de investigación, libros, publicaciones e informes; y promover el debate e intercambio de experiencias.

La acción se enmarca en la labor de incidencia política de la Plataforma del Tercer Sector, encaminada a aumentar la interlocución política y la capacidad de acción del sector, para el sustento de la labor de las entidades que forman parte del mismo y, en definitiva, repercutir en una mejora de las condiciones de vida de todos sus beneficiarios.

El presidente de la PTS, Luciano Poyato,  ha afirmado que este convenio es “un nuevo paso para dar visibilidad al Tercer Sector en todos los ámbitos de la sociedad, dando voz a los más necesitados y fomentando la solidaridad y la inclusión”.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha indicado que con este convenio “se refuerza el compromiso social de la Abogacía en defensa de los derechos de toda la ciudadanía”.

CAMPAÑA X SOLIDARIA

Por otro lado, desde la Plataforma de ONG de Acción Social -organización que agrupa a las 32 ONGs más importantes del país- se ha puesto en marcha la campaña anual de la “X Solidaria” dirigida a los contribuyentes para que marquen la casilla de fines sociales en su declaración de la Renta.

Durante el ejercicio fiscal de 2015, un 44% de los contribuyentes no marcaron la X Solidaria bien por no marcar ninguna casilla y se quedan en blanco (30% del total) o porque marcan exclusivamente la X de la Iglesia Católica (14%). Al marcar la X solidaria todos los contribuyentes, además de la X de la Iglesia Católica, se alcanzarían los 500 millones de euros disponibles, frente a los 299 millones de euros disponibles para las organizaciones solidarias.