La presidenta de la Abogacía critica en la ONU el acuerdo sobre refugiados entre la UE y Turquía por “vulnerar la legalidad internacional”

• Victoria Ortega participa en la Cumbre de presidentes de Colegios de Abogados de la UIA, celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha criticado duramente el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados, ya que  “vulnera la legalidad internacional, especialmente el derecho de asilo, y utiliza a las personas necesitadas de protección internacional como moneda de cambio en sus negociaciones”. Ortega manifestó el rechazo de la Abogacía a las medidas adoptadas por los gobiernos europeos sobre refugiados durante la Cumbre de los Presidentes de Colegios de Abogados de la Unión Internacional de Abogados (UIA) celebrada el 16 de mayo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La presidenta de la Abogacía Española, que intervino y moderó una mesa sobre políticas migratorias, destacó que, lamentablemente Europa y España “están protagonizando algunos ataques a los Derechos Humanos, circunstancia que para la Abogacía es motivo de preocupación y de profundo rechazo”.

En el caso de España, se refirió a las “devoluciones en caliente”, que no cumplen con la normativa española de extranjería “ya que se basan en un denominado concepto operativo de frontera ligado a la presencia de agentes de la autoridad españoles carente de sustento jurídico alguno, ya sea en normas nacionales o internacionales; suponen actuaciones reprochadas desde hace más de una década por el Defensor del Pueblo y el Tribunal Supremo y carecen de instrumento internacional que las fundamente”, aseguró.

Ortega recordó que Consejo General de la Abogacía Española, durante la tramitación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, alegó que “el sistema jurídico español padece un grave retroceso con motivo de estas regulaciones, por cuanto priva a las personas a las que se aplica de las más elementales garantías formales y materiales, entre ellas, los principios de audiencia y contradicción, las asistencia letrada y del derecho de acceso a la jurisdicción”.

La delegación española que asistió a la Cumbre estaba compuesta, además de por la presidenta de la Abogacía, por Luis Delgado de Molina Hernández, quien en 2000 fuera presidente de la UIA y actualmente su presidente de honor además de ser actualmente vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española; Carmen Pérez Andújar, vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos de la Abogacía, y Rosalía Perera Gutiérrez, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz.

Asistieron a esta Cumbre 138 presidentes y decanos de Colegios, Órdenes y Consejos de Abogados de diversas partes del mundo, en concurrencia con altos representantes de NNUU en materias específicas de Migraciones, Derechos Humanos (desde la óptica jurídico-legal) y Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.

La Cumbre estuvo auspiciada por la Misión Permanente de Liechtenstein ante las propias NNUU, iniciándose la apertura con intervenciones del Presidente de la propia U.I.A. (Pres.J.J. Uetwiller ((Francia)), seguidas por la del Subsecretario General de NNUU para Asuntos legales (Stephen Mathias ((USA)) y finalizando con la Intervención del Vicesecretario General de la Organización (S.E. Jan Eliiasson ((Suecia)).

El evento, se desarrolló en sesión continuada de diez horas durante toda  la jornada, con un breve paréntesis para el almuerzo en la propia Sede y finalización de la misma tras la sesión de la tarde.

El sistema de trabajo fue, para todos los temas señalados, el de “mesas redondas”, moderadas por un representante institucional de la Abogacía y con expositores pertenecientes ya a las diversos Colegios, Órdenes y Asociaciones, ya a los propios servicios técnicos de ONU en cada materia.

La Mesa relativa a Migraciones, por la problemática y actualidad del problema especialmente en Europa, estuvo divida en dos partes.

La primera, durante la sesión de la mañana, fue moderada por Victoria Ortega Benito, quien agradeció la invitación recibida para presidir la sesión y resaltó el honor que para ella  y para la propia Abogacía suponía ser ese acto su primera intervención internacional tras su reciente elección como presidenta del mismo. Ello en el marco de la propia ONU y con un tema respecto del cual la Abogacía Española siempre había tenido y tenía la máxima sensibilidad. Manifestaciones personales e institucionales que fueron aplaudidas por los asistentes.

CRISIS MIGRATORIA Y UNIÓN EUROPEA

La presidenta de la Abogacía Española calificó de “bochornosa” la reacción de la Unión Europea ante la crisis migratoria más importante de las últimas décadas, motivada por el conflicto en Siria y países limítrofes, “no solo porque la gestión en sí misma sea inadecuada, lenta y problemática, sino, sobre todo, porque la vertiente de protección a los derechos de las personas, protagonistas de un drama humano terrible, ha sido ignorada”, aseguró.

POLÍTICAS DE INTERÉS PARA LA ABOGACÍA

Durante la Cumbre de la UIA celebrada en la sede de la ONU y en la que han participado altos cargos de Naciones Unidas y de sus organizaciones y misiones permanentes relacionadas con los Derechos Humanos, las Migraciones y los Refugiados, de la UIA y de diversos Consejos y Colegios de Abogados, se ha facilitado información sobre los avances del derecho internacional y la elaboración de políticas en Naciones Unidas que revisten especial interés para la abogacía mundial.

Con estas reuniones informativas en la que ha participado la presidenta de la Abogacía Española se ha contribuido a planificar las políticas de los Colegios y asociaciones de abogados y se ha facilitado la cooperación con la ONU y otras instituciones gubernamentales.

Desde 1997, la UIA celebra en la sede de la ONU una serie de cumbres y reuniones informativas dirigidas a los presidentes de Colegios y asociaciones de abogados miembros de la UIA. En la edición de este año se han abordado, entre otros temas, la prevención de crímenes atroces, el Derecho Internacional y las políticas Implementadas sobre migrantes, refugiados y personas desplazadas y el desarrollo sostenible previsto en la Agenda 2030.