27 agosto 2013

Los abogados presentan cerca de 28.000 declaraciones de la Renta utilizando su carné digital colegial

  • La Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), que acredita la condición profesional de los abogados en Internet, vuelve a ser el primer prestador de certificación digital privado.

Cada año se incrementa el número de abogados españoles que presenta sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta y las de sus clientes por Internet -de forma segura y autenticada- usando el carné ACA con certificado digital desarrollado por RedAbogacía, la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española.

En esta última campaña de la Renta, la correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, los abogados españoles han presentado 27.695 declaraciones del IRPF con el certificado digital ACA a través de la página web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es). Esta cifra supone un incremento superior al 13% con respecto al ejercicio pasado, cuando los abogados presentaron 24.570 declaraciones del IRPF con certificado digital ACA.

agencia-tributariaLa Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), que acredita la condición profesional de los abogados en el entorno online, se convierte en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y muy cercano a las 34.000 declaraciones presentadas con el DNI-E.

El certificado digital de abogado, inserto en el carné colegial, habilita a los letrados españoles para la realización de cualquier tipo de trámite telemático con la Administración Pública, siempre con plena validez jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional. Para ello, los Colegios de Abogados que expiden este carné deben tener firmado el Convenio de Colaboración con la Agencia Tributaria.

El uso del certificado digital de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, gracias en parte a la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electrónicos con la Administración.

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