Polonia debe suspender inmediatamente la aplicación de las disposiciones nacionales sobre las facultades de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo en lo que respecta a procedimientos disciplinarios relacionados con los jueces
El TJUE ha publicado un Auto el 8 de abril de 2020 en el asunto C-791/19 que tiene como partes a la Comisión Europea contra Polonia, adoptando medidas cautelares solicitadas por la Comisión.
El litigio tiene como origen la introducción por Polonia de un régimen disciplinario aplicable a los jueces del Tribunal Supremo y el resto de las jurisdicciones, creando una nueva Sala (Sala disciplinaria) en el Tribunal Supremo. La Comisión Europea entiende que esta medida supone un acto contra el derecho de la Unión (art. 19(1) pº 2 TEU y art. 267 pº 2 y 3), pues este régimen respeta la garantía de independencia e imparcialidad de la nueva Sala, que está compuesta exclusivamente por jueces seleccionados por el Consejo Nacional del Poder Judicial, órgano compuesto jueces elegidos por el parlamento polaco.
En la STJUE de 19 de noviembre de 2019, que resolvía una cuestión prejudicial del tribunal supremo polaco, determinó que el derecho de la Unión Europea impedía que los casos relativos a la aplicación del derecho de la Unión Europea fueran de la competencia exclusiva de un tribunal que no fuera independiente y un tribunal imparcial. En consecuencia, el tribunal supremo polaco dictó dos sentencias que declaraban que la Sala Disciplinaria no podía ser considerada como un tribunal. Sin embargo, la Sala continuó su funcionamiento ejerciendo prerrogativas judiciales.
En este contexto, la Comisión Europea solicitó las siguientes medidas cautelares: 1) suspender, hasta que el TJUE dicte sentencia sobre la acción por incumplimiento, la aplicación de las disposiciones que constituyen la base de la jurisdicción la Sala Disciplinaria para decidir, tanto en primera instancia como en apelación, en las causas disciplinarias que afecten a los jueces; 2) abstenerse de remitir las causas pendientes ante la Sala Disciplinaria a un tribunal cuya composición no cumpla los requisitos de independencia definidos, y 3) que comunique a la Comisión, a más tardar un mes después de la notificación de la orden del TJUE por la que se impone las medidas provisionales solicitadas, todas las medidas que ha adoptado para cumplir plenamente con esa orden. Además, la Comisión se reservó el derecho de presentar una solicitud adicional en la que solicitaba que se ordenara el pago de una multa si de la información notificada a la Comisión que Polonia no había cumplido plenamente con las medidas provisionales ordenadas tras su solicitud de medidas cautelares.
En su Auto, el TJUE rechaza en primer lugar los argumentos de Polonia en cuanto a la inadmisibilidad de la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión. En lo que respecta a su competencia para ordenar las medidas cautelares en cuestión, el Tribunal señala que, aunque la organización de la justicia en los Estados miembros es competencia de esos Estados miembros, lo cierto es que, al ejercer esa competencia, los Estados Miembros están obligados a cumplir con sus obligaciones derivadas de la legislación de la Unión. Por consiguiente, corresponde a cada Estado miembro velar por que el régimen disciplinario aplicable a los jueces de los tribunales cumple con el principio de independencia del poder judicial, entre otras cosas asegurando que las decisiones adoptadas en los procedimientos disciplinarios iniciados contra los jueces de esos tribunales son revisados por un organismo que a su vez satisface las garantías inherentes a la protección judicial efectiva, incluida la de la independencia. En esas circunstancias, el TJUE tiene competencia para ordenar medidas provisionales para la suspensión de las disposiciones que establecen las facultades de la Sala Disciplinaria en lo que se refiere al régimen disciplinario judicial.
A continuación, recuerda que las medidas cautelares pueden ser ordenadas por el tribunal que conoce de la solicitud de medidas provisionales sólo si: 1) la concesión de tal medida está justificada, prima facie, de hecho y en la ley (fumus boni juris) y 2) esas medidas son urgentes en el sentido de que debe ser necesario, en para evitar un daño grave e irreparable a los intereses de la UE, representada por la Comisión, que produzcan sus efectos antes de la Sentencia. El tribunal que conozca de la solicitud de medidas cautelares deberá, en su caso, sopesar también los intereses involucrados.
En primer lugar, con respecto a la condición relativa a la existencia de fumus boni juris, el Tribunal señala que dicha condición se cumple cuando al menos uno de los motivos invocados por el solicitante de medidas cautelares en apoyo de la acción principal parece, a primera vista, no ser infundado. En el presente caso, sin pronunciarse sobre el fondo de los argumentos invocados por las partes en la acción por incumplimiento para cumplir las obligaciones, el TJUE considera que, teniendo en cuenta los hechos sobre los que la Comisión ha llamado la atención y los criterios de interpretación proporcionados, en particular, por la sentencia de 24 de junio de 20197 y por AK y otros, los argumentos relativos a la falta de garantía de independencia e imparcialidad de la Sala Disciplinaria expuestos en las acciones por incumplimiento de las obligaciones a primera vista parecen no infundadas.
En segundo lugar, en lo que respecta a la condición relativa a la urgencia, el TJUE señala que la finalidad de los procedimientos de solicitud de medidas cautelares es garantizar la plena eficacia de la futura decisión final, para asegurar que no haya ninguna laguna en la protección legal que ofrece el Tribunal. Para lograr ese objetivo, la urgencia debe evaluarse a la luz de la necesidad de una orden interlocutoria para evitar un daño grave e irreparable a la parte que solicita la protección. En el presente caso, la Comisión sostiene que la aplicación de las disposiciones en cuestión puede causar un daño grave e irreparable con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico de la UE. Para los jueces polacos, la mera perspectiva de que puedan ser objeto de una acción disciplinaria por procedimientos que pueden ser remitidos a un órgano cuya independencia no estaría garantizada es que pueden afectar a su propia independencia. La Corte señala que el hecho de que la independencia del Tribunal Supremo pueda no estar garantizada supone un daño al ordenamiento jurídico de la UE y por lo tanto a los derechos de los individuos que derivan de los valores y la legislación de la UE, establecidos en el artículo 2 TEU, en el que se fundamenta la UE, en particular el estado de derecho. En consecuencia, la aplicación de las disposiciones nacionales en cuestión, en la medida en que confieren competencia para decidir en procedimientos disciplinarios relativos a los jueces, sin contar con la debida independencia necesaria para ello, es probable que cause daños irreparables al ordenamiento jurídico de la UE. El TJUE, por tanto, declara la urgencia de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión.
En tercer lugar, el TJUE examina si una ponderación de los intereses apoya la concesión de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión, observando que la adopción de esas medidas únicamente supondría la suspensión provisional de su actividad hasta la sentencia. El TJUE considera que una ponderación de los intereses en el presente caso favorece a la concesión de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión.
Como resultado de lo anterior, el TJUE concede la solicitud de medidas provisionales a la Comisión Europea.
Enlace: curia.europa.eu
