La Fundación Abogacía Española se adhiere al amicus curiae de OMCT y TRIAL en el caso algodonero

La Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por incumplir su deber de investigar, y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, tres jóvenes que fueron secuestradas y que aparecieron muertas en 2001 en Ciudad Juárez.

Para la Abogacía Española la sentencia de Campo Algodonero constituyó “un hito en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la violencia de género en perjuicio de las mujeres”. Desde el punto de vista del CGAE “su significado y trascendencia, aunque tiene especial incidencia en Latinoamérica, excede el ámbito regional específico afectado por la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que constituye un precedente en Derecho Internacional en el camino hacia la igualdad formal (ante la ley) y material de las mujeres”.

La Fundación se ha adherido al amicus curiae presentando por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Organización no gubernamental Track Impunity Always (TRIAL) frente a la Corte Interamericana. Se argumenta que estos crímenes han de contemplarse desde una perspectiva de género sintetizadora e integral, y que requiere también un análisis social, económico político y cultural de las causas que están tras las desapariciones y los crímenes de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua y otras partes de México. Así, estos crímenes han de considerarse como feminicidio, es decir, no sólo como crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres, sino desde el punto de vista de la construcción social de estos crímenes, del odio y de la culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura.

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