Perú es desde hace años el país con mayor número de personas españolas presas en América Latina. Viene observando desde 2016 una tendencia descendente: a septiembre de 2022 la cifra asciende a 15 hombres y 3 mujeres cumpliendo condena de privación de libertad, cifra que en el año 2020 llegaba a 46 personas y que al inicio de nuestras acciones se triplicaba. Ello justificó que en noviembre de 2016 una delegación de la Fundación Abogacía viajara al país a visitar a los españoles presos, lo que nos permitió comprender cuál es la situación jurídica de estas personas, así como sus principales necesidades.
Conscientes de que se encuentran en situación de vulnerabilidad, colaboramos con una abogada peruana. Asume su defensa en el ámbito penitenciario e impulsa los traslados de estas personas para que puedan venir a terminar de cumplir sus condenas a centros penitenciarios españoles, más cerca de sus seres queridos.
En 2019, los traslados se redujeron ante la negativa de varios jueces peruanos a conceder la exoneración del pago de la responsabilidad civil, requisito fundamental previo al traslado a centros penitenciarios españoles. Aun con ello, en ese año, desde la Fundación Abogacía se consiguió que dos mujeres que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad fueran trasladadas a España, donde desde mediados de 2020 ya se encuentran en libertad.
Asimismo, en enero de 2020 se promulgó un Decreto de Urgencia para flexibilizar los criterios por los que las personas presas extranjeras acceden al Traslado o al Beneficio Especial de Salida (también llamado “Expulsión”), de forma que ya no se les exige el pago de la reparación civil ni los días multa. No obstante, la paralización del tráfico aéreo motivada por la pandemia del Covid – 19 tampoco contribuyó a la ejecución de los traslados que sí se habían concedido.
A pesar de todas las dificultades, en el último trimestre de 2020, en coordinación con el Consulado de España en Lima, conseguimos que regresaran a España 4 hombres que habían terminado de cumplir sus condenas allí pero que por falta de recursos económicos no podían volver y por contar con antecedentes penales tampoco podían optar a un permiso de trabajo en Perú. Financiando sus traslados desde la Fundación y brindándoles asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones una vez han retornado a nuestro país a través de Restauravidas, se les garantizó una segunda oportunidad vital para conseguir salir del círculo de marginalidad que supone la comisión de delitos de tráfico de estupefacientes.
En septiembre de 2021 tuvo lugar otro traslado de hombres y mujeres españoles condenados en Perú para terminar de cumplir sus condenas en España.
