En el mes de agosto de 2014, fue aprobado en Ecuador el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que por primera vez introducía un criterio de proporcionalidad en las penas impuestas por delitos de tráfico de droga, en función de la cantidad incautada. Hasta ese momento, Ecuador imponía las mismas penas por todos los delitos vinculados al tráfico de drogas, lo que perjudicaba mucho al español medio que haciendo de “mula” termina encontrándose en esa situación y tenía que hacer frente a condenas muy largas similares a las de los narcotraficantes.
Al conocer esta noticia, una delegación de la Fundación Abogacía se trasladó a Ecuador para visitar a las personas españolas presas en Quito y Guayaquil e identificar la manera en la que esta reforma les podía afectar. Efectivamente, esta situación daba derecho a la revisión de las condenas de todas las personas que habían sido condenadas por un delito de tráfico de drogas. En virtud de la buena relación institucional con la Defensoría Pública, nuestro homólogo en Ecuador, las personas españolas presas en Ecuador que se encontraban en Ecuador pudieron acceder a las revisiones de sus condenas (con la consiguiente rebaja) gracias a la intervención de defensores públicos que asumieron la defensa de sus casos.
La parte más complicada surgió cuando identificamos que muchos españoles condenados por un delito de tráfico de droga en Ecuador, habían sido trasladados a España para terminar de cumplir sus condenas en centros penitenciarios españoles. Es decir, en el momento de la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, más de 50 españoles se encontraban repartidos en centros penitenciarios españoles terminando de cumplir sus condenas impuestas en Ecuador. Por ello, nos pusimos en contacto por carta con cada uno de ellos, así como con las direcciones de las prisiones en las que se encontraban para informarles de esta circunstancia y de su derecho a solicitar la revisión de sus condenas.
Teniendo en cuenta que el juez ecuatoriano que había dictado la sentencia de cada persona en ámbito penal era el competente para revisar esas condenas, pusimos en marcha un proyecto en colaboración con el Consulado de España en Ecuador y con la Defensoría Pública en Ecuador. En virtud de esta colaboración, desde la Fundación preparamos los expedientes de cada persona, los mandamos al Consulado de España y dos defensores públicos los presentaban en cada respectivo juzgado y asumían la defensa de los españoles en las Audiencias celebradas. Las nuevas sentencias ecuatorianas a las que dio lugar cada revisión se enviaban a la Audiencia Nacional en España por los cauces oficiales y desde allí se hacían llegar a los respectivos Centros Penitenciarios en dónde se encontraban cumpliendo condena las personas interesadas.
Todo este proceso no estuvo exento de dificultades, bloqueos, y problemas varios. Pero finalmente conseguimos que esas 50 personas españolas que se encontraban cumpliendo condena en centros penitenciarios españoles también pudieran acceder a la revisión de sus condenas. Incluso el Defensor del Pueblo reconoció la labor de la Fundación con los presos españoles en éste país. El resultado ha sido la rebaja en sus penas de hasta 5 años en muchos de los casos. Años de vida que han ganado ellos y quienes les necesitan a su lado.
