Eurosocial II

EUROsociAL II es un programa regional de cooperación técnica de la Comisión Europea para la promoción de la  cohesión social en América Latina. La cohesión social es una de las prioridades de la relación estratégica UE-ALC tal como se acordó  en las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de: Guadalajara (2004), Viena  (2006), Lima  (2008) y Madrid  (2010). La Fase I del Programa se realizó del 2005-2010 y la Fase II fue completada durante el periodo 2010-2015. Actualmente está en marcha la Fase III llamada Eurosocial +.

El objetivo general planteado por EUROsociAL II fue contribuir a aumentar la cohesión social en América Latina. Su objetivo específico, apoyar políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las llevan a cabo en 10 ámbitos distintos: Salud, Educación, Políticas sociales, Políticas de empleo, Finanzas Públicas, Institucionalidad Democrática, Diálogo Social, Descentralización, Justicia y Seguridad ciudadana.

La Fundación Abogacía Española participó activamente como socio operativo y asumió la responsabilidad junto con la entidad francesa Justice Coopération Internationale (JCI) de gestionar el ciclo integral de las acciones identificadas bajo la coordinación a su vez de France Expertise Internationale (FEI) y el Magistrado José de la Mata en calidad de experto asesor.

De este modo, Fundación Abogacía Española y JCI fueron responsables de identificar, formular y coordinar la ejecución de las actividades en colaboración con los países beneficiarios de la asistencia técnica, en el marco del eje acceso a justicia. Sus funciones principales se resumen de la siguiente manera:

-Concluir los respectivos convenios de colaboración y aprobar los términos de referencia propuestos para determinar las obligaciones y responsabilidades de las personas expertas contratadas.

-Supervisar y facilitar la ejecución global del proyecto.

-Supervisar el cumplimiento del cronograma de actividades y asegurar la consecución gradual de los objetivos formulados.

-Ostentar la representación institucional e interceder como interlocutor frente a las Administraciones Públicas u otras entidades de carácter estatal

Durante el año 2012, JCI y Fundación Abogacía Española asumieron a partir de la demanda expresada por los países participantes, la labor de definir unas líneas de actuación a desarrollar en el periodo 2012-2014. En términos generales, el objetivo marcado fue favorecer el acceso a la justicia de los segmentos de población desfavorecidos planteando intervenciones que acompañasen procesos de reformas en marcha y se convirtieran en un activo importante en el marco de las políticas públicas vigentes. A fin de lograr dicho objetivo, fueron definidas las siguientes dos líneas de acción:

Acción 1: Elaboración de protocolos de actuación para eliminar o reducir el impacto negativo de las barreras de acceso a la justicia que afectan a grupos vulnerables de personas que son objeto de atención prioritaria. Proyectos implementados en colaboración con la Defensoría General de la Nación en Argentina y Poderes Judiciales o Ministerios de Justicia según el caso en Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Honduras y Paraguay.

Acción 2: Fortalecimiento y ampliación de la cobertura de los servicios prestados a las personas privadas de libertad. Proyectos implementados a nivel regional en colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y a nivel nacional en colaboración con las Defensorías Públicas de Costa Rica, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Nicaragua y Paraguay.