Carnicer pide a los letrados que extremen las medidas para identificar a víctimas de trata
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, inauguraron el jueves 15 de noviembre, en la sede del Consejo General, la Jornada ‘Víctimas de trata con fines de explotación en España: la legalidad en el cuarto oscuro’, organizada por la Fundación Abogacía Española y Women’s Link Worldwide.
Carnicer aseguró que “la esclavitud no sólo no ha desaparecido, sino que se nos presenta con unos contornos más sinuosos a través de las víctimas de trata con fines de explotación, personas que se ven obligadas a realizar cosas que no desean realizar”, aseguró Carnicer.
El presidente de la Abogacía ha remitido una circular a todos los decanos de los Colegios de Abogados para que los abogados extremen las medidas para detectar a las víctimas de estos delitos, que pueden ser atendidas de oficio en casos de violencia de género u otras cuestiones. (CIRCULAR ENVIADA A DECANOS SOBRE LAS VÍCTIMAS DE TRATA)
Por su parte, Soledad Becerril realizó un repaso del Informe presentado en julio en el Congreso de los Diputados sobre trata de seres humanos, al que puede accederse en http://www.defensordelpueblo.es/es/Destacado/contenido_1348128571191.html .
La defensora del Pueblo recordó que sus funciones son “defender a los ciudadanos ante las Administraciones Públicas, no frente a las Administraciones Públicas”.
Becerril pidió a la Abogacía que sean mujeres, en su calidad de letradas, las que atiendan en mayor medida a las víctimas de trata, por tener una mayor cercanía psicológica con este colectivo. Carnicer respondió que en todos los servicios jurídicos sobre víctimas de trata con fines de explotación prestados por los Colegios de Abogados se exige la especialización en extranjería y violencia de género.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Quintanilla, quien también intervino en la jornada, anunció el compromiso del Gobierno de crear una subcomisión, dentro de la Comisión de Igualdad, para el estudio de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, una realidad que definió como “la esclavitud del siglo XXI”
Quintanilla ha asegurado que esta subcomisión se encargará de trasponer la directiva comunitaria que mandata a los países miembros de la UE a que faciliten estadísticas de víctimas y a que se les dé mayor protección, entre otros asuntos.
Esta subcomisión, añadió Quintanilla, abordará temas como la regulación de los anuncios de prostitución en los periódicos que mueven 50 millones de euros anuales. La diputada del PP ha puesto de manifiesto el “firme compromiso de todos los ministerios del Gobierno por acabar con la verdadera esclavitud del siglo XXI”.
IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La primera parte de la jornada estuvo dedicada a la identificación y protección de las víctimas.
Fernando Alonso, de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Dirección General de la Policía Nacional, aseguró que la Policía Nacional tiene 24 unidades especializadas en trata. “Sacar a mujeres de la trata es prioritario, pero si no se persigue a los tratantes, la reposición de las víctimas será continua”, dijo.
Amparo Díaz, coordinadora del turno contra la Trata del Colegio de abogados de Sevilla, fue tajante al afirmar que en la trata se produce una “vulneración brutal de los Derechos Humanos. En la trata se da un conjunto de delitos que históricamente le han importado muy poco a la Administración de Justicia” y puso de relieve la dificultad para identificar a las víctimas, que en un alto porcentaje son menores.
Díaz pidió que se abordara este asunto desde una perspectiva de género y no de extranjería, puesto que la mayoría de estas mujeres están en situación regular en nuestro país. Finalmente, Díaz denunció que el sistema de protección de testigos en la investigación de este delito “es un fracaso”.
Por su parte, Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de sala Coordinador de Extranjería, puso de manifiesto la dispersión jurídica que existe a la hora de abordar las diferentes situaciones que se dan en la trata. “El ordenamiento jurídico español está fundado en una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX. Hay al menos 27 cuestiones no reguladas en la ley o insuficientemente reguladas. En la legislación española solo se ha regulado la explotación laboral”. Sánchez-Covisa coincidió con Amparo Díaz en sus críticas a la ley de protección de testigos y propuso su modificación “porque no protege, sino todo lo contrario”
El fiscal levantó polémica entre el público asistente al pedir la regulación de la prostitución. “Hay que regular la prostitución para prohibirla”, afirmó.
Desde ACNUR, Eva Menéndez resaltó la necesidad de que en España se interprete la definición de refugiado desde una perspectiva de género y de edad, dada la cantidad de menores que son víctimas de trata. “Las autoridades españolas entienden que la trata es ajena a la convención de Ginebra sobre asilo”, afirmó. Menéndez denunció que los mecanismos de protección vía extranjería no es el más adecuado para estas mujeres porque no las protege de la no devolución a sus países.
Para concluir la primera parte de la jornada, dedicada a la identificación y protección de las víctimas, intervino Rocío Mora, coordinadora de APRAM, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la mujer Prostituida. Mora resaltó la importancia de intervenir en los países de origen de las mujeres víctimas de trata, que mayoritariamente, según su experiencia, proceden de Rumanía, Paraguay, Brasil y Nigeria. Según APRAM, las mujeres que han atendido no superan los 25 años y sufren violencia diaria y una absoluta falta de libertad. Mora también llamó la atención sobre el elevado número de menores que sufren trata.
PRIORIDADES EN LA LUCHA EN MATERIA DE TRATA
En la segunda parte, centrada en las prioridades en la lucha en materia de trata, intervino Elena Arce, jefa del Área de Migraciones e Igualdad del Defensor del Pueblo, Marta González, directora del Proyecto Esperanza, Viviana Waisman, directora de Women´s Link y Yolanda Román, responsable de Advocacy y Campañas de Save the Children.
Elena Arce se refirió en su intervención a la necesidad de que exista una mejor coordinación interinstitucional para abordar de forma más eficaz el problema de la trata, destacando en este sentido las necesidades de atención de las víctimas menores de edad. Según Elena Arce la colaboración con las ONGs ha sido y es muy positiva.
Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, consideró fundamental el carácter imprimido a la presente jornada, al situarse en el marco de la crisis económica y hacerse desde un enfoque de derechos humanos. Reclamó el desarrollo de un marco legal común y coherente sobre la trata, sobre la base de algunos requisitos tales como: – La creación de un estatuto de víctimas de trata – Garantizar que la prioridad legal e institucional sea la víctima (proponiendo por ejemplo que se establezca la posibilidad de reagrupación familiar para éstas, del mismo modo que los refugiados) – La implementación de mecanismos de evaluación continua y rendición de cuentas, junto a la correspondiente dotación presupuestaria para hacerlos efectivos, etc…
Viviana Waisman, directora de Women’s Link, por su parte, abordó en su exposición las prioridades y obligaciones más importantes a considerar en la futura transposición de la Directiva 2011/36/EU en nuestro país, cuyo plazo vence en abril del 2013. Asimismo, Viviana Waisman advirtió que “no se puede condicionar la protección de las víctimas de trata a su colaboración con las autoridades”.
Yolanda Román, responsable de Advocacy y Campañas de Save the Chldren, recordó a los presentes en la Jornada que los menores son los más desprotegidos y olvidados también en materia de trata y denunció el grave desconocimiento por parte de las autoridades de los instrumentos internacionales de protección de menores. En su opinión, no siempre se entiende ni se sabe hacer efectivo y con los medios necesarios el muchas veces evocado “interés superior del menor”.
La mesas estuvieron moderadas por Paloma Soria, abogada de Women´s LinkWorldwide, y José María Prat, patrono de la Fundación Abogacía Española.
