CERMI denuncia que se están recortando derechos de personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, denuncia en su informe de 2011 que se están intensificando las violaciones de derechos de las personas con discapacidad.
Esas violaciones son consecuencia, según CERMI “de los recortes generalizados que vienen aplicando los distintos poderes públicos, y que se han traducido en un empeoramiento dramático del bajo nivel estructural de bienestar social e inclusión alcanzado por este grupo de población en España”.
El CERMI ha publicado en forma de libro su “Informe de Derechos Humanos y Discapacidad España 2011”, cuarto de una serie anual, que analiza el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España a partir del análisis y contraste de las denuncias de vulneraciones conocidas, del examen de las legislaciones, las políticas y las estrategias oficiales en materia de discapacidad y de las prácticas seguidas por numerosos operadores privados.
El libro tiene un doble objetivo: por una parte dar visibilidad a las situaciones de vulneración de derechos y por otra, inducir a la restitución de los derechos vulnerados, tratando de evitar que estas situaciones se reproduzcan en el futuro.
El informe 2011 está marcado por al aprobación de las Observaciones del Comité de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad adoptadas en septiembre del pasado año. Este Comité ha llamado la atención al Gobierno de España sobre las cuestiones que no se ajustan al tratado, reforzando así algunas de las reivindacaciones del movimiento asociativo. Entre ellas destacan la eficacia de los sistemas de protección de derechos, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la modificación del sistema de “incapacitaciones judiciales”, el mantenimiento de las esterilizaciones forzosas o la eliminación de los ingresos voluntarios y la limitación del derecho de sufragio por razón de discapacidad.
Durante 2011, el CERMI recibió un mayor número de quejas de personas que han identificado vulneraciones de sus derechos. El 20% de las denuncias suponía una discriminación por razón de discapacidad, un porcentaje que duplica al de años precedentes.
El empleo, la educación, el acceso a bienes y servicios o la promoción de la autonomía personal son todavía cuestiones en las que las personas con discapacidad sufren discriminación. Un tercio de las vulneraciones identificadas responden a incumplimiento de la accesibilidad.