La abogacía catalana se queja porque la prueba de acceso a la abogacía no se podrá hacer en catalán

Los 900 graduados en Derecho catalanes que se presentan este año a la prueba de acceso a la abogacía, que tendrá lugar el sábado 27 de febrero en Barcelona, se encontrarán de nuevo con un examen redactado únicamente en lengua castellana. El gobierno español, de quien depende la prueba obligatoria para poder ejercer la profesión, ha desatendido la petición de la Abogacía Catalana para que el examen, tipo test, esté disponible en las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma: catalán y castellano, en el caso de Catalunya. Por este motivo, el representante de la Abogacía Catalana en la Comisión Evaluadora de la prueba del día 27 hará constar en acta una queja formal por el hecho de que la prueba sólo se pueda hacer en castellano.

El año pasado, el primero en que se descentralizó la prueba (en 2014 sólo se pudo hacer en Madrid), el Consell de l’Advocacia Catalana ya solicitó al Ministerio de Justicia que el examen estuviera disponible en las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma, petición que no fue atendida. Por ello el representante de la Abogacía Catalana en la Comisión Evaluadora de Catalunya ya presentó una queja formal del año pasado, confiando que en posteriores convocatorias el examen estuviera disponible en las dos lenguas. Este año, sin embargo, el gobierno español, ha desatendido de nuevo la petición del Consell de la Abogacía Catalana, institución que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya.

El presidente del Consell, Oriol Rusca, ha manifestado su indignación por este hecho, que demuestra “una falta de sensibilidad por parte del gobierno español hacia la lengua”. Para Rusca “la prueba debería estar disponible en las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma: catalán y castellano en el caso de Catalunya“.

Más Derecho propio catalán en el temario

En cuanto al contenido del examen, la convocatoria de este año mantiene el modelo de prueba tipo test de los años anteriores, que sólo incluía una pregunta del Derecho propio catalán. Por este motivo la Abogacía Catalana también solicita al Ministerio que el examen incluya más temas del Derecho propio de Catalunya, especialmente en los ámbitos civil y administrativo.