X Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Justicia: los abogados piden más garantías para los detenidos

Del 2 y 3 de julio tuvieron lugar en Pontevedra las X Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, promovidas por el Consejo General de la Abogacía Española y organizadas por el Colegio de Abogados de Pontevedra.

A las Jornadas acudieron cerca de 100 representantes de Colegios de Abogados de toda España. Victoria Ortega, secretaria general del Consejo de la General de la Abogacía Española, durante la inauguración del evento describió como”absolutamente convulsa” la situación actual de la Justicia por una serie de factores como la llamada ley mordaza.

Entre las conclusiones de las X Jornadas cabe destacar la conveniencia de aprobar un protocolo de actuación de los abogados a partir de las Directivas Europeas de garantías procesales penales para detenidos recogidas en las Directivas 2010/64/UE, 2012/13/UE y 2013/48/UE.

Además se insta a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -y los correspondientes de las comunidades autónomas- que asuman al menos los llamados ‘modelos indicativos’ tanto en la declaración de derechos como en el referido a la aplicación de una orden de detención europea, que están contenidos en los Anexos I y II de la Directiva 2012/13/UE.

En tanto que se transponga la Directiva de 2013, se insta a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se instrumente la efectividad de los derechos y garantías establecidos en las citadas Directivas.

Otras conclusiones destacables son la necesidad de extender a todo el territorio nacional la existencia de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJs) y, en su caso, de Comisiones Mixtas y elaborar y difundir un modelo de protocolo para la creación de las CRAJs.

PROTOCOLO DE CONFORMIDADES CON LA FISCALÍA

Sobre las relaciones con los fiscales, las conclusiones de las X Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia proponen implantar un procotolo de conformidades en todos los partidos judiciales y que se precise de un fiscal adscrito/responsable a la ejecución de este protocolo en cada Fiscalía.

Asímismo, se pide el establecimiento de garantías de confidencialidad de quien acude al mecanismo de conformidades, de tal forma que no exista reseña sobre quien se acoge o no a este protocolo.

Igualmente se advierte de la necesidad de promover una reforma legislativa que permita al imputado acogerse a una conformidad en cualquier fase del procedimiento, pudiéndosele practicar el beneficio de la reducción de un tercio de la pena prevista para los juicios rápidos del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.