Apostamos por el diálogo para no perder la fe en la Justicia

Hoy he publicado en el diario Expansión este artículo sobre el diálogo que mantenemos con el Ministerio de Justicia para intentar buscar soluciones que mejoren la Justicia:

“El diálogo permite debatir y llegar a acuerdos. El Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española acabamos de constituir una Comisión Mixta para estudiar los problemas de la Abogacía y de la Justicia y encontrar soluciones para mejorar la Justicia. Quiero ser optimista respecto a los pasos que se puedan dar en el futuro. La Abogacía ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de diálogo y la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia. Deberíamos ser capaces de proponer reformas con voluntad de permanencia en el tiempo sin sujeción a los cambios electorales y construir juntos una Justicia que aporte seguridad jurídica a ciudadanos, inversores y operadores jurídicos.

Estamos ya en la recta final de la Legislatura. Algunas reformas que se han hecho son gravemente negativas para el acceso a la Justicia o para la tutela judicial efectiva y algunas de las que están en marcha o se anuncian pueden ser también muy negativas para la Justicia y sus destinatarios, los ciudadanos. Cuando una reforma se debate y se pacta pensando en los intereses de todos, hay muchas más probabilidades de que perviva. Cuando las reformas se imponen sólo durarán lo que duren quienes aplican la ley del más fuerte.

En esa mirada al pasado, la Ley de Tasas Judiciales, en vigor desde enero de 2013, aprobada sin diálogo ni negociación, ha demostrado que tenía un objetivo recaudatorio –que ha sido un evidente fracaso sin destinar lo recaudado a la Justicia- y disuasorio (ciudadanos y pequeñas empresas han visto obstaculizado o impedido su derecho de acceso a la Justicia). El Gobierno ha desoído la impresionante presión social –con un importantísimo papel de la Abogacía institucional- política y judicial. Hay cinco recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución junto a varias cuestiones de inconstitucionalidad. Francia ha eliminado desde enero las tasas de 35 euros que se cobraban a los ciudadanos. Como dijo su ministra de Justicia, Christiane Taubira, suponían una “penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia”. En España también, pero siguen.

Se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que burocratiza en exceso este servicio público generando costes innecesarios, no respeta la labor de abogados ni de Colegios, dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia y afecta gravemente a algunas garantías constitucionales. El texto no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita e insiste en su error de vincularlo a las tasas.

Sigue sin rematarse la Ley de Acceso de 2006. La no convocatoria, todavía, del examen para la obtención del título profesional de abogado está causando un grave perjuicio a cientos de graduados en Derecho con el máster de acceso realizado y deseosos de ejercer. Desde la Abogacía Española he reclamado la convocatoria urgente de esta evaluación final.

En ciernes se encuentran leyes tan importantes para la Abogacía como el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que amenaza con la ruptura de la profesión de abogado, reduce la autonomía y las funciones de los Colegios, hipoteca su futuro con la cuantía obligatoria de unas cuotas colegiales insuficientes y cuestiona el control deontológico. Es una norma elaborada sin consenso; el debate previo con todos los afectados hubiera permitido un texto más ajustado a las necesidades sociales y habría servido para modernizar las profesiones, también la Abogacía.

Hay mucho más sobre la mesa. El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, con unos tribunales de instancia que amenazan con centralizar en las capitales de provincia los órganos judiciales en detrimento de una Justicia de proximidad; la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que traslada competencias judiciales a notarios y registradores; la Ley de Planta y Demarcación Judicial, donde se deben establecer las competencias territoriales de los tribunales.

¿Es posible abordar un cambio radical en la Justicia española sin debatir, negociar y acordar con los que conocen mejor la realidad y van a tener que aplicarlo? ¿Se puede hacer sin los medios personales o materiales que son indispensables? ¿De dónde saldrá el dinero para los traslados, la reacomodación de los viejos edificios, el cambio de jueces por fiscales instructores? ¿Cómo se va a abordar la modernización de los órganos judiciales y, sobre todo, la interoperabilidad real de todas las Administraciones Judiciales con un presupuesto de poco más de 43 millones de euros? ¿Qué va a pasar con la ya antigua ‘Nueva’ Oficina Judicial que duerme el sueño de los justos? Sin hablar de un futuro Registro Civil que sigue a la espera de decidir si se llevará por un cuerpo de funcionarios o un colectivo de profesionales o su privatización definitiva.

A pesar de todo, manifestamos nuestra confianza irreductible en el diálogo, en la negociación, en el pacto, en esta recién nacida Comisión Ministerio de Justicia-Abogacía Española. El Gobierno debe ser consciente de que la Administración de Justicia es un valor superior –no uno más- del Estado de Derecho. Todavía debería ser posible alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia con todos los sectores implicados. Los ciudadanos se merecen una Justicia ágil, eficiente, accesible y, por encima de todo, justa.

Una vez más proclamo que sin abogados no hay defensa, sin defensa no hay Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de derecho ni democracia”.