Cuando el abogado no es buen mensajero

  Por José Ramón Chaves
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Nada pone mejor a prueba la Justicia que los casos difíciles. Pero si además son casos difíciles que afectan a miles o millones de personas, como los vinculados a las medidas adoptadas en relación con el COVID-19, la prueba de resistencia se extrema.

Los abogados se enfrentan a escenarios cuajados de demasiados riesgos y con grandes dificultades para poder transmitir a sus clientes la deseable confianza y seguridad. Siempre existe incertidumbre en lo que pueden deparar las sentencias, pero en el actual contexto de litigios generados por el escenario de crisis sanitaria con repercusión socioeconómica, la incertidumbre se incrementa a elevadas cotas de sonrojo tanto de abogados como de los mismos jueces.

Por un lado, son medidas que afectan a muchos, y ese dato cuantitativo provoca que puedan darse distintas soluciones judiciales para idénticos casos. Eso acarrea el consiguiente agravio comparativo y para el perjudicado en su litigio supone la necesidad de plantear recurso para subirse al carro de los victoriosos.

Por otro lado, son medidas que cuentan con amparo directo o indirecto en decretos leyes, reglamentos o, como suele suceder, en actos generales de naturaleza híbrida (con cuerpo administrativo y alma reglamentaria) lo que plantea escenarios procesales de combate de gran complejidad. Además se produce la potencial interconexión entre los litigios que enjuician tales medidas adoptadas frente a la crisis, siendo posible el efecto-cascada de reglamentos que comportan la invalidez de sus desarrollos y actos.

En este escenario, el abogado que se enfrenta al cliente atribulado por la pérdida de su libertad, de su salud o negocio, o ante el recorte de su propiedad como ante la carga de afrontar salarios o suministros cuando los ingresos se ralentizan o en fin, por cualquier otro menoscabo, tiene que explicarle que se trata de litigios de larga duración y en varios terrenos de juego.

El cliente entiende fácilmente lo que es la vía administrativa, lo que es el pleito laboral frente a la Seguridad Social, o frente al trabajador o de éste frente al empresario. Comprende sin dificultad el recurso frente a la sanción, o un pleito civil con la compañía de seguros o el banco. Son las habituales trifulcas bilaterales y sencillas.

Sin embargo, en el contexto de la pandemia le será más difícil entender las circunstancias de los actuales litigios. Comprenderá con media sonrisa que su abogado ya no lleve toga en la vista oral, que el juez exhiba mascarilla o que se desarrolle el pleito por medios telemáticos. Pero será más difícil de explicarle que en su humilde litigio pueden atravesarse extraños fenómenos como son las cuestiones de inconstitucionalidad, la posible prejudicialidad ante el Tribunal Europeo o cuestiones de ilegalidad del reglamento en liza.

Tampoco será fácil explicarle como aquello que en primera instancia pueda concedérsele, le puede ser arrebatado por la segunda instancia. Más difícil será advertirle que, incluso agotadas en su favor todas las instancias, nunca se puede descartar que en el futuro, la mano alevosa de una Ley o un furtivo Decreto ley, pueda dejar al cliente en la casilla de salida.

Una vez explicada la complicada hoja de ruta del litigio, faltará confesarle que posiblemente su asunto quede atascado en el embotellamiento de los juzgados y salas. Allí donde se agolpan los procedimientos pendientes anteriores al estado de alarma, los generados como consecuencia de su aplicación, y los que se están planteando tras el naufragio de los estables ingresos, prestaciones y servicios públicos recibidos por gran parte de los ciudadanos.

Quizá entonces será el momento de explicarle que los demandantes se agolpan como Ñus en el Serengueti persiguiendo la estimación de sus variadas reclamaciones: salarios sociales, abonos derivados del ERTE o su aplicación, compensaciones por las pérdidas de sus negocios, indemnizaciones por la denegación, aplazamiento o torpeza de la asistencia sanitaria, condiciones laborales dignas, freno a la voracidad tributaria, expulsión de los ocupantes de sus propiedades, reequilibrio de sus condiciones de divorcio, subvenciones a los concesionarios de servicios públicos, etcétera. Todos llamando a las puertas de la Justicia, que cuenta con el mismo ejército de jueces que contaba antes de la pandemia.

Por último, como traca final, sólo resta al abogado decirle a su cliente, que esas batallas no son gratuitas. Que cuestan sus honorarios, y si se imponen las costas, quizá las del contrario.

Ante esas noticias, el atribulado cliente podrá prestar su consentimiento informado para ser defendido judicialmente en tal campo de minas procesales, pero en su fuero interno se sentirá confinado o prisionero en un kafkiano castillo.

Sin embargo, la culpa nunca será del abogado, ni tampoco del juez, pero sí podemos imputarla a los malos legisladores, al margen de ideologías y partidos. Al fin y al cabo, los legisladores tienen la última palabra sobre lo que los jueces pueden y deben aplicar como también sobre lo que los ciudadanos pueden y deben esperar. Y lo que se espera por la ciudadanía son soluciones que eviten litigios, pero si los hay, anhela que se desarrollen con celeridad, pues como decía lord Keynes… “A largo plazo, todos muertos”.

José Ramón Chaves 
Magistrado
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