¿Tienen los abogados algo que hacer en el estado de alarma?

  Por Rafael Guerra

Por supuesto que tienen. Pero, antes de nada, quiero disculparme por incumplir la promesa hecha en mi entrada anterior de tratar en ésta sobre los “informes por cuestiones”. El estado de alarma en el que nos encontramos, decretado por el Real Decreto 463/2020,  determina la oportunidad de los temas.

¿Existe –quizá se pregunte algún lector– relación entre el estado de alarma por emergencia sanitaria y la comunicación y el marketing, leitmotiv de este blog? Pues sí, existe –así lo veo yo–, al menos del lado de la comunicación, que es en el que me muevo con un poco más de soltura.

Opino que los abogados tenemos algo muy importante que hacer durante el estado de alarma, y –perdón por la petulancia– que debemos comunicarlo.

Está claro que no estamos capacitados profesionalmente para proporcionar asistencia sanitaria a los afectados por COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Pero sí lo estamos para proporcionarles –a ellos y a cuantos en general resulten afectados por el estado de alarma– asistencia jurídica.

Como letrados, tenemos una obligación que cumplir: desempeñar las funciones que la ley nos encomienda, específicamente los artículos 542.1 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y 1.1 del Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 658/2001.

Tenemos el deber de, asesorando, aconsejando, defendiendo a quienes requieran nuestros servicios profesionales,  buscar la concordia, la efectividad de los derechos fundamentales y la Justicia.  Estamos obligados a velar, con el ejercicio libre e independiente de nuestra profesión, por la salud jurídica de la sociedad. Siempre lo estamos, pero de forma especialísima en situaciones excepcionales como la actual.

Mal beneficio obtendría la sociedad conservando la salud física de sus miembros a costa de destruir el orden jurídico o de neutralizar alguno de los valores esenciales que lo sostienen.

Quizá, en el primer momento del estado de alarma, los teléfonos de nuestros despachos enmudecieron. Nadie parecía necesitar nuestros servicios. Nosotros mismos, tal vez, nos sentimos conmocionados, abrumados, paralizados por el grave peligro sanitario que acechaba a la colectividad.

Pero, a medida que el estado de alarma se prolonga y, sobre todo, cuando termine, habrá personas que se sientan injustamente afectadas en sus derechos. Y los abogados debemos sobreponernos y cumplir con nuestro deber de ofrecerles la mejor asistencia profesional de que seamos capaces, si nos la piden.

Durante el estado de alarma se están imponiendo graves restricciones de muchos derechos, algunos fundamentales, se están aplicando medidas económicas de gran calado, imponiendo sanciones,  dictando un buen número de normas. No es de extrañar que, eventualmente, se produzcan intromisiones sin justificación legal suficiente en los derechos e intereses de las personas.

Los abogados tenemos el deber de estar, también psicológicamente, preparados para que, si alguien nos pide ayuda profesional, lo cumplamos proporcionándosela. Debemos estar listos para arrostrar con valentía y generosidad los peligros que ello conlleve, como los demás profesionales hacen frente a los que les acechan en el desarrollo de su actividad por controlar la pandemia.

Ciertamente, es un peligro remoto sufrir un contagio del virus como consecuencia del ejercicio de nuestra profesión. Pero estamos expuestos a otro también preocupante: la incomprensión.

La incomprensión, más o menos explícita, nunca nos ha sido ajena. Los abogados hemos debido cargar con ella desde los orígenes de nuestra profesión. No suele entenderse que, por ejemplo, defendamos jurídicamente a personas maldecidas socialmente por sus crímenes, circunstancialmente, horrendos.

Quizá ahora se nos tache de insensibles –incluso podemos caer en la tentación de reprocharnos insensibilidad nosotros mismos– por preocuparnos de defender intereses y derechos cuando nuestros semejantes luchan por conservar la salud. Nosotros también luchamos y estamos dispuestos a sacrificarnos por preservar la salud de todos.

Pero los abogados, insisto, tenemos el deber –sagrado lo han considerado algunos– de defender jurídicamente, siempre y en toda ocasión, los derechos de quienes pidan nuestros servicios profesionales. Y debemos tener, y dejar, muy claro que, defendiéndolos, defendemos la constitución jurídica de la sociedad, que es el contexto necesario para proporcionar la mejor asistencia sanitaria.

Esto es, en mi opinión, lo que los abogados tenemos que hacer en el estado de alarma. Y hemos de aprovechar cualquier ocasión para comunicarlo, con humildad, por supuesto, pero también con convicción, con resolución y  con firmeza.

Rafael Guerra
retorabogado@gmail.com