ABADA, 2012 – 2022: causalidad y sincronicidad. 10 años de lucha organizada de la Abogacía contra el maltrato animal

Por Manuel Molina, abogado, presidente de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA); coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Baleares – ICAIB y miembro de INTERcids.

En verano de 2011, concretamente una tarde de julio, el encuentro fortuito con una perra maltratada y sus cachorros cambiaría el transcurso de la vida personal y profesional de quién suscribe, así como la de algunos compañeros de profesión.

Yo llevaba, como otras muchas personas, bastantes años rescatando, adoptando y buscándole una vida digna a numerosos animales abandonados y maltratados que (con algún empeño por mi parte) se habían ido cruzando en mi camino. De hecho, desde que, siendo niño -calculo que con 6 ó 7 años- encontré al primer gatito bebé en una caja de cartón, junto a las basuras en una acera cercana a mi domicilio, y al que, lamentablemente, no pude salvar. Para ello, ya de adulto, he colaborado siempre con distintas asociaciones protectoras; y creo poder afirmar que era “animalista” (o activista por el bienestar animal) desde bastante antes de ser consciente de ello, y, desde luego, desde mucho antes de convertirme en abogado.

Pero lo que ocurrió esa calurosa tarde de 2011 en las cercanías de una carretera secundaria de Mallorca (Baleares) fue diferente. Con el fin de salvar a esa perra y sus cachorros, maltratados y en peligro de “desaparecer” de mala manera, discutí con su dueño y maltratador, y -con la esperanza de impresionarle, porque en ese momento no se me ocurrió otra cosa- le espeté que yo pertenecía a una asociación de abogados que perseguía legalmente a los maltratadores. Y que íbamos a denunciarle.

Lo segundo -es decir, denunciarle- podría haber acabado siendo real (aunque con un resultado incierto, y, probablemente -dadas las leyes y procedimientos de los que disponíamos- sin que ello me permitiera salvar a esos animales de forma ágil y eficaz).

Pero lo primero, lo de la “asociación de abogados contra el maltrato animal”, era, simple y llanamente, una rotunda falsedad. No sólo porque yo no perteneciera a ninguna, sino porque dicha asociación ni siquiera existía.

Afortunadamente, mis palabras tuvieron el inmediato efecto deseado en el desconcertado titular de esos pobres animales, por lo que, a partir de ese momento, con la colaboración de aquel y cierta mano izquierda por mi parte, conseguí rescatarlos, llevármelos conmigo, y, un mes y medio después, encontrarles familias adoptantes fiables a todos los cachorros, una vez finalizado su necesario periodo de lactancia materna. Mi intención era encontrar también adoptante para la perra adulta. Sin embargo, nadie se interesó por ella, lo cual acabó por resultar una gran suerte para mí, porque la adopté yo, siendo ese animal, Lala -que aún vive conmigo y forma parte de mi familia-, uno de los mejores perros que he tenido: noble, inteligente, cariñosa y leal, como solo los animales que lo han pasado mal y son rescatados, especialmente de adultos, suelen serlo.

Ese episodio -y especialmente mi espontánea mentira sobre la supuesta existencia de una asociación de abogados de tales características- me dio que pensar durante esas siguientes semanas de 2011, convenciéndome cada vez más a mí mismo de que crear una entidad de ese tipo podría resultar muy útil para luchar de forma organizada y efectiva, especialmente ante los Tribunales, contra los maltratadores de animales. Me refería a una asociación formada por abogados especializados en la lucha contra el maltrato animal, sin ánimo de lucro, y cuyos miembros estuvieran dispuestos a actuar y personarse de forma inmediata como denunciantes y/o acusación (popular o particular) en procesos judiciales, o bien, como denunciantes en expedientes administrativos.

Pues bien, después de comprobar que, lamentablemente, en ese momento no existía en toda España ninguna asociación de abogados de tal índole (y digo lamentablemente, porque habría sido algo más fácil para nosotros tener algún ejemplo práctico en el que inspirarnos), un reducido grupo de abogados inicial diseñamos, de cero, unos estatutos ad hoc, y procedimos a dar de alta y registrar la primera asociación de esas características a nivel estatal -la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA)- en el año 2012; iniciando nuestra andadura ese mismo año.

(* Una andadura que ha transcurrido desde entonces de forma paralela a de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Baleares que -con el fin de llevar a cabo una actividad más institucional y formativa- también pusimos en marcha ese año; siendo dicha comisión colegial la segunda a nivel nacional, puesto que existía una ya en el ICAB).

Los comienzos de ABADA, siguiendo la tradición de toda nueva aventura, no fueron fáciles. Sin respaldo institucional, ni reconocimiento alguno como interlocutores válidos por parte de las administraciones, y casi ignorados por completo en ese momento por los medios de comunicación, los miembros de ABADA nos propusimos ponernos al día en una materia tan amplia, como incompleta y dispersa: los derechos de los animales. Y, así mismo, iniciamos inmediatamente varias líneas de actuación práctica, consistentes en campañas a nivel municipal y autonómico para mejorar el bienestar animal en dicho ámbito (información sobre colonias felinas, vigilancia de las condiciones de las perreras municipales, intento de mejora de la ley y de las ordenanzas de bienestar animal, etc.), así como las ya indicadas denuncias de casos de maltrato y personaciones en procedimientos, sobre todo, penales.

También empezamos a recibir numerosas consultas por parte de asociaciones protectoras y particulares que no disponían de un conocimiento adecuado sobre las leyes ni sobre los procedimientos a seguir ante casos de maltrato. Lo que dio lugar a un asesoramiento por nuestra parte que, con el tiempo, los mismos miembros de ABADA acabamos canalizando de forma más organizada e institucional a través de la antes citada Comisión de Derechos de los Animales del ICAIB, mediante el Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal, SOJMA (servicio gratuito que pusimos en marcha en 2018 y que, desde entonces, una serie de abogados voluntarios prestamos periódicamente y de forma desinteresada en nuestro colegio).

Después de bregarnos intensamente en numerosos procesos judiciales por delito de maltrato a animales, los años y las circunstancias nos llevaron a poder participar en casos que terminaron por adquirir cierta notoriedad a través de los medios de comunicación. Algo que buscábamos, no porque esa notoriedad nos beneficiara personalmente en nada a los miembros de ABADA (quienes -recuerdo- actuamos sin percibir remuneración alguna y sacando tiempo del trabajo del que sí vivimos, de nuestro escaso tiempo libre, así como de la dedicación a nuestras familias -gracias a la asombrosa paciencia de éstas-); sino porque estábamos convencidos, como así fue, de que sólo divulgando amplia y públicamente la terrible realidad del maltrato a animales en España, podría conseguirse un necesario cambio legal, que debería venir de la mano de una firme demanda social. Una demanda social que, a su vez, forzosamente tendría que ser precedida por un progresivo conocimiento y concienciación de los ciudadanos sobre el grave problema existente.

De entre esos casos, más conocidos y graves, en los que durante estos diez últimos años hemos ejercido la acusación a través de ABADA, destacaría los siguientes: el “Caso Sorky” (por la muerte a golpes de un caballo en el hipódromo de Manacor, como castigo por haber sido descalificado en una carrera) en el que se produjo el primer ingreso en prisión de un maltratador de animales en España, y cuya relevancia estriba en mi opinión -aunque no llegara a cumplir la pena completa- en que conseguimos que el condenado entrara en un centro penitenciario a pesar de que su pena era inferior a dos años, y de que no tenía antecedentes ni otras penas previas pendientes; el “Caso Mix” (por la muerte de un perro atado a una pared, a causa del hambre y falta de cuidados), en el que se consiguió el segundo ingreso en prisión de un maltratador de animales, teniendo -en este caso sí- penas pendientes el condenado (de hecho, en el momento de su segunda condena se encontraba ya en prisión por un delito de violencia de género); el “Caso Vida” (por el abandono de un cachorro, previamente apaleado y encerrado dentro de una bolsa, en un contenedor de basura), cuya principal dificultad estribó en conseguir vincular al denunciado/acusado, con ese acto de maltrato; el Caso de las “yeguas violadas en Alcudia” (un individuo abusó sexualmente de una yegua y de su potrilla atadas en el interior de su cuadra, procediendo además seguidamente a provocarles heridas con un objeto punzante por mero sadismo) en el que conseguimos que se condenase a maltratador como autor de un delito del art. 337 del Código Penal, no solo por maltrato físico, sino también por maltrato psíquico a un animal, como consecuencia de las secuelas de carácter emocional y psicológico que le provocó; así como otros muchos casos, realmente terribles por la crueldad del maltrato a que las víctimas fueron sometidas, algunos de los cuáles aún están sub iudice. Siendo lo más positivo de esa notoriedad pública alcanzada por dichos casos, la lógica influencia en una sociedad, a veces demasiado ignorante o “anestesiada” ante el problema del maltrato animal.

Pero seguramente lo más ilusionante de estos últimos años ha sido la paulatina creación, a partir del año 2016, de otras asociaciones de abogados constituidas por comprometidos profesionales, que vienen realizando una labor excelente en otras partes de España en esta misma materia. Me refiero (por ejemplo, y de forma no exhaustiva) a: “PROTA” y “RED CABAMA” (ambas, en Canarias); “ADAT” y “DAP” (ambas, en Catalunya); “AGMADA”, “DAMAC JURISTAS” y “AADA” (las tres, en Andalucía); y AVADA (en la Comunidad Valenciana). Habiéndose creado, así mismo, una entidad de ámbito nacional constituida por operadores jurídicos por los animales: “INTERcids”.

Porque la actividad llevada a cabo por todos esos compañeros y compañeras del resto de España, a través de sus respectivas asociaciones, está dando -gracias a su profesionalidad, esfuerzo y dedicación- muy buenos resultados; permitiendo además su existencia que en la actualidad todas estas asociaciones podamos colaborar, hombro con hombro y de forma coordinada a nivel nacional, a la hora de exigir las necesarias reformas legales, única vía que puede conducirnos a erradicar la grave lacra del maltrato animal. Habiéndonos constituido recientemente, incluso, dichas asociaciones de abogados en interlocutores firmes y legítimos ante el propio Gobierno del Estado (algo impensable hace pocos años).

Una colaboración mutua que unas veces proporciona más resultados que en otras, pero que creo que debe llenarnos de satisfacción, convencido como estoy de que la unión (y no los indeseables personalismos) es lo que hace la verdadera fuerza. Ése es el camino. Un camino al que en algunas ocasiones nos conducen los extraños avatares de la causalidad y la sincronicidad.

Gracias, Lala. Por tu involuntaria, inconsciente y pequeña influencia en el origen de ABADA. Y por formar parte de mi vida.