¿Hacia dónde vamos en Andalucía?

Manuel Gatell Villena. Coordinador de la Sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de Abogados de Málaga. 

“No es sólo comida y agua”. Con este lema, demasiado caído quizás en el tópico, se anunció el pasado 3 de agosto en el Pleno del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía la creación de una nueva Ley de Bienestar Animal para actualizar la que está vigente: la Ley 11/2003 que la mayoría mantiene que está obsoleta. Más que nada porque desde ese año tanto en la sociedad andaluza, como casi en  todo el resto de sociedades –a pesar, claro está, del ánimo de algunos en que no se avance tan rápido-, y obedeciendo a la lógica de la evolución, se ha aumentado la empatía y defensa hacia los animales.

En nuestra región hay un total de 2.445.208 animales registrados, un 1,85% más respecto al año 2019. Dentro de éstos destacan los perros (2.232.355), gatos (196.855), hurones (10.699) y otras especies como tortugas, halcones, conejos o mapaches (5.229). Con estos animales, así como con otros muchos que están sin registrar, se da también la actual y bochornosa situación del maltrato y del abandono, lo que ha impulsado a la Administración, con loable intención, a apostar por el abandono y sacrificio cero y por otros objetivos como:

• Regulación del control poblacional.
• Reforzar las medidas de identificación y registro.
• Regulación del acceso a espacios y transportes públicos.
• Establecimiento de un régimen para animales abandonados y perdidos.
• Regulación de las colonias felinas.
• La importancia de adoptar y ayudar a los refugios de protección animal.

No obstante el anuncio de esta nueva ley que, repito, responde a un loable esfuerzo de imprimirle relevancia política a la protección de los animales, –esto a priori y en teoría, ya que conocemos que la valoración de cualquier medida depende del correcto desarrollo y seguimiento de la misma- , quedaría por cuestionarse o examinar el grado de ambición que ha hecho nacer dicha ley.

Si de verdad queremos ser mejores con el mundo animal no puede faltar la verdadera ambición y voluntad de aplicar las mejoras sin perder tiempo.

Pero todo eso queda en un segundo plano: este proyecto de ley se diluye por completo cuando entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se firmó un acuerdo sobre los presupuestos para el año 2020 según el cual, como prevé su punto nº 13, se procede a fomentar la caza en las escuelas andaluzas con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza (*en adelante “FAC”). Lo dantesco de la medida hizo que no tardase en llegar un clamor desde todo tipo de entidades sociales y ciudadanas, y así fue publicado el viral manifiesto de la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (* en adelante, “AADA”) en el que se apelaba a textos tan fundamentales como el Comité de los Derechos del Niño y a la Ley Andaluza 1/1998, de 20 de abril de los Derechos y Atención al Menor; denunciando como una negligencia impertinente el hecho de fomentar la participación de menores en actividades en las que hay armas y muerte. Ante la muerte de unos seres vivos, ¿con qué garantías luego educas a los pequeños para que se esfuercen en tolerarlos y respetarlos? Y no solo muerte, desgraciadamente, de animales no humanos sino también la de humanos de todas las edades que, como bien recordaba el manifiesto, este mal llamado deporte asume en ocasiones.

No nos quedamos ahí: otras dos modalidad de caza como las rehalas y las monterías han encontrado respaldo por el Gobierno andaluz el cual, a propuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ha inscrito las mismas como Bien de Interés Cultural (“BIC”) en la categoría de Actividad de Interés Etnológico. Otro compromiso materializado con la “FAC”.

En un sentido literario estricto, y usando como termómetro las tendencias de pensamiento y actuación de la ciudadanía andaluza en los últimos tiempos, no sería admisible definir estas modalidades de caza como de “interés cultural”, huelga decir que como “bien” tampoco. El “interés” queda acotado a una representación cada vez más  minoritaria de la sociedad, que ve como forma de entretenimiento moral la influencia del hombre sobre la naturaleza y sus leyes. ¿Y qué nos queda ya por decir del término “cultural”?: ¿La cultura se impone o se consensúa? – ¿Cultura puede serlo todo? – ¿Cómo dejar de llamar a algo cultura? – ¿Quién o quiénes ponen las etiquetas de “cultura”? –  Sin ética, ¿hay cultura?.

De nuevo “AADA”, la Asociación Animalista Libera y también Intercids, ejerciendo representación y defensa de lo que en condiciones normales no sería necesario defender, han presentado alegaciones con la intención de evitar la materialización de esta medida y procurar así un definitivo modelo de coherencia en torno a la protección de los animales que no discrimine a unos y otros a la hora de legislar.

No cabe duda de que la reforma pendiente del estatuto jurídico de los animales marcará un antes y un después en la desvinculación de algunos animales con cuestiones culturales y tradicionales que les oprimen.

De necesaria reflexión explicar esta realidad que vivimos en Andalucía y explicar por qué hemos llegado a tener sobre la mesa medidas como las arriba expuestas, cuando en otras comunidades sería prácticamente imposible; y al tiempo que, sin complejo alguno, se anuncian nuevas leyes de protección animal.

Se podría invocar la conocida figura jurídica de la “Doctrina de Actos Propios” frente a quienes nos gobiernan pero lo cierto y verdad es que estamos instalados en la incertidumbre y en el desconcierto.

¿Hacia dónde vamos en Andalucía? No vamos.