La Ley de Bienestar Animal, en suspenso: sin reglamentos, sin aplicación efectiva

Por Sònia Carbó Serra, miembro de la Comisión de protección de los animales del Colegio de la Abogacía de Girona.

Ese gran avance que parecía ser La Ley de Bienestar Animal está resultando escasamente eficaz, dado que aún no se está aplicando de manera efectiva debido a la falta de desarrollo normativo.

A pesar de que la Ley 7/2023 de 28 de marzo, que busca proteger los derechos y el bienestar de los animales, fue aprobada con el objetivo de mejorar la protección animal en España, su implementación está limitada por la ausencia de reglamentos detallados y sin dicha regulación específica no se puede llevar a cabo la ley en su totalidad.

Uno de los principales problemas de la ley es que no existen protocolos ni medidas reglamentarias que posibiliten su aplicación practica. Muchas de las disposiciones se encuentran paralizadas, ya que sin el reglamento que debe publicarse mediante un real decreto, no pueden ser ejecutadas por las autoridades competentes. En concreto, el real decreto de reglamento de desarrollo de la ley de bienestar animal y los reales decretos específicos sobre el listado positivo de animales permitidos como especies de compañía o el de los perros de asistencia que utilizan personas con discapacidad.

Entre las áreas que aún necesitan ser reguladas está el curso de formación para la tenencia responsable, que será obligatorio para los nuevos propietarios de animales de compañía. Aunque se contempla que sea gratuito y en formato online, aún no se sabe cómo ni cuándo se implementará. Se confirmó que no se exigirá a los tutores y familias actuales, sino a los nuevos guías/propietarios y entrará en vigor seis meses después de su publicación en el BOE.

Según el borrador del real decreto, dicho curso de formación habría de estar certificado por una autoridad competente y no tendrían que hacerlo ni los veterinarios ni los profesionales del comportamiento animal.

Además, la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de perros sigue sin definirse en las comunidades donde antes no era requerido. Se había anunciado que este seguro tendría una cobertura mínima de 100.000 euros y que habría un plazo de seis meses desde la publicación del reglamento para su implementación, pero no ha habido avances.

Otra de las principales carencias es la ausencia de sistemas de registro para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal. Sin estos registros, resulta complicado controlar la cría ilegal de perros y gatos, lo que contribuye a las altas tasas de abandono. Además, la clasificación de criadores en distintas categorías y la regulación de la reproducción de animales de compañía siguen sin definirse. También están pendientes los protocolos de actuación para intervenir en casos de animales en riesgo. Procedimientos como el rescate de animales abandonados o en situaciones peligrosas (por ejemplo, encerrados en vehículos en condiciones extremas) carecen de un marco normativo claro para que las autoridades puedan actuar de forma legalmente segura.

Asimismo, se plantean registros de forma centralizada para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, con la propuesta de que todas estas figuras sean gestionadas por las comunidades autónomas, para luchar contra el intrusismo profesional.

El retraso en la publicación del reglamento ha generado frustración entre los profesionales del sector y las entidades protectoras de animales. Mientras no se publique el desarrollo normativo, la ley permanece incompleta y no puede ser aplicada de manera efectiva. Aunque se espera que el reglamento se apruebe hacia finales de 2025, la falta de un borrador hace que muchos no piensen que su implementación podría aplicarse hasta 2026 o 2027.

Mientras tanto, la protección real de los animales continúa pendiente, SIN MECANISMOS de ejecución, dejando en un vacío legal muchas de las medidas que deberían haberse implementado con la aprobación de la ley. La necesidad de agilizar los procesos normativos es, por tanto, una prioridad para asegurar el bienestar animal en España.