Necesidad de un plan nacional de evacuación de animales en situaciones de emergencia

Amparo Requena Marqués. Presidenta de la Sección de Derecho Animal del ICAV. Miembro de INTERcids. Miembro de CoPPA, Especialista en derecho animal y jurisdicción de menores. Presidenta de AVADA ( asociación valenciana de abogados especialistas en D. Animal ) y Presidenta de la asociación protectora de animales MODEPRAN.

 “Hemos sacado los animales de su entorno, los hemos domesticado, explotado, utilizado….es nuestro deber protegerlos de cualquier forma de sufrimiento y proteger sus vidas”.

La necesidad de escribir este artículo vino motivada por un terrible vídeo al que tuve acceso por redes el pasado mes de abril y que no me he podido quitar de la cabeza, en el que unos cerdos encerrados en una granja, ante las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro, nadaban desesperadamente acompañado de gritos de pánico intentando no morir ahogados en un intento desesperado de salvar su vida. Este vídeo consiguió que más de cien compañeros, abogados especialistas en Derecho Animal de Colegios de Abogados de todo territorio español nos movilizáramos, y acabáramos firmando una denuncia conjunta ante la inactividad de la administración para salvar la vida de esos pobres animales, además de realizar innumerables llamadas al Seprona para que se actuara de manera inmediata al ser conocedores de que llevaban varios días en esas terribles condiciones.

Desgraciadamente, pese a que se consiguió la asistencia, la mayoría de los pocos que salvaron su vida, murieron por complicaciones posteriores a consecuencia de la inundación y sólo algunos fueron sacados a delante con muchísimo esfuerzo por algún santuario de animales (ver noticia).

Además tuve la oportunidad, ante la falta de cualquier plan de actuación oficial, de sumarme a un grupo de voluntarios que se organizó  para asistir a los animales víctimas de los incendios que este verano arrasaron varias comarcas de la zona de Gandía ( Valencia ); ante aquel terrible suceso, pudimos comprobar que  no había posibilidad de acceso a zonas de viviendas donde se habían quedado animales y la incertidumbre de si seguían con vida, necesitaban ayuda o estaban heridos.

Vivimos en un país en el que cada vez con mayor frecuencia se están dando más episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y grandes incendios provocados por fenómenos naturales o por la mano humana, con efectos devastadores, que se cobran vidas humanas, incalculables pérdidas económicas y que a su vez se llevan por delante innumerables vidas de animales, que sin protocolos de actuación no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir ante estos terribles hechos. Catástrofes que se producen anualmente con mayor o menor intensidad, pero que provocan situaciones de emergencia, ante las que hay que plantear la necesidad de que por parte de la Administración se creen planes de evacuación de animales, tanto previos a la catástrofe, como una vez producida; planes que evitarían situaciones de riesgo añadidas y salvarían muchas vidas  humanas y no humanas. Estos planes o protocolos ya existen en  países como EEUU, Canadá o  Argentina entre otros.

Todos tenemos muy presentes las recientes inundaciones del pasado mes de octubre en Palma de Mallorca, Comunidad Valenciana o Cataluña entre otros, o los también recientes y devastadores incendios de Castellón, Galicia, Andalucía… en el que además de las terribles pérdidas de vidas humanas ha habido innumerables  muertes de animales (salvajes, de granja, de compañía, de explotaciones…) (Ver noticia en El Periódico Mediterráneo y noticia en Levante).

Un dato ineludible es que el 46% de los hogares españoles conviven con algún animal, muchos considerados un miembros más de la familia y, en la mayoría de los casos, en la actualidad, ante un plan de evacuación, no está previsto que pueda evacuarse al animal. Esto provoca que muchas personas no quieran abandonar el domicilio o decidan evacuarse ellos mismos sin contar con los servicios de emergencia, lo que añade un mayor descontrol a unas situaciones ya en sí muy complicadas (por ejemplo: familias de Seseña (Toledo) ponían de manifiesto que en los autobuses de evacuación por el incendio contaminante del almacén de neumáticos (mayo 2016) no se contemplaba la evacuación de sus perros o gatos, por lo que optaron por irse por su cuenta).

Numerosos estudios demuestran que la mayoría de las personas que conviven con animales, se niegan a abandonar la zona afectada por el desastre y dejar a los animales abandonados a su suerte ante la falta de centros de acogida que admitan a los animales, o si ya han sido evacuados, se salten cercos de seguridad para volver a rescatarlos, hecho que aumenta el riesgo para sus vidas y para los equipos de rescate.

Generalmente, en casos de fenómenos climatológicos adversos, los servicios meteorología pueden predecir con bastante antelación la llegada de lluvias torrenciales localizadas en determinadas zonas (situaciones de “gota fría”, dana, tornados…) para que la población esté prevenida y se tomen las medidas necesarias para minimizar riesgos. Estas alertas vienen siendo anunciadas en los medios de comunicación y la población puede tomar medidas al respecto. En estos casos, es exigible a los responsables de animales a su cargo que tomen todas las medidas necesarias para poner a salvo a esos animales, absolutamente dependientes y que no tienen ninguna posibilidad de supervivencia sin la ayuda del ser humano. Por tanto, en casos de alertas de lluvias torrenciales difundidas entre la población afectada, ante la inactividad de los responsables legales de los animales, que no los han puesto a salvo, tendríamos que empezar a plantear la posibilidad de presentar denuncias en vía penal por un delito de maltrato animal por omisión del deber de cuidado (Art 337 del CP:  “…el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud…”), como sería el caso de perros en polígonos industriales, muchos de ellos atados, o en chalets, donde, a sabiendas del resultado, no se ha evitado la situación que ha llevado a la muerte con un sufrimiento añadido como es el ahogamiento. Hechos perfectamente equiparables al abandono de animales en viviendas cerradas donde acaban muriendo de inanición y que cuentan con numerosa jurisprudencia que sin ninguna duda aplica el delito de maltrato por omisión.

Igualmente debería ser aplicable el delito de maltrato animal a los responsables de explotaciones ganaderas que, en estas mismas circunstancias de preaviso de posibles inundaciones, dejen morir a los animales en aras de poder cobrar los seguros que les indemniza por cada cabeza de ganado muerto. En estos supuestos, y más teniendo en cuenta que está prevista la reforma del Código Civil para cambiar la concepción jurídica de los animales, que dejarán de considerarse “bienes muebles” para ser considerados” seres vivos dotados de sensibilidad”, las aseguradoras deberían impedir que pudieran cobrarse estas indemnizaciones como meras pérdidas económicas a las que recurren algunos ganaderos sin escrúpulos.

Exigible un añadido a la Administración, para inste a las explotaciones ganaderas instaladas en zonas inundables, al traslado de las mismas a otras zonas seguras y no sea una situación que se repite constantemente como ocurre, por citar un ejemplo, en caso de explotaciones cercanas al río Ebro en Zaragoza, donde ya murieron más de 10.000 animales de granja en las inundaciones por la crecida del río en el año 2015, este año se ha vuelto a repetir y si no se reubican esas instalaciones, la lamentable historia se repetirá año tras año (Ver noticia en Público, noticia en La Vanguardia y noticia en 20 Minutos).

Caso similar es otra muy frecuente situación de emergencia en nuestro país, los grandes incendios que devastan nuestros bosques y que irremediablemente llegan en muchos casos a zonas habitadas, residenciales o rurales, donde también llegan a arrasar explotaciones ganaderas, no sin olvidarnos de los miles de animales salvajes que mueren calcinados. Sirva a modo de ejemplo las dramáticas cifras que proporcionó la Sociedad Gallega de Historia Natural sobre el incendio que asoló el año pasado  35.000 hectáreas y en el que se calcula que murieron alrededor de 177.000 conejos, 35.000 erizos, 1.000 comadrejas o 7 millones de lagartijas, entre otros muchos animales (ver noticia en El Faro de Vigo y noticia en Eldiario.es).

Ante este desolador panorama de pérdidas de vidas no humanas, tenemos que tener en cuenta otros problemas asociados que se producen una vez ha pasado el riesgo, como sería el problema de salud pública que pueden ocasionar los cadáveres de esos miles de animales, parásitos o posibles ataques de animales asustados, situaciones que requieren una inmediata intervención de las autoridades y que no siempre es posible por las circunstancias en que se encuentran las zonas devastadas; además un gasto elevadísimo de recursos que podrían evitarse.

PLANES O PROYECTOS DE EVACUACIÓN

Todo lo anteriormente expuesto podría minimizarse al máximo si la Administración elaborara un plan nacional de evacuación de animales en casos de emergencia, como ya han realizado muchos países con muy buenos resultados. Bien es cierto que no es una tarea sencilla, que requiere un profundo estudio de las diferentes situaciones y que habría que protocolarizar diferentes planes para los diferentes tipos de animales (de compañía, de granja, de explotaciones ganaderas, salvajes…), pero a grandes rasgos  habría algunos puntos a tener en cuenta:

• Participación de profesionales veterinarios formados en emergencias veterinarias para estos casos concretos, acompañados por bomberos, Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil y Agentes Medioambientales. Planes que coordinaran a todos estos agentes unidos a un voluntariado igualmente formado para situaciones de emergencia (que puedan realmente ayudar, y no entorpecer las labores de rescate, como ocurre muchas veces en la actualidad por falta de formación y coordinación).
• Crear una red de refugios de asociaciones o residencias conectados entre sí que estuvieran preparados para acoger a animales de compañía y que tuvieran registrado donde se encuentra cada animal para que las familias puedan recuperarlos.
• Crear albergues de acogida de personas evacuadas en las que esté permitido acudir con los animales.
• Crear  zonas con vallado móvil de emergencia para animales domesticados y de granja para poder dirigirlos hacia esas zonas seguras cuando vayan siendo evacuados, con alimento previsto para los mismos. En última instancia, y si no hay otra opción, abrir las granjas y explotaciones en caso de una catástrofe inminente para que los animales puedan escapar y no morir ahogados, asfixiados, etc. por estar encerrados, enjaulados o sin ninguna posibilidad de escape.
• Establecer una normativa para bajar al ganado de los montes en caso de previsión de grandes temporales de nieve, grandes heladas o largas sequías.
• Contad con una red de clínicas y hospitales veterinarios adscritos al plan de emergencia donde poder llevar animales heridos y dotarlas de personal e instrumental de emergencia.

En resumidas cuentas, un plan de emergencias regulado para poder utilizarlo en casos de necesidad y que además de salvar innumerables vidas, supondrían un gran ahorro de recursos humanos y económicos a nuestras administraciones.

Muy importante sería instar a las administración para que exija a cualquier establecimiento que albergue animales, sea cual sea su finalidad (refugios, residencias, granjas, explotaciones, zoológicos…) tengan elaborados planes propios de evacuación de los animales que alberga, siendo requisito imprescindible para poder obtener la licencia de actividad.

Esta necesidad de establecer protocolos de evacuación tuvo su empujón principal en EEUU tras el desastre provocado por el huracán Katrina, que activó las alarmas de las consecuencias que tuvo el no haber evacuado a los animales y que motivó los estudios que se han realizado al respecto.

Sirvan las siguientes cifras a tener en cuenta:

• En el huracán Katrina murieron 1.836 personas.
• El 44% de las personas que se negaron a evacuar la zona de peligro lo hicieron, exclusivamente o en parte, porque no querían dejar atrás a sus animales.
• El 80% de quienes conviven con un animal en su familia se pondrían en riesgo para salvar la vida de los animales.
• 5.000 voluntarios participaron en el rescate de 1.500 animales domésticos. Sólo 2.300 se reunieron con sus familias.
• Cerca de 70.000 fueron dejados atrás y casi todos murieron.

Nuestro país con una población cada vez más concienciada en el respeto hacia los animales y con los avances que estamos consiguiendo en materia de protección animal, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante estos desastres naturales en los que por falta de protocolos establecidos se producen miles de muertes de animales siendo, en su mayoría, evitables. Sea cual sea la situación del animal, son seres vivos, son vidas a salvar y cuya protección ya está recogida ampliamente por nuestra legislación

(Datos proporcionados por CoPPA – Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos)