Perpetuar la caza a toda costa

Manuel Gatell Villena. Miembro y ex coordinador de la Sección de Derecho y Bienestar Animal del Colegio de Abogados de Málaga.

Para introducirnos en el asunto, y centrándonos en nuestra tierra, nos encontramos sólo por detrás de Castilla-La Mancha en el número de granjas dedicadas a la cría y explotación de especies cinegéticas de caza menor, por las 57 de Castilla- La Mancha, Andalucía cuenta con 42. Si cambiamos al terreno de la caza mayor, nos colocamos los primeros, siguiéndonos (ahora a la inversa) Castilla La Mancha, y también Extremadura. Como pronto es relevante, más adelante lo expondremos, el mayor volumen de estas instalaciones en comparación con las de caza menor; en Andalucía el total de granjas para la caza mayor asciende a 100, según publican los datos oficiales. Recordamos que las de caza menor eran 42.

Y todo esto respecto a las granjas “legalizadas”, lo que significa que la auténtica realidad es otra desgraciadamente. Por ello, el oscurantismo que envuelve este negocio es verdaderamente preocupante, auspiciado por unos intereses económicos fuera de todo debate, que comportan, como ya estamos comprobando, un daño severo al medioambiente. Citando a nuestro compañero David Sánchez, de la Asociación AGMADA (Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales): “Hay un desfase entre las granjas legalizadas y la realidad”, el incremento de estos criaderos ha sido de un 700% en los últimos tiempos y, sumado a lo anterior, la situación adolece de una falta de personal cualificado para efectuar los seguimientos que son preceptivos. También se avisa que es conveniente llevar a cabo estudios genéticos con carácter previo a las sueltas de animales y, de esta manera, no seguir incidiendo en las “virtudes” de esta práctica bajo el pretexto de repoblar nuestros campos, cuando todos nosotros asistimos a la demostración evidente de que no podemos considerarlo una solución por el cortoplacismo de sus resultados.

De conformidad con la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Administraciones están obligadas a velar que las sueltas y repoblaciones con especies cinegéticas no supongan una amenaza para la conservación de estas u otras especies en términos genéticos o poblacionales. Pese a ello, el problema ya se ha expandido acarreando importantes desequilibrios medioambientales; partiendo de la circunstancia de que por sí solo el aumento de las granjas cinegéticas es una señal de alerta en cuanto a que estas medidas no han cumplido con ninguno de los objetivos principales, quedando destapadas, y vulnerables, la conservación y la salvaguarda de las biodiversidades. Y dentro de todo esto, ¿en qué medida se afecta a la flora? Porque el suelo y la vegetación no siempre son los más idóneos para algunas especies que se sueltan. Por tanto, si también se degrada de forma anómala la flora, se acelera peligrosamente ese menoscabo a la biodiversidad.

Se podría barajar la posibilidad, como propone la Plataforma NAC, de establecer mecanismos a fin de diferenciar las especies sueltas criadas en granja y las silvestres. Las especies criadas en granja, de momento, propician tres escenarios con carácter general que han sido contrastados:

• Puede suceder que estas especies se conviertan en presas fáciles al carecer de aprendizaje natural para la supervivencia en el medio. Según los expertos, el tiempo ideal para que un animal de estas características se integre en el ecosistema serían aproximadamente doce meses. Implica a su vez un aumento en el riesgo de la producción de accidentes de tráfico debido a que la escasez de recursos para todos los animales, y que están suficientemente acostumbrados a la presencia de humanos, puede provocar que se acerquen a las carreteras o a algunas poblaciones en busca de alimento.
• Igualmente, algunas especies pueden llegar a integrarse en el ecosistema y convertirse en invasoras causando daños a especies autóctonas, desplazándolas, alterando sus hábitats o propagándoles enfermedades. Como dato histórico, en Canarias en la década de los 70 la suelta de muflones y arruís en los Parques nacionales del Teide y de la Caldera de Taburiente supuso un grave problema en la flora de estos parques.
• Ha de tenerse presente que la práctica de la caza es catalogada por su sector como un “recurso natural renovable”, y sin embargo, con esta tendencia actual, la naturalidad ha dejado paso a la artificialización y a la producción intensiva, evitando cualquier posibilidad de que el medio se regenere por sí mismo, dejando de asegurar la presencia de depredadores naturales, asumiendo que definitivamente la situación es irreversible y que pasa a estar terminantemente prohibido dejar morir esta infraestructura creada hace mucho tiempo.

En este sentido, en el año 2021, el partido PACMA presentó ante la Secretaría General de Agricultura y Alimentación (adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) una solicitud para que tuviese carácter público el acceso al registro oficial nacional de las explotaciones registradas y clasificadas como “ganaderas de producción y reproducción”, relacionadas con actividades cinegéticas. Aunque el acceso a estos datos tendría que ser obligatorio, como en el caso de cualquier otra explotación ganadera, no se ofreció ninguna respuesta a tal solicitud. Ahora bien, si consultamos los últimos números ofrecidos por el Gobierno, en todo el país hemos asistido también a un crecimiento exponencial de las granjas para caza mayor, se habla de que este crecimiento se ha traducido en un 39,7 % más de explotaciones en los últimos 9 años. Muflones, gamos, corzos, jabalíes…cobrarse la caza de estas especies puede alcanzar hoy los 3.500 €. Matar un conejo (caza menor) pueden ser unos 200 €. Huelga sacar conclusiones aquí.

Hay que reflexionar seriamente cuáles son los verdaderos beneficios de colocar en nuestros campos animales provenientes de estas granjas. ¿Por qué se ha convertido en algo rutinario en lo que a la gestión y conservación del medio se refiere? ¿Por qué no acudir a estas granjas solamente en los casos de urgencia y garantizando tanto los estudios necesarios como los posteriores trabajos de seguimiento?

No podemos seguir aceptando como argumento que la instalación de cotos donde practicar la caza, con animales muchos de ellos provenientes de granjas, supone, insignificantes consideraciones aparte, un impulso económico y social de las zonas rurales.  Las soluciones del problema de despoblación del mundo rural no pasan solamente por crear un reclamo de las prácticas cinegéticas y de las actividades “recreativas” que van de la mano (torneos, monterías, exposición de animales abatidos…). El mundo rural engloba muchos más sectores independientes al de la caza, un heterogéneo grupo, y también amplio, que ha trabajado y que sigue trabajando duramente para disfrutar de la prosperidad que tanto merecen. No es ético presuponer que es tal la correlación entre la caza y la sostenibilidad de todo el mundo rural.

Y el aviso lo está poniendo el propio gremio de cazadores: reconocen que es el exceso de demanda lo que ha provocado la multitud descontrolada de este tipo de granjas, las legales y las ilegales, con los graves riesgos que van aparejados y que hemos tratado de advertir, analizar y comentar en esta entrada de Blog. Sin duda, aquí el dinero también corrompe. No bajen ustedes la guardia con la “caza enlatada”.