Los abogados de oficio y los consumidores y usuarios

  Por Fernando Sánchez Pérez
Los consumidores y usuarios son una parte importante de la sociedad, ya que utilizan productos y servicios que son esenciales para su vida diaria. Sin embargo, a veces pueden encontrarse en situaciones en las que necesitan los servicios de un abogado, pero no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios correspondientes. En este sentido, los abogados de oficio tienen un papel clave, ya que brindan asistencia legal gratuita a aquellos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

¿Quiénes son los consumidores y usuarios?

Los consumidores y usuarios son todas aquellas personas que adquieren productos o servicios con el fin de satisfacer sus necesidades personales o profesionales. Esto incluye, por ejemplo, la compra de alimentos, ropa, electrodomésticos, servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, etc. Además, los consumidores y usuarios tienen una serie de derechos y deberes establecidos por la legislación nacional y comunitaria.

¿Quiénes son los abogados de oficio?

Los abogados de oficio son aquellos profesionales del derecho que brindan asesoramiento y representación legal gratuita a aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Por lo general, este servicio está dirigido a personas que no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado privado. Además, los abogados de oficio pueden ser asignados por el estado para representar a personas que están involucradas en un proceso penal y que no tienen un abogado particular.

¿Cuál es el papel de los abogados de oficio en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios?

Los abogados de oficio juegan un papel clave en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, ya que estos pueden encontrarse en situaciones en las que sus derechos son vulnerados por proveedores de productos o servicios. En este sentido, los abogados de oficio pueden brindar asesoramiento legal y representación en casos como reclamaciones por productos defectuosos, incumplimiento de contratos, publicidad engañosa, entre otros. Además, los abogados de oficio pueden participar en la defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, como en el caso de acciones colectivas.

Para acceder a este servicio, los consumidores deben cumplir una serie de requisitos que podemos resumir en los siguientes:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos sus conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

2 veces el indicador público de renta de efectos múltiples o IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar (para 2023: 14.400 euros).

2,5 veces el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de 4 miembros (para 2023: 18.000 euros).

3 veces el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares integradas por 4 o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente (para 2023: 21.600 euros).

No obstante, debemos citar excepciones como la del Artículo 2, c2º, h):

“Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos”.

Pero imaginemos que un consumidor tiene un percance en el exterior de España, pues bien, en ese caso también tiene reconocido este derecho de asistencia jurídica, concretamente en:

• l Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Su artículo 6, apartado 3, letra c), garantiza el derecho del acusado a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio si no tiene medios para pagarlo, cuando los intereses de la justicia lo exijan.
• la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Su artículo 47 establece que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, siempre y cuando sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

En conclusión, los consumidores y usuarios tienen una serie de derechos y deberes que deben ser protegidos por el sistema legal. Los abogados de oficio son una herramienta fundamental para asegurar que aquellos que no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado particular tengan acceso a la justicia.

FERNANDO SÁNCHEZ PÉREZ
Twitter: @FerSanchezPerez