¿Dónde se encuentran los abogados críticos con el poder político?

18 de septiembre de 2023
Por Elen Irazabal

A lo largo de mis cinco años estudiando Derecho, reconozco que gran parte de lo aprendido se ha difuminado en mi memoria. Si me cuestionaran sobre temas específicos, como el derecho administrativo o canónico, probablemente me encontraría en aprietos. Sin embargo, hay un principio que ha permanecido imborrable desde mi primer año: la limitación al poder político y la separación de poderes.

Al estudiar la democracia y considerar la constitución como la norma suprema, la separación de poderes emerge como un pilar fundamental. Esta no solo limita el poder político, sino que también garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

Siempre he sostenido la idea de que el abogado no solo es un conocedor y aplicador de la ley, sino también un guardián de la justicia, un puente entre el ciudadano y el sistema legal. Su rol trasciende la mera aplicación de normas, es esencial para garantizar que se respeten los derechos y libertades de las personas, especialmente cuando se enfrentan a un poder estatal que puede actuar de manera desmedida o arbitraria. Es decir, los abogados nos encontramos en un lugar donde podemos exigir la rendición de cuentas al legislador.

En España, la profesión legal es amplia, pero es raro encontrar abogados con una perspectiva crítica hacia las acciones del Estado. Esta tendencia es particularmente evidente en el ámbito tecnológico. Ante situaciones percibidas como injustas, la respuesta común es solicitar más legislación, lo que implica una mayor intervención estatal. Incluso, se defienden normativas ineficientes basándose en las “buenas intenciones” de los legisladores.

En el sector tecnológico, es común escuchar que las grandes empresas tecnológicas, debido a la falta de regulación en áreas como la Inteligencia Artificial, violan los derechos de los ciudadanos. Esta percepción refuerza la demanda de más legislación. Sin embargo, al buscar un equilibrio entre las acciones empresariales y los derechos ciudadanos, corremos el riesgo de abogar por un Estado más intervencionista. Si bien en teoría podría resolver problemas, en la práctica podría generar más burocracia y limitar la autonomía individual.

No siempre la solución es más legislación, sino legislación más efectiva. Así como se critica a las empresas por sus errores y se demanda regulación, deberíamos aplicar el mismo escrutinio al poder político. ¿No está el parlamento también formado por seres humanos propensos al error? Si las empresas son juzgadas por su afán de lucro, ¿por qué no se evalúa a los políticos por su deseo de poder?

Expansión se hacía eco de este estudio realizado por Mora – Sanguinetti en el año 2019: “Cada año se aprueban en España 12.000 normas legislativas”. Y añadía: “Mora-Sanguinetti apunta que la complejidad en la producción normativa ya está generando costes económicos ya sean directos o indirectos ‘como, por ejemplo: una reducción en el crecimiento del PIB real a través de un impacto negativo de la productividad total, lo que también podría incidir negativamente en la economía a través de un aumento ineficiente del sector público’” 1.

Los abogados tienden a ignorar los efectos económicos de las regulaciones. Esto puede deberse a que su enfoque principal está en la legalidad y justicia de las normas, y no necesariamente en sus implicaciones económicas. Sin embargo, es esencial que los profesionales del derecho también consideren estos aspectos, ya que las decisiones legislativas y regulatorias tienen un impacto directo en la economía y el bienestar de la sociedad.

Tampoco sé hasta qué punto hay incentivos perversos por parte del sector de la abogacía de que existan cada vez más normas: cuantas más haya, más trabajo para los abogados. Por ejemplo, las empresas que buscan adaptarse a las nuevas regulaciones o que enfrentan dificultades económicas podrían contratar abogados para obtener asesoramiento sobre cómo manejar despidos, reestructuraciones o incluso procesos de quiebra.

En lugar de actuar como contrapesos al poder estatal y defender la autonomía individual, algunos profesionales del derecho parecen favorecer una mayor intervención estatal, a menudo en detrimento de las libertades individuales. En el caso de la Inteligencia Artificial, podemos caer en el mismo error de siempre: primar regulaciones rígidas y poco flexibles que impidan la generación de riqueza e innovación a través de nuevas startups y modelos de negocio.

[1] https://www.expansion.com/economia/2019/08/06/5d488dd6e5fdeacc7d8b45f9.html