El voto electrónico como herramienta de la e-democracia

«Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua».

Kofi Annan, discurso inaugural de la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra, 2003).

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Con los hechos acontecidos últimamente (casos de corrupción, crisis económica que conllevan a políticas de recortes de servicios básicos para el ciudadano etc.) la función pública está entredicha y el ciudadano es cada vez más escéptico en la labor que llevan a cabo sus representantes. Las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, las TIC) han resultado ser herramientas necesarias para los diferentes movimientos sociales, tanto a nivel nacional como internacional, para dar a conocer opiniones, a favor o en contra, incluso organizar acciones contra políticas dictadas por los gobiernos que los representan. Es incuestionable que las TIC son herramientas que influyen en los procesos de participación, tanto en la difusión de información, conocimiento y consultas. Y, claro está, que también son un instrumento para expresar su preferencia ante una opción, como elemento de la democracia representativa y participativa.

 Nuestro ordenamiento jurídico dispone de una regulación^[1] que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las TIC en la actividad administrativa, en las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas.

El voto electrónico es una herramienta que facilita a los ciudadanos expresar su preferencia ante una opción a través de medios electrónicos, la cual tenemos muy limitada al derecho de sufragio. ¿Por qué no dotar al ciudadano a participar de forma directa a través de consultas? ¿Por qué no poner a disposición de los ciudadanos la posibilidad de expresar su opinión sobre una determinada actividad administrativa o política pública?

Ahora bien, dentro de los numerosos procesos de elección llevados a cabo por medio de sistemas de votación electrónica, tanto presenciales y remotos, en gran cantidad de países (Estonia, EEUU, Suiza, Brasil, Austria, Francia, India, Reino Unido, etc.), el voto electrónico presenta una serie de ventajas, pero también conlleva ciertas desventajas que deben sopesarse a la hora de implantar su uso:

Pero,  ¿qué requisitos deben tenerse en cuenta para llevar a cabo la implantación del voto electrónico?

El voto electrónico debe someterse a los principios constitucionales que establece la Constitución española^[9]. El voto debe ser universal, libre, igual, directo y secreto. Además, debe componerse de ciertos criterios técnicos –autenticidad, privacidad, igualdad, integridad del proceso de votación y del voto, verificabilidad, auditabilidad, facilidad de uso, código abierto, control, de accesos y telecomunicaciones- que garanticen el servicio y los requisitos legales que compone el voto. Puesto que los riesgos que conciernen a la seguridad en el voto electrónico es el elemento clave para generar confianza en los votantes en su uso y funcionamiento, es muy importante que el sistema implantado integre los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad en todas las fases del proceso de votación.

En definitiva, la introducción del voto electrónico no debe limitarse al voto electoral, se requiere ir más allá, pues es necesario promover su utilización en todo tipo de decisiones ordinarias en las que el ciudadano tenga algo que expresar, es decir, introducir la votación electrónica dentro de consultas que impliquen una serie de consecuencias para el ciudadano. Utilizando este medio de manera cotidiana el ciudadano puede familiarizarse con este sistema de votación.

Asimismo, debe preverse una regulación legal que vaya acorde a la evolución tecnológica que afecta tanto a ciudadanos como a la propia Administración Pública, incluso a la operativa y organización de la Administración Pública porque está claro que la evolución tecnológica dentro de la Administración debe ir acompañada de un proceso offline, el cual necesita estar regulado a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos así como optimizar la labor y el servicio proporcionados por parte de la Administración.

Erika Montalván Calderón

Abogada especializada en Nuevas Tecnologías

   @emontcal