La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales

Por Moisés Barrio
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La Unión Europea ha dado un paso más en el camino de elevar a rango constitucional el Derecho digital europeo. Con fecha 15 de diciembre de 2022, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión adoptaron la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, cuyo borrador fue presentado por la Comisión Europea el 26 de enero de 2022.

La Declaración expresa el compromiso de la Unión Europea con una transformación digital protegida, segura y sostenible que sitúe a las personas en el centro, en consonancia con los valores y los derechos fundamentales de la UE. Para ello, respalda la solidaridad y la integración mediante la conectividad, la educación, la formación y las capacidades digitales, unas condiciones de trabajo justas y equitativas, así como el acceso a los servicios públicos digitales en línea.

Del mismo modo, fomenta la solidaridad y la inclusión, la libertad de elección, la participación en el espacio público digital, la seguridad, la protección y el empoderamiento digital, así como la sostenibilidad. Su objetivo es también subrayar que los derechos y libertades deben respetarse tanto en línea como fuera de ella. Este punto parece ir encaminado a romper la brecha entre el mundo online y el offline, reconociendo así la convergencia regulatoria de ambos mundos.

Aunque la Declaración no es una norma jurídica, a mi juicio supone algo más que una mera intención política. Aunque este documento podría considerarse simplemente como una expresión de los valores que la UE quiere proteger en la era digital, la Declaración forma parte de un panorama constitucional más amplio. Es una manifestación de la consolidación del constitucionalismo digital, subrayando así que el futuro digital de la UE se apoya en un programa digital presidido por los valores constitucionales europeos, que recientemente ha sido concretado en la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030.

Por ello, la Declaración considera los valores europeos como el faro del camino hacia la década digital. La Declaración sirve de referencia a los responsables de la formulación de políticas públicas para definir un enfoque sostenible que proteja los derechos y los valores democráticos en la era digital. Además, y aún más importante, la Declaración también refuerza el papel primordial de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en la era digital. A mi juicio, la Declaración brinda nuevos elementos esenciales para interpretar su delicado papel a la hora de impulsar la innovación a través de las libertades fundamentales, protegiendo al mismo tiempo los derechos y los valores democráticos.

Además, no puede descartarse que los tribunales, en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se remitan a este instrumento como fuente creativa de interpretación constitucional de la Carta, teniendo en cuenta también el activismo judicial mostrado por el TJUE en estos años. En otras palabras, este documento podría proporcionar un útil instrumento interpretativo para encontrar una interpretación común de los numerosos instrumentos legislativos que la UE está tramitando para abordar los retos digitales, destacadamente en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad o datos.

Del mismo modo, la Declaración refuerza las iniciativas desarrolladas por algunos Estados miembros como España, que aprobó en 2021 la Carta de Derechos digitales de nuestro país. No olvidemos que, en estos últimos años, los Estados miembros no siempre han esperado a que la UE aborde los retos digitales, sino que han seguido su propio camino para hacer frente, por ejemplo, a la incitación al odio y la desinformación, como en el caso de Alemania y Francia. Por lo tanto, la Declaración como nueva declaración política plantea cuestiones sobre la integración europea y el papel de los derechos digitales constitucionales.

Por último, la relevancia de esta Declaración no es sólo interna, sino que está firmemente conectada con la expresión de la soberanía digital de la UE. Su texto subraya expresamente su objetivo de convertirse en una referencia mundial para muchas cuestiones sociales y éticas emergentes que trae consigo la transformación digital. Este planteamiento refleja la intención de la Unión de ofrecer un modelo mundial para la protección de los derechos y libertades en la era digital. Para alcanzar los objetivos de 2030, y para que la Declaración produzca efectos concretos, la Comisión supervisará los avances e informará de ellos a través del informe anual sobre el «estado de la Década Digital». Por otra parte, la Declaración orientará a la UE en sus relaciones internacionales sobre cómo configurar una transformación digital que sitúe a las personas y los derechos humanos en su centro.

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