La digitalización de la justicia

Por Sara Molina
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La digitalización de la justicia es una tarea pendiente en el mundo. Sin embargo, hay muchos países que ya han empezado a implantar medidas para conseguir una justicia digital.

En primer lugar, encontramos a Estonia, un país que ha abrazado la digitalización y la innovación como hoja de ruta nacional, habiendo instaurado y democratizado el acceso a la informática y a internet para todos sus ciudadanos, empezando por la educación. Ha logrado atraer inversión y atención internacional con su completa digitalización y la eficiencia que conlleva, como por ejemplo la creación de una empresa en el tiempo récord de 18 minutos. El Ministerio de Justicia de Estonia está pensando en una inteligencia artificial que actúe, a modo de juez, para encargarse de aquellos casos más sencillos, aunque siempre la decisión final la tomaría un juez, humano. Ott Velsberg, director de datos de Estonia, tiene la labor de diseñar una IA robot que se encargue de la enorme acumulación de disputas legales en los tribunales, al menos en lo que respecta a reclamaciones menores. El juez robot será capaz, gracias a su inteligencia artificial, de analizar miles de documentos legales y otra información relevante y tomar una decisión previa. En todo caso, será un juez humano el que tenga que revisar todas estas decisiones.

En segundo lugar, hablamos de Canadá.En este país se está utilizando la app creada por Paypal y Ebay de resolución de conflictos online Modria. Esta app es capaz de resolver de forma digital y con una atención completa, una gran variedad de conflictos de forma ágil y rápida. Fomenta así la resolución alternativa de conflictos y permite limitar la saturación de los tribunales de la zona. Esta solución pone el foco en las necesidades de las personas corrientes y por ello, todo su desarrollo desde el inicio, está centrado en la usabilidad.

Por su parte, en Estados Unidos, se están llevando desde Standford muchos proyectos de digitalización de la justicia, entre los que cabe destacar el llamado “Wise Messenger” que te permite automatizar y estandarizar las notificaciones de juzgados y abogados a sus clientes. Además, se ha aprobado en 39 estados que los abogados norteamericanos tienen el deber de competencia tecnológica, incluyendo el conocimiento de los beneficios y riesgos asociados con la tecnología relevante.

En Inglaterra, el Libro Blanco de la Estrategia Industrial del Gobierno, sitúa a la IA y los datos como uno de los cuatro Grandes Retos. El Gobierno ha creado tres nuevas agencias para apoyar el uso de la IA, crear la infraestructura adecuada y facilitar la adopción de estas tecnologías por parte de los sectores público y privado. Estos tres nuevos organismos son:

• El Consejo de IA: un comité de expertos formado por miembros independientes que ejerce un liderazgo de alto nivel en la aplicación del Acuerdo Sectorial sobre IA.
• La Oficina para la IA: trabaja con la industria, el mundo académico y el sector terciario para coordinar y supervisar la aplicación del Acuerdo Sectorial sobre IA.
• Centro para la Ética y la Innovación de los Datos: identifica las medidas necesarias para garantizar que el desarrollo de los datos sea seguro, ético e innovador.

El Gobierno ha creado dos fondos para apoyar el desarrollo y la adopción de sistemas de IA, el GovTech Catalyst para ayudar a los organismos del sector público a aprovechar las tecnologías emergentes y el Fondo Pionero de los Reguladores para ayudar a los reguladores a promover prácticas de vanguardia en el desarrollo de tecnologías emergentes.

El Departamento de Desarrollo Internacional se asoció con la Universidad de Southampton, la Universidad de Columbia y el Fondo de las Naciones Unidas para aplicar un algoritmo de aprendizaje automático imágenes de satélite y datos de microcensos. El algoritmo utilizó esta información para predecir la densidad de población de una zona. El modelo también utilizó los datos de los microcensos para validar sus resultados y proporcionar valiosos datos de entrenamiento para el modelo.

En China ha adoptado un plan para crear un tribunal del ciberespacio en Hangzhou. El plan es que este tribunal acepte presentaciones electrónicas, juzgue los casos a través de videoconferencia y conozca únicamente de casos relacionados con el comercio electrónico e Internet.

En Argentina, el Ministerio Público Fiscal ha desarrollado un software de asistencia virtual para la redacción de documentos judiciales. Su función es evitar a los funcionarios judiciales la realización de tareas repetitivas, permitiéndoles focalizar su trabajo en los casos complejos, en los que se hace más necesario el trabajo humano, tanto para el análisis y escritura de fallos, como para aspectos como la contención de víctimas, que sólo podrían ser llevadas a cabo por un humano. Esto ayudaría mucho a reducir los tiempos de trabajo, por lo que en España desde el Ministerio de Justicia se han mostrado muy interesados por su uso; sin embargo, las dudas éticas explicadas anteriormente suponen un importante freno a su utilización.

En España, se están implantando también medidas enfocadas a la digitalización de la justicia. Prueba de ello es el plan justicia 2030, basado en 3 pilares:

1. Ley de eficiencia digital del servicio público de justicia: se busca crear una nueva arquitectura de información basada en datos y garantizar la seguridad jurídica digital en los procedimientos. Para ello, la norma contemplará un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia.
2. Analítica legislativa/judicial: se va a disponer de un big data con grandes cantidades de informaciones difíciles de procesar. Para hacerlo se requiere de la implementación de la inteligencia artificial que facilitará un procesamiento rápido para una justicia inteligente.
3. Actuaciones telemáticas: el objetivo del proyecto es poner en marcha actuaciones que permitan la gestión telemática mediante tres subproyectos: Inmediación digital y servicios no presenciales, Fe Pública digital, puesto de trabajo deslocalizado y teletrabajo.

Entre ellos destaca el proyecto de transformación digital del modelo de Registro Civil o la Inteligencia artificial aplicada a la Justicia y orientada al dato.

La aplicación a la Administración de Justicia de soluciones automatizadas puede pasar por ejemplos sencillos de código.

El uso de herramientas de PLN, puede servir para alimentar de los datos necesarios a un Sistema de Gestión de Plantillas, de tal manera que no sería necesario que por el usuario (Juez o Magistrado) se rellenaran los campos de nombre de las partes, fechas de eventos, cantidades concretas no controvertidas, sino que las mismas vendrían ya rellenadas por el propio sistema mediante el procesamiento de las demandas. En definitiva, crear un RPA para modelos y plantillas de resoluciones judiciales permitiría mejorar la calidad del trabajo, al ampliar el tiempo disponible para valorar la prueba y razonar los fundamentos.

Un ejemplo de aspectos judiciales que se han automatizado son las notificaciones judiciales. En España suponen una gran carga de trabajo. Los distintos hitos de los procesos judiciales están perfectamente definidos, manifestándose a través de dos flujos claramente diferenciados: por una parte, a través de las notificaciones judiciales y la otra, a través de los escritos y documentos a presentar al juzgado. Las posibles soluciones, acciones o respuestas a cada uno de estos hitos, tiene un resultado predecible y controlable:

• Lectura de la notificación y categorización de la misma (determinar si es una sentencia, declaración de firmeza, señalamiento para vista, aprobación de tasación de costas, etc).
• Extracción del señalamiento o vencimiento que la notificación incluya en su caso.
• Inclusión en la agenda del señalamiento o el vencimiento.
• Archivo de la notificación en su expediente.

Existen varias herramientas tecnológicas que dan respuesta a este problema como son: Matilda, Atomian o Taiger. Si bien son muchos más los que podemos encontrar como Luminance, Big ML o Kira Systems, aunque sus sistemas se centran más en contratos.

La IA añade precisión al trabajo legal, es decir, ayuda a reducir errores, a ser mejores en la predicción de resultados, e imprime mayor velocidad todo lo cual se traduce en una mayor productividad del trabajo jurídico.

La IA realizará trabajo manual ya que hará la mayor del trabajo legal que, posteriormente, un humano (el abogado) revisará y aprobará antes de su presentación al cliente. Esta actividad conjunta es la que Sebastiaan Bos llama “colaboración cognitiva” (los humanos y las máquinas trabajan “juntos”):

1. Afectará la noción de “hora facturable” del abogado (ahora éste podrá obtener -al menos- el mismo resultado que obtenía antes solo que con menos horas de trabajo y dedicación).
2. Los abogados tendrán que considerar la posibilidad que las máquinas puedan errar y, como consecuencia de ello, afectar el resultado final de su trabajo, de cara a los clientes; las máquinas no responderán ante los clientes por sus fallos aunque el fabricante de ellas podría responder frente al despacho por los daños causados a aquellos.
3. Los robots no pueden resolver los problemas morales creados por los humanos. Por eso los abogados responderemos ante los clientes por el uso de algoritmos sesgados que les puedan perjudicar.

El problema de la inclusión de inteligencia artificial en la justicia es el sesgo, la verdad es relativa y los datos van a tener los mismos sesgos y prejuicios que tiene el humano que programa la máquina. En otras palabras, las máquinas van a ser racistas, sexistas y clasistas si lo son sus programadores, o si beben de datos ya sesgados. A todo esto, se le suma un nuevo problema: la dificultad de comprender el algoritmo por parte de los aplicadores del derecho. Esto puede atacar derechos fundamentales básicos en el sistema de justicia como son el derecho a la publicidad de las actuaciones y el derecho a la motivación de las decisiones judiciales. Esta situación obliga a repensar el proceso tal y como hoy lo conocemos, incluyendo la inteligencia artificial e hilando muy fino indicando cómo, cuándo, por qué y en qué supuestos podemos hacer uso de la inteligencia artificial y, sobretodo, quién va a programarla.

En España encontramos varios ejemplos de aplicación de inteligencia artificial en la justicia, prueba de ello es RisCanvi, un algoritmo que, mide el riesgo de reincidencia de los presos para ayudar a los humanos a dilucidar si un interno está listo para salir de prisión o si hay que mantenerlo encerrado porque aún supone un peligro. El Departament de Justícia defiende que es una herramienta muy valiosa, que el algoritmo no manda sino que orienta el juicio humano y que éste tiene la última palabra tanto en la cárcel como en el tribunal. Aquí podemos observar lo que describíamos antes como sesgo.

Se acaba de publicar recientemente[1] que un grupo de seis jueces, dirigidos por Eloy Velasco, y dos ingenieros trabajan en un catálogo de herramientas de inteligencia artificial que puedan aplicarse a la Justicia en España. Se espera que el catálogo este listo para verano, se basa en investigar la aplicación del blockchain para “algoritmizar y automatizar tareas y decisiones judiciales”. Lo que se busca es automatizar decisiones como el divorcio de mutuo acuerdo, una orden de desalojo de okupas o un despido sencillo. Sin embargo, para llegar a esto todavía queda, puesto que como se ha  señalado anteriormente, se trata simplemente de un catálogo.; la aplicación se espera en un futuro con ayudas tanto nacionales como europeas.

Por último, una aplicación desarrollada por un español va a revolucionar el sistema judicial, JusticiApp[2]. La aplicación está diseñada para funcionar como una plataforma o foro profesional de opinión sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia (de todos los juzgados y tribunales de España). Los usuarios pueden conocer en ella la opinión de compañeros de profesión respecto de cualquier juez o magistrado, así como de las oficinas judiciales en España, y también expresar su parecer.

Por lo tanto, son muchos los proyectos que existen o están aflorando. Sin embargo, las dudas éticas que se plantean por el uso de la Inteligencia Artificial hacen que el proceso vaya más lento en pro de la búsqueda de soluciones éticas y fiables. Por ejemplo, con la irrupción del Metaverso, parece complicado poder llegar a una conclusión de cómo se va a acabar regulando, poniéndose en tela de juicio los aspectos legales y regulatorios.

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Sara Molina
Twitter: @saramolinapt
Web: Legal Management Consulting | Deloitte España | Deloitte Legal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/saramolinapereztome/

[1] Jueces robots y sentencias automáticas: el futuro que ya estudia el CGPJ (ampproject.org)

[2] Juzgados y jueces (justiciapp.es)