Los ciudadanos a favor de los jueces robot

Por Jorge Morell

El pasado mes de julio la Legal Education Foundation publicó el estudio “Los datos de justicia importan: crear un mandato público para el uso de datos judiciales”.

El mismo encuestaba a más de 2.100 adultos de 16 a 75 años en el Reino Unido para saber, entre otras cuestiones, cómo de tan cómodos o incómodos se sentían acerca de la posibilidad de que una variedad de usuarios potenciales pudieran tener acceso a los datos generados por los tribunales.

Según la encuesta, quien más recelos generaban eran las empresas tecnológicas.

En general los ciudadanos se sentían más cómodos con los tribunales británicos (56 %) o el Ministerio de Justicia (53 %) usando la información, junto con las personas involucradas en el caso (47 %).

Le seguían académicos y universidades (36%), además de bufetes de abogados y abogados no involucrados directamente en el caso (32%). Menos confiables resultaban las compañías de seguros y organizaciones benéficas (26 %), las agencias de calificación crediticia (25 %) y las empresas de tecnología (18 %).

Las personas más jóvenes, de 25 a 34 años, se sentían más cómodas con el uso de datos judiciales por parte de las empresas tecnológicas, mientras que las de 55 a 75 años fueron las menos favorables. El patrón se invertía cuando se trataba del uso de datos por parte del Ministerio de Justicia, siendo los más jóvenes los menos cómodos con esto.

Pero lo que resultaba especialmente interesante era cómo se sentían los encuestados sobre el uso que se haría de los datos.

La mayoría de los adultos se sentían cómodos con su uso “para ayudar a los jueces a tomar decisiones durante el proceso judicial” (59 %) y “para ayudar a mejorar la forma en que se administran los tribunales” (56 %).

La mitad de los adultos también estaban contentos de que los datos se usaran para “ayudar a las personas con ingresos más bajos a alcanzar resoluciones rápidas de sus disputas” sin la necesidad de “procedimientos legales prolongados que pueden ser inasequibles”.

Una proporción más pequeña, el 43 %, se sentía cómoda con el uso de datos para “predecir el resultado de los casos antes de que lleguen a los tribunales”, por ejemplo, para persuadir a las dos partes de llegar a un acuerdo.

Cuando se trataba de usar los datos que se utilizaban para “comprender más sobre qué tipo de personas o qué comunidades están involucradas en los casos judiciales”, como las minorías étnicas o las familias monoparentales, el 38 % se sintió cómodo.

A esto le siguió alrededor de una cuarta parte (26%) que dijo que estaba contento con los datos que se utilizan para ayudar a las “empresas comerciales a desarrollar productos y servicios”.

Finalmente, una gran mayoría (80 %) de los adultos dijo que era importante tener “límites y controles sobre quién puede usar la información de los registros judiciales y cómo pueden usarla”, y la mitad de ellos calificó esto como “muy importante”.

Lo que se deduce de este estudio es que la ciudadanía en general está a favor de muchas de las “habilidades” que durante años se han proclamado en relación a los llamados “jueces robots”, entendidos desde como la inteligencia artificial que resuelve asuntos sencillos, muy comunes y de escasa cuantía a esas herramientas que dan soporte a los profesionales del Derecho para conocer tendencias doctrinales o de comportamiento por parte de los jueces y tribunales.

Es decir, cuando un 59% dice que le parecería bien que se usaran esos datos para ayudar a los jueces a tomar decisiones durante el proceso judicial o mejorar la forma en que se administran los tribunales (56 %), están dando el visto bueno a mucha de la tecnología procesal más común.

De la misma forma, cuando el 50% aprueba el uso de datos para ayudar a las personas con ingresos más bajos a alcanzar resoluciones rápidas de sus disputas sin la necesidad de procedimientos legales prolongados y caros, está apoyando los sistemas de inteligencia artificial que pueden ayudar a resolver asuntos muy comunes y de escaso valor.

La guinda del pastel es que un 43% ve bien el uso de datos para predecir el resultado de los casos antes de que lleguen a los tribunales, por ejemplo para persuadir a las dos partes de llegar a un acuerdo. Obviamente ahí se está hablando de las herramientas de analítica jurisprudencial para intentar predecir resultados.

En resumen, la tecnología procesal va dando sus pasos y la ciudadanía es cada vez más receptiva a esas ideas.

Ahora es cuestión de ponerla en práctica.

Jorge Morell
Fundador de Legaltechies
TWITTER:Jorge_Morell