Sancionados los principales Colegios de Abogados de Corea del Sur por impedir el uso de Legaltech

Por Jorge Morell

El pasado 23 de febrero se conocía la noticia: los dos Colegios de Abogados más grandes de Corea del Sur habían sido sancionadas con multas y órdenes correctivas por parte del regulador de la competencia del país por restringir a sus abogados miembros la posibilidad de ofrecer servicios a través de una plataforma de una Legaltech y penalizar a quienes ya lo habían hecho.

La Comisión de Comercio Justo de Corea, o KFTC, multó al Colegio de Abogados de Corea (KBA) y al Colegio de Abogados de Seúl (SBA) con una suma combinada de 2 mil millones de won (alrededor de $1,5 millones) por impedir que los abogados ofrecieran servicios en la plataforma tecnológica llamada Law Talk, además de obligar a aquellos que ya estaban ofreciendo servicios para que dejen de usarlo o amenazarlos con sanciones.

La KFTC concluyó que el comportamiento vulneró la ley de competencia según la cual las asociaciones comerciales no deben restringir “irrazonablemente” las actividades comerciales de los miembros. Según las órdenes correctivas, la KBA y la SBA deben detener el comportamiento problemático y notificar a sus abogados miembros que han sido sancionados por la KFTC.

La agencia también vio el comportamiento de las asociaciones como una violación de la ley de publicidad nacional, que prohíbe que cualquier organización comercial restrinja la publicidad de las empresas miembros. Pero la KFTC optó por no imponer una multa adicional por esa vulneración.

Según Shin Dong-yeol, el director de la oficina de investigación de cárteles de la KFTC, se trata del primer caso en el país en el que se sanciona a una organización empresarial por impedir que sus miembros usen una plataforma o por obligarlos a retirarse del servicio.

“La agencia espera que la decisión permita a los abogados publicitar sus servicios libremente en plataformas de tecnología legal y facilitar la competencia entre los servicios legales para que los clientes puedan tener más opciones para elegir y disfrutar de un acceso mejor y más fácil a los servicios legales”, agregó.

Todo se inició con una denuncia presentada por Law & Company, el operador de Law Talk, ante la KFTC en 2021, acusando a la KBA de cambiar deliberadamente sus reglas deontológicas para impedir que los abogados usen la plataforma.

La investigación de la KFTC descubrió que la KBA hizo varias revisiones a sus reglas para prohibir que los abogados se dieran de alta en Law Talk y amenazó a 1440 abogados que ya se habían inscrito en el servicio para que justificaran su comportamiento o hicieran frente a sanciones.

Por su parte, el Ministerio de Justicia concluyó que el servicio no vulnera la ley.

Aún así, la KBA continuó amenazando a los abogados que todavía utilizaban el servicio con imponer sanciones y sancionó a nueve de ellos.

Mientras tanto, la SBA instó repetidamente a sus abogados miembros a abandonar el servicio Law Talk y cumplir con la orientación de la KBA.

La investigación de la KFTC concluyó que Law Talk es una plataforma publicitaria a través de la cual los abogados pueden anunciar su experiencia para encontrar clientes potenciales, no un servicio intermediario que cobra comisiones de los honorarios legales.

Los abogados se registran para una suscripción de pago de publicidad mensual para mostrar sus perfiles y servicios en la plataforma. Aquellos que no pagaron por el anuncio aún pueden usar el servicio, pero aparecen en las clasificaciones más bajas de la plataforma.

Los clientes pueden elegir de la lista de abogados que se muestra en la plataforma y hacer reservas para una visita o una llamada. Pagan honorarios a cambio de las consultas legales que reciben de los abogados. Los pagos se realizan directamente entre los clientes y los abogados, explicó el órgano regulador.

El Colegio de Abogados de Corea (KBA) dijo que apelaría de inmediato la decisión de la KFTC, ya que a su parecer las restricciones establecidas para obligar a los abogados a no usar el servicio eran para “defender la experiencia y la responsabilidad y la confianza en los servicios legales” y “proteger los derechos del público en general y hacer realidad la justicia social”.

Mientras tanto,el servicio Legaltech de Law Talk acogió con alegría la decisión de la KFTC y la calificó como un “rayo de luz” en una situación difícil que ha enfrentado a una startup “contra poderosas organizaciones comerciales”.

La compañía dijo que había sido blanco de numerosas quejas de múltiples colegios de abogados durante los últimos ocho años, durante los cuales perdió unos 4.000 abogados, casi la mitad de los cuales se inscribieron en el servicio.

He aquí por tanto otro ejemplo de la batalla entre la innovación legal y la rigidez jurídica en materias como la publicidad de los abogados, resuelta en este caso por una cuestión de derecho de la competencia.

Seguro que no será la última.

Jorge Morell
Fundador de Legaltechies
TWITTER:Jorge_Morell