Blog de Derecho Penitenciario
06 junio 2024
Fuera de las urnas
Por la Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense (CAXPOU).
Las elecciones europeas se celebrarán en España el 9 de junio de 2024, así que vuelve a estar de actualidad el artículo publicado en este mismo blog hace menos de un año por los compañeros Manuel Trujillo Carmona y Valentín Aguilar Villuendas La rentable ausencia del voto de los más excluidos: especial referencia a las personas presas a partir del cual es necesario seguir reflexionando sobre el tema.
Según datos publicados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la población reclusa en marzo de 2024 ascendía en todo el territorio del estado a 57.583 personas de las cuales 17.955 personas son extranjeras (no se especifica el dato del número de comunitarios), pero nada o casi nada se incluye en los programas electorales respecto de la situación de las prisiones y tampoco se incentiva la participación en los comicios de las personas privadas de libertad. Al tiempo que el plus de complejidad que representan las elecciones europeas y la visión lejana que aún se tiene de Europa recrudece lo que los mencionados compañeros llamaban “la rentable ausencia del voto de los más excluidos”.
En las campañas de los partidos o coaliciones de partidos son extrañas, por no decir, inexistentes, las referencias a la política penitenciaria o a las condiciones de las prisiones. Ello a pesar de las repercusiones o eventuales repercusiones que en materia de derechos humanos conlleva la ejecución de las sentencias de condena a penas privativas de libertad.
Así, las personas privadas de libertad se sienten y las hacemos sentir ajenas a la actividad política, lo mismo que ocurre con otros tantos aspectos. Lo que se antoja tremendamente contradictorio con la finalidad que la pena privativa de libertad tiene. A la vez, toda la sociedad, al no exigir de la política que trate lo que ocurre en las prisiones, nos alejamos aún más de ellas.
Una vez más, el estado catastrófico de la sanidad penitenciaria, el aislamiento penitenciario, la salud mental y otros temas importantes quedan fuera del juego político, su tutela queda relegada a la iniciativa e impulso de organizaciones de defensa de los derechos humanos y fuera del debate público, fuera del interés común, fuera de los programas electorales, fuera de las urnas.