Los derechos de quienes solo han perdido la libertad

Uno de cada tres centros penitenciarios en España, 23 de 69, el 33 por ciento, no cuenta con un Servicio de Orientación Penitenciaria para los internos, de forma que éstos puedan recibir asesoramiento y orientación jurídica sobre su situación. En algunas comunidades autónomas, los prestan los Colegios de Abogados, sin que las administraciones autonómicas ofrezcan a cambio la más mínima contraprestación que cubra no ya el trabajo profesional sino simplemente el coste de la gasolina del traslado a esos centros que, en muchas ocasiones están lejos de las ciudades. En alguna ciudad española, decenas de abogados acuden semanalmente, con el respaldo del Colegio, a los centros penitenciarios donde prestan servicios de orientación y asistencia sobre legislación penitenciaria, cumplimiento de penas, acceso al Turno de Oficio o cualquier tema relacionado con los derechos de los internos. Reitero: sin recibir nada a cambio de la Administración autonómica.

En ocasiones, algún Parlamento autonómico ha aprobado leyes que regulan estos servicios, pero años después falta un pequeño detalle: nunca se ha dotado presupuestariamente ninguna partida para atender lo que dice la ley y sí otras que, seguramente, son mucho menos relevantes.

Estamos hablando de un servicio importante para el mantenimiento de la paz social dentro de las cárceles y que responde al cumplimiento del derecho que tiene que tener todo ciudadano de tener asesoramiento y orientación jurídica. Un servicio que debería estar al alcance de todas las personas privadas de libertad en cualquier lugar de la geografía española. Un servicio que tendría que estar incluido entre los que se prestan por Turno de Oficio.

De la defensa de los derechos dentro de la cárcel y de otros temas importantes vamos a hablar en las XXI Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria que se van a celebrar en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona. También hablaremos de si hay que reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria cuarenta años ya de su entrada en vigor, de la inserción social, del cumplimiento en la Unión Europea de las resoluciones privativas de libertad, de las condiciones de trabajo en la prisión o del acceso a la cárcel de los medios de comunicación. Temas todos ellos de enorme calado.

Creo que la sociedad vive de espaldas a la realidad de la cárcel. Los abogados, no. Y nosotros podemos ser puente entre esas personas -que han perdido la libertad, nada menos que la libertad, pero solo la libertad, no otros derechos- y la Administración de Justicia y la sociedad. Estas son unas Jornadas realmente importantes.

(Artículo publicado originalmente en el microsite de las Jornadas de Derecho Penitenciario)

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española