Tozuda realidad: es el tratamiento y no la prisión permanente revisable lo que evita delitos

Mientras ceno inmersa en el divertido universo de Sheldon Cooper, llegan los anuncios y zapeo: la tele me escupe lo de todas las noches, pero hoy una frase del padre de Diana Quer me da en el ojo. Aparece después del debate sobre el agravamiento de la prisión permanente revisable en el Congreso de los Diputados y reclama una solución alternativa a los que lo han ganado y se oponen a dicho agravamiento.

Y entonces pienso que es una pretensión razonable y que debemos acabar con el diálogo sordo en el que estamos metidos desde hace tiempo.

Los que nos oponemos, no los políticos, sino operadores jurídicos (Servicios de Orientación Penitenciaria, algunos jueces y sectores conocedores del ámbito penitenciario) venimos manifestando que la prisión permanente revisable no es la solución a la comisión de delitos atroces que, de vez en cuando, horrorizan a la sociedad de la que, hasta ese momento, han formado parte el asesino y la víctima.

No es la solución porque ninguna eficacia tiene desde el punto de vista de prevención general o especial. La realidad es tozuda y nos lo demuestra: la prisión permanente revisable llegó para quedarse en 2015, pero no ha evitado esos crímenes que todos conocemos. Sinceramente, tampoco creo que haya influido en la evitación de otros. Y los anteriores y sucesivos endurecimientos del Código Penal tampoco evitaron hechos similares.

Resulta curioso que todo el mundo esté de acuerdo en que lo realmente efectivo sea la prevención y el legislador sólo haya inventado e implantado el “compliance” para la protección de la sociedad frente a determinados delitos cuya comisión indigna pero no desgarra.

PREVENCIÓN INEXISTENTE

Cuando la prevención no existe, los que nos oponemos, no los políticos, sino operadores jurídicos, consideramos que el esfuerzo del Estado debe dedicarse a implantar un verdadero tratamiento penitenciario dotando de profesionales y medios necesarios para ello, de manera que el paso por la cárcel sea reeducador y reinsertador de manera eficiente.

En la web de IIPP se enumeran como Programas Específicos de Intervención hasta 20 programas. No obstante, algunos de ellos o la mayoría más bien no tienen en cuenta el específico delito cometido y pretenden dar cumplimiento a las obligaciones impuestas a la Administración Penitenciaria como garante de la salud y vida de los presos. Léase el programa “Tabaquismo”o “Prevención de suicidios”. Y solo hay tres que se ocupan de la reeducación de delincuentes específicos: agresores sexuales, PiCOVi (intervención en conductas violentas) y violencia de género.

La sociedad debe saber, sin embargo, que no en todos los centros penitenciarios existe la posibilidad de realizar esos programas específicos de modo que si un condenado por agresión sexual, violencia de género o delito violento cumple condena en una cárcel donde no lo haya, permanecerá toda la condena sin salir porque le denegarán los permisos por no realizar dicho programa. Y saldrá tras cumplir condena sin haber recibido un tratamiento efectivo.

Dicho lo cual, creo que debe superarse la sordera al diálogo y dialogar. No basta con que nosotros, los que defendemos los derechos de las personas presas y los valores y principios del estado de Derecho, nos armemos de razones y se las brindemos a los que reclaman un endurecimiento del castigo. Ya sabemos que no nos las van a comprar.

PRISIÓN COMO ÚLTIMA RATIO

Entiendo que es hora ya de pasar de la teoría a la práctica y para ello debemos tratar que la prisión sea realmente la última ratio y que sólo aquellos a quienes no pueda aplicarse otra medida ingresen en prisión. Debemos dirigir nuestros esfuerzos a que se implanten y realicen verdaderos programas de tratamiento reeducadores y reinsertadores individualizados en todas las cárceles españolas y con suficientes profesionales, plazas y periodicidad para que todo preso susceptible de ser destinatario de programas específicos de intervención acceda a ellos.

Creo que a estas alturas debemos comprender que para lograr esos objetivos es necesario un abordaje serio y multidisciplinar del delito y que el sector jurídico no tiene la competencia exclusiva y excluyente en lo que al delito se refiere: en su comisión confluyen o pueden confluir aspectos educativos, familiares, sociales,  personales, médicos, etc.

Desde nuestro sector debemos reclamar la participación seria de otros sectores para resolver el problema, que no es otro que el de una sociedad implicada verdaderamente en la restauración de la paz social que quiebra el delito y ello, a través de una prevención eficaz y la recuperación del que un día lo cometió. Solo con su participación puede obtenerse una perspectiva global del problema, un abordaje completo y, por fin, una solución: si a varias personas que están en una misma habitación ocupando distintos lugares se les pide que describan los objetos que observan desde su posición, obtendremos que algunos describen los mismo objetos de igual manera, otros los mismos objetos de diferente manera y otros describen objetos distintos a los anteriores.  Y lo cierto es que todos los objetos descritos están en la misma habitación que ocupan todos ellos.

SISTEMAS DE INTERVENCIÓN EFICACES

Por ello, quizás de cara a la celebración de los próximos Encuentros de SOAJPS habría que diseñarse otra planificación del programa para que esos otros sectores nos planteen sus propuestas y perspectivas sobre la solución, para que los artífices de otros sistemas jurídicos más eficaces nos expliquen cuál ha sido su camino (quizás deberíamos conocer el sistema implantado en Finlandia) o para que los expertos en planificación de programas de intervención nos expliquen cuánto cuesta un programa eficaz, con cuántos profesionales debe  contarse necesariamente para que pueda implantarse verdaderamente y obtener la eficacia deseada.

Sólo así estaremos en condiciones de formular propuestas serias y comprometidas y tendremos, entonces sí, la fuerza y seriedad necesaria para “exigir” a IIPP en nuestras conclusiones de los Encuentros lo que venimos exigiendo desde siempre. Porque está claro que repetirnos entre nosotros, como si de un mantra se tratara, año tras año, los defectos del sistema pero poco aporta a la solución del problema: la realidad es tozuda y nos lo ha demostrado durante veinte años.

Ana I. Elizondo Pérez,

Integrante del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza