Una nueva muerte en prisión

Hoy ha sido un mal día, he tenido que comunicar a un cliente y a su madre que finalmente tiene que ingresar en prisión. Trato de dar ánimos a mi cliente, diciéndole que los centros penitenciarios son sitios seguros, donde en esencia personas cuidan de personas (tal y como nos trasmiten en las visitas guiadas a los mismos), intento dar consuelo a su madre diciendo que la finalidad del ingreso en prisión es la rehabilitación y reinserción social y que tal vez cuando termine la condena su hijo esté rehabilitado.

Han trascurrido unos meses y hoy ha habido otra razón para ser un mal día, he recibido una llamada para comunicarme que mi cliente ha muerto en prisión, que lo sienten mucho, que son cosas que pasan, a pesar de hacerse las cosas bien.

Para su madre ha sido el peor día de su vida. Yo iré a recoger a mis hijos al colegio, les llevaré al parque, me acostaré, lloraré y me preguntaré qué he hecho para evitar y erradicar esta situación. La respuesta es simple, NADA.

Este relato no es real pero se basa en hechos reales.

EN ESPAÑA, DESDE EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2018, HAN FALLECIDO, AL MENOS, 131  PERSONAS EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Con este dato encima de la mesa, me pregunto: ¿Qué hacen los abogados y abogadas? ¿Qué hacen los coordinadores y coordinadoras de los SOAJP? ¿Qué se hace desde los Colegios de la Abogacía? ¿Qué se hace desde la Subcomisión de Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española? ¿Qué se hace desde el Consejo General de la Abogacía Española? ¿Qué se hace desde los centros penitenciarios?, ¿qué hacen los directores y directoras de los centros penitenciarios? ¿Qué hace el Defensor del Pueblo? ¿Qué se hace desde Instituciones Penitenciarias? ¿Qué se hace desde el Gobierno? Creo que poco o NADA, porque cuando usted esté leyendo este post ya no serán 131, serán más, PERSONAS FALLECIDAS.

La solución tal vez estaría en destinar más recursos en Instituciones Penitenciarias para incrementar la plantilla médica, los psiquiatras, los psicólogos, el personal sanitario. En investigar todas y cada una de las denuncias por malos tratos de manera correcta, con la inmediata intervención del médico forense y un registro de las mismas. Aplicar medidas alternativas a la privación de libertad y de manera especial a las de larga duración. Incrementar el número de visitas de inspección. Aplicación proporcional, de forma real, de los medios coercitivos. Implementación de sistemas de videovigilancia efectivos. Formación continua y especializada al personal funcionariado por parte de mediadores. Pero por encima de todo en actuar con  SENSIBILIDAD Y DE MANERA INDIVIDUALIZADA hacia los verdaderos protagonistas, las personas presas.

A trabajar, porque no nos podemos permitir una muerte más.

Ana Arranz Sanz

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid

Vocal de la Subcomisión de Penitenciario del Consejo General de la Abogacía