26 noviembre 2018

Visión de las XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria

Desde que empecé a acudir a los encuentros de los Servicios y Orientación Jurídica Penitenciaria, fui consciente de que su mayor activo precisamente era por lo que tenían de Encuentro. Encuentro de los compañeros y compañeras que formaban parte de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que se habían ido creando en los distintos Colegios profesionales de Abogados y Abogadas para asesorar a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del estado español.

Crear red es una de las consecuencias más positivas de las distintas convocatorias de los Encuentros de los SOAJP a lo largo de los años. Conocernos entre nosotros y nosotras y poner en común las formas de trabajo de cada uno de los SOAJP, crecimiento mutuo y formación en aras a la defensa de las personas privadas de libertad, cuyos derechos deben estar garantizados, excluyendo únicamente los expresamente limitados por el fallo condenatorio.

Aunque los Encuentros ya no se llamen Encuentros, siguen siéndolo. También lo fueron los recientemente celebrados los días 8 y 9 de noviembre del año en curso en la ciudad de Pontevedra. La subcomisión de derecho penitenciario de la Abogacía Española es la encargada de elaborar el programa, abordando aspectos del derecho penitenciario en profundidad o temas de actualidad en la materia.

En esta ocasión se realizó un debate sobre la prisión permanente revisable, una ponencia sobre prisión y tecnología y se abordaron temas como la violencia institucional, la perspectiva de género en prisión, las personas con diversidad funcional y la responsabilidad patrimonial de la Administración y su diferencia con el error judicial. Por último, se hizo una presentación del compendio de las conclusiones de las Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.

Empezando por los dos talleres, ambos de gran nivel,  se abordó un tema novedoso en los encuentros cómo las personas con diversidad funcional en prisión. Dos compañeras de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Marta Horno y Ana Castaño, realizaron un análisis de la situación y proporcionaron herramientas para asistir jurídicamente a personas ciegas, sordas y sordociegas  presas.

El otro de los talleres estuvo dedicado a la perspectiva de género en prisión. Margarita Aguilera y Rosa Martínez, no solo hicieron un repaso sobre la situación de las mujeres presas en prisión, sino que realizaron un esfuerzo propositivo en esta materia en orden a enumerar tanto propuestas a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, como posibles campañas de incidencia política en cuestión de género.

Algunas de las propuestas fueron las de implantar programas de empoderamiento con perspectiva de género con personal externo al centro penitenciario, atención ginecológica por profesionales del sistema público de salud, exigencia de al menos dos módulos de cumplimiento para mujeres (evitando que un único módulo de mujeres sea de respeto, con las exigencias que esto conlleva), acceso a las actividades en igualdad de condiciones que los hombres, etc. Como campañas, se señalaron, entre otras, la importancia de tener en cuenta las circunstancias de las mujeres desde el principio del proceso penal o de que se aplicara el tercer grado directo para mujeres con cargas familiares.

En un año en el que la lucha de las mujeres ha estado en primera línea, no podemos olvidarnos de las mujeres privadas de libertad, y se debe de incorporar la perspectiva de género también en el cumplimiento del principio constitucional de que las penas privativas de libertad deban estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

También fue muy  ilustrativa la proyección del documental “La cifra negra” sobre la violencia institucional, que incorpora varios casos juzgados y sentenciados, en los que fueron condenados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Estado. El posterior debate con el director del documental Ales Payá, Sara López y Ana Arranz, proporcionó datos completos sobre esta realidad, la de la tortura y malos tratos institucional, constatando que en la mayoría de los casos no se investigan las denuncias, pero qué cuando se acude a instancias internacionales se condena al Estado español precisamente por no haber investigado.

Interesante fue también el debate sobre la prisión permanente revisable, con ponentes que defendían cada una de las dos posturas, que fue dinamizado muy acertadamente por el compañero del SOAJP de Córdoba, Valentín Aguilar. En relación a esta pena y como conclusión de las jornadas, se recordó el compromiso de la Abogacía Española en contra de la prisión permanente revisable, por tratarse de una condena que en la práctica puede asimilarse a una cadena perpetua, contraria por lo tanto, a la Constitución.

Nuestro compañero Carlos García Castaño, en su ponencia “Prisión y Tecnología”, realizó un exhaustivo repaso a todas las tecnologías –sobre todo en el ámbito de la seguridad- que se han ido implementando en la vida en prisión. Por su parte, Cesar Pinto nos ilustró sobre la responsabilidad patrimonial de la administración y el error judicial a través de varios casos prácticos conocidos de primera mano, abordando las diferentes problemáticas que se había ido encontrando. Sin duda, un tema para seguir trabajando.

Por último, en la última sesión se presentó el compendio de las conclusiones de estos XX años de jornadas, donde se pretendía constatar el nivel de cumplimiento de las mismas pero que, en realidad, fue una valoración personal de cada una de los compañeros y compañera que presentaron las conclusiones, alguna de ellas muy pesimista.

Es cierto que queda mucho por hacer, pero no por ello se debe de dejar de reconocer el trabajo de los compañeros y compañeras de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciara en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Cada permiso, cada acumulación de condena, cada progresión de grado, cada expediente sancionador anulado, en definitiva cada acto jurídico que acerca a la persona privada de libertad a su reinserción, es un motivo para la existencia de los SOAJP, Servicios que deberían de asistir jurídicamente a todas las personas privadas de libertad independientemente de la prisión en la que se encuentre.

Seguiremos trabajando en el cumplimiento de las conclusiones y esperemos seguir compartiendo experiencias cada mes de noviembre. El año que viene nos encontramos.

Paula Hormigón Solas

Coordinadora del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados/as de Zaragoza

Miembro de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española

 

Comparte: