XIX Jornadas de León. La preocupación por el Derecho Penitenciario

Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2017 el Colegio de Abogados de León acogió las XIX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria organizadas por el Consejo General de la Abogacía. Estos encuentros constituyen un referente nacional en la materia y la mejor excusa para abordar todas las cuestiones que ocupan y preocupan a los y las profesionales expertos e interesados en profundizar en el conocimiento del derecho penitenciario y de la realidad de la prisión.

Durante dos días pudimos comprobar, por ejemplo, que queda mucho trabajo para avanzar en igualdad, también en materia penitenciaria, ya que los recursos de que dispone la mujer para abordar la reinserción son más limitados que los de los varones. Es necesario terminar con las diferencias en el tratamiento de hombres y mujeres en prisión, eliminando, por ejemplo, las restricciones al acceso de zonas comunes, incrementando el número de talleres productivos o formativos, facilitando la proximidad a la familia o entorno en el cumplimiento de las penas o proporcionando un mayor número de recursos materiales, económicos, culturales y recreativos necesarios para la reinserción.

Igualmente, fuimos conscientes de la necesidad de implicación por parte de la Fiscalía en materia penitenciaria, de forma que resulte efectiva su misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía, que incluye a las personas privadas de libertad.

Se evidenció la necesidad de cumplir las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre aspectos específicos de la política y la práctica penitenciaria y concretamente en materia de educación, control de enfermedades contagiosas y problemas asociados de salud en prisión, personal encargado de la aplicación de medidas y sanciones, aspectos éticos y organizativos del cuidado de la salud en el medio penitenciario, masificación en prisiones e inflación carcelaria, libertad condicional, internamientos de larga duración, celdas, enfermedad mental, aislamiento o informes médicos respecto a lesiones. También que es necesaria una mayor formación de los abogados y difusión sobre el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todavía un gran desconocido para la mayoría.

CUMPLIMIENTO EN PRIMER GRADO

Se abordaron cuestiones como el cumplimento de las penas en primer grado, recordando las exigencias de resocialización del artículo 25.2 de la Constitución española y los valores superiores de dignidad de la persona del artículo 10 que hacen necesaria, por ejemplo, la implantación de programas terapéuticos, educativos, deportivos, culturales, laborales, formativos, ocupacionales y de tratamiento efectivo para las personas ingresadas en módulos de primer grado, así como necesario resulta el seguimiento de los casos de progresión de primer a segundo grado, donde se deben extremar las medidas de tratamiento para prevenir la regresión.

Al tratar sobre el empleo de las contenciones mecánicas de tipo regimental, se planteó la necesidad de reducirlas al mínimo imprescindible y siempre bajo una atenta supervisión, para evitar que la duración de la medida se prolongue más de lo estrictamente necesario. En todo caso, los servicios médicos deben velar porque no se aplique a determinados internos a los que se pondría en riesgo.

Se puso de manifiesto la necesidad de garantizar el acceso al expediente penitenciario completo, incluido el protocolo de personalidad y cuantos informes consten, tanto por parte de la persona presa como por parte de sus representantes. Igualmente, debemos formar y sensibilizar acerca de la posibilidad de cumplimiento directo en tercer grado en CIS o Sección Abierta de las penas de corta duración y procurar la implantación de un Protocolo en todos los CIS y Secciones Abiertas. En este sentido, se recordó el aprobado en los Encuentros Penitenciarios de Pamplona del año 2015, que es una herramienta útil que se ha propuesto ya a Instituciones Penitenciarias.

DESCONOCIMIENTO DEL MEDIO PENITENCIARIO

Tuvimos ocasión de escuchar, en la voz de una reconocida periodista, cómo la realidad de la cárcel queda, en general, fuera del foco informativo, por el desconocimiento de los profesionales de la información y de la mayoría de los ciudadanos del medio penitenciario, por la falta de transparencia de la administración penitenciaria y por la desconfianza de ésta hacia los medios de comunicación. Así se incidió en que, para una sociedad civilizada, debe ser relevante no el morbo de este cosmos, sino cómo se trata a las personas que han cometido delitos, qué derechos tienen estas personas, el número y tipo de población reclusa y cómo se busca y se puede lograr su reinserción, partiendo de la importancia de mantener el mayor número de vías abiertas entre el interno y la sociedad a la que regresará.

Finalmente, concluimos que las personas privadas de libertad tienen derechos que deben ser respetados y defendidos y, a tal fin, deben implantarse Servicios de Orientación Jurídico Penitenciaria en los Colegios de Abogados, exigiendo la inclusión de estos Servicios como uno más de los que se contemplan en el marco de la Justicia Gratuita. Es buen  ejemplo la Ley 9/2017 de 19 de octubre por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídica gratuita de Aragón, aprobada con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.

En 2018 volveremos a reunirnos con nuevo programa y más propuestas de trabajo, evidenciando así la vida del Derecho Penitenciario.

Blanca Ramos

Presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía