Las cosas son imposibles mientras lo parecen (Concepción Arenal)
01 abril 2021
25 ACCIONES, 25 RAZONES (I)
Ahora, en abril, se cumplirán diez meses desde que en junio de 2020 finalizase en España el primer estado de alarma Covid. Parece un siglo, la alarma continúa, los nubarrones de la incertidumbre no se han disipado, la justicia sigue convaleciente de sus déficits y puede que el porvenir ya no sea, como decía Anatole France que era, ese lugar cómodo para colocar los sueños. Vivimos entre ruido, miedos y desconfianzas por una pandemia que ha tensionado sistemas, sociedades y democracias. Una extraña distopía que llega justo cuando, como alerta la ONU, el Estado de Derecho más riesgo corre de erosionarse en el mundo, ensanchando además las grietas de desigualdad en nuestro planeta.
Nunca han sido más necesarias las instituciones. Su voz, su mirada y su cobijo construyen convivencia, certezas y confianza. Son y están para servir, para ser útiles, para despejar horizontes. Así es y así lo entiende la Abogacía Española, que desde el primer momento de esta crisis viene dado lo mejor de sí consciente del valor de su historia, de su legado y de su misión. Lo explicaba en un post que publiqué en mayo del pasado año (https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/el-blog-de-victoria-ortega/de-servicio-en-alerta-y-sumando/) y, ahora, a los diez meses de cumplirse el fin del primer estado de alarma Covid, me reafirmo con el trabajo realizado desde entonces hasta hoy por la Abogacía Española, desde su Consejo General (CGAE) y con el apoyo, siempre inspirador y corresponsable, de sus 83 Colegios de la Abogacía.
25 acciones, 25 razones que iré desgranado en sucesivos post y que expresan nuestro papel vertebrador de sociedades y democracias y el por qué, precisamente ahora, nuestra profesión, sus profesionales y sus instituciones seguimos siendo esenciales e insustituibles.
- NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA
Al fin, después de años reclamándolo, la Abogacía Española cuenta con un nuevo Estatuto que, sustituyendo al de 2001 y anticipándose a las exigencias de inmersión tecnológica asociadas a la pandemia, actualiza la normativa que regula la profesión, dotándola de un marco adaptado al siglo XXI y que refuerza la posición central de la abogacía en el funcionamiento del sistema de justicia. Se aprobó en el Consejo de Ministros de 2.mar.2021 (1) y se publicó en el BOE el 24.mar.2021, entrando en vigor el próximo 1.jul (2)
- EXIGIMOS QUE LA JUSTICIA NO SE PARE
Fue de las principales cuestiones que trasladé al presidente del CGPJ cuando finalizó el primer estado de alarma (3). También lo recordé con motivo de la apertura del presente Año Judicial (4). Y no hemos dejado de insistir en ello (5) pues la justicia no puede bajo ningún concepto volver a cerrar sus puertas. Además de un servicio público esencial, es también palanca de la actividad económica y garantía de seguridad jurídica, especialmente cuando el PIB español finalizó 2020 con el mayor desplome en tiempos de paz (-10,8%) y el Banco de España acaba de anunciar una nueva contracción económica en el primer trimestre de este año, rebajando las expectativas de crecimiento de nuestra economía al 6% en 2021.
- PROTECCIÓN Y RESPETO A LOS AUTÓNOMOS
Son pieza fundamental de nuestro sistema y merecen la máxima atención y el apoyo incondicional de los poderes públicos. Así lo hemos entendido siempre y así se consideró que lo hacíamos cuando la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA reconoció a la Abogacía Española con su Premio Autónomo del Año 2020, destacándonos, junto a otras instituciones, “por haber sido esenciales para los autónomos durante el estado de alarma”, por “haber estado al lado de los autónomos en los peores momentos de la crisis y por haber sido los primeros auxilios de los autónomos” (6). Seguimos reclamando medidas de refuerzo, impulso y protección para este sector, además de apoyar iniciativas que visibilicen su valor, como colaborar con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) en la elaboración del “Libro blanco para la digitalización de las pymes” (7)
- PLAN DE APOYO A LA ABOGACÍA MÁS CASTIGADA
Preocupados por el impacto de la crisis Covid en el ejercicio de la profesión, especialmente de quienes en el desarrollo de su actividad la han sufrido de manera más descarnada, desde el CGAE articulamos un Plan de Apoyo a la abogacía más castigada por la crisis. Dotado con un millón de euros, se ha desarrollado en dos fases: una primera, consistente en el otorgamiento de prestaciones económicas directas a los beneficiarios (8); y una segunda en la que, a través de un Plan de Recursos Digitales, se proporcionan medios, productos, formación y servicios que faciliten el desarrollo profesional de la abogacía y que ningún compañero ni compañera se quede atrás tecnológicamente (9)
- REDUCCIÓN DEL IVA en los servicios jurídicos
Así se lo hemos reclamado al Ministerio de Hacienda, para que en el marco de las modificaciones que se estudien a nivel europeo en la Directiva del IVA, se reclame una aplicación de tipos reducidos para los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje. Es una cuestión de justicia y de sensibilidad para facilitar el acceso a un servicio que sin duda es de primera necesidad, social y estratégico (10)
- Colaboramos con medidas y propuestas para la MEJORA DE LA JUSTICIA
Fue una constante durante el primer estado de alarma Covid y lo ha continuado siendo hasta hoy, llevando la voz y las propuestas de la Abogacía Española a todas las iniciativas legislativas que se han venido impulsando, desde los trabajos parlamentarios que culminaron con la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid en el ámbito de la Administración de Justicia, a los preparatorios de otras futuras normas, como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal o los anteproyectos propuestos para la mejora de la eficiencia del servicio público de la justicia. También reclamamos al Ministerio de Justicia, a las CCAA con competencias y al CGPJ la aprobación de una regulación específica de las causas vinculadas al Covid que deben ser motivo suficiente para la suspensión de vistas judiciales, de forma que dichas causas sean uniformes en todo el territorio español y estén claramente establecidas para evitar diferentes tratos según la comunidad autónoma o el juzgado donde se formalice la petición (11). Y colaboramos, junto a otros organismos e instituciones jurídicas, en el impulso de un Protocolo para el Fomento de un Lenguaje Jurídico Moderno y Accesible, con el objetivo clarificar el lenguaje jurídico y hacer más cercana y comprensible la justicia (12)
- SUPRESIÓN DE LA CITA PREVIA para acceder a juzgados y tribunales
Siempre hemos entendido que el alejamiento de la abogacía de los juzgados y tribunales es un debilitamiento del derecho de defensa. Ese era el riesgo, por ejemplo, de la cita previa para los profesionales de la abogacía que anunciaba el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (procedente del RD-ley 16/2020, de 28 de abril). Alertamos de ello al Senado, reclamamos en la Cámara Alta la eliminación de la cita previa para los profesionales de la justicia (13) y fue aprobada (14), siendo refrendada después por el Congreso de los Diputados, recogiendo además, por razones preventivas, la dispensa temporal del uso de togas durante las vistas judiciales (15)
- Comprometidos con la RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
La sucesión de acciones emprendidas en estos últimos diez meses certifican nuestro más firme compromiso con la resolución extrajudicial de conflictos, especialmente en estos momentos de riesgos reales de sobresaturación y colapso de nuestra justicia por la acumulación de asuntos. Así, por ejemplo, en el ámbito de la mediación, suscribimos un convenio con el CGPJ para impulsar la mediación intrajudicial (16), de igual manera que, en materia de arbitraje, la Abogacía Española organizó junto a ICEX España Exportación e Inversiones un seminario online sobre arbitraje internacional y nuevas tecnologías (17); o renovó el convenio de colaboración con el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), al que se ha unido la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), para impartir la II Edición del Programa Executive de Arbitraje Comercial Internacional online (18); o trabajó junto a CIAR (en su calidad de Secretaría General) en la VI Asamblea General Extraordinaria del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), un referente institucional en materia arbitral en todo el espacio iberoamericano (19)
… [Continuación de las acciones en el siguiente post]
ANEXOS
(6) https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/ata-premia-a-la-abogacia-por-ser-uno-de-los-colectivos-esenciales-para-los-autonomos-durante-el-estado-de-alarma/ https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/los-xix-premios-autonomo-del-ano-reconocen-la-labor-de-la-abogacia-durante-la-crisis-del-coronavirus/