Cuidemos nuestro sistema de Justicia Gratuita

Dicen de los españoles que somos un pueblo excesivamente crítico con nosotros mismos. Hasta el punto de que tenemos una visión propia mucho más negativa de lo que tienen la inmensa mayoría de los decenas de millones de extranjeros que nos visitan cada año para hacer negocios en nuestro país o para pasar sus vacaciones. Algo parecido y quizá más acentuado nos sucede a la abogacía: que tenemos una imagen de nosotros mismos que está muy por debajo de la que tiene el conjunto de la población sobre nuestra profesión. La afirmación no es una percepción personal, sino el resultado de trabajos demoscópicos.

La encuesta realizada por Metroscopia para el XVI Observatorio de la Justicia Gratuita en España, dada a conocer este mismo mes de julio, muestra que el 82% de quienes han utilizado este servicio público ofrecieron una valoración positiva de la asistencia que recibieron y le otorgaron una puntuación media de 7,1 sobre 10.  Aunque los trabajos demoscópicos deben compararse con suma cautela por muchas cuestiones, no está de más apuntar que el Barómetro Sanitario elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en las mismas fechas, en el mes de abril de este año, un 71,5% de los encuestados tenían una valoración positiva de la sanidad pública, que recibía una puntuación media de 6,46 sobre 10.

A quienes en la profesión se lo comento no deja de sorprenderle. Probablemente porque son conocedores de todos los problemas internos que rodean el funcionamiento del Turno de oficio y resto de servicios vinculados a la Justicia Gratuita. Seguramente le sucedería lo mismo a los profesionales de la salud. Como ellos, nosotros somos conscientes del funcionamiento interno del servicio que prestamos, de la importancia de hacerlo con la mejor calidad que sea posible, pero también de la importancia de avanzar en las condiciones en las que se presta para evitar que lo que funciona con cierta satisfacción del usuario termine por provocar un grave deterioro por la desidia de las Administraciones Públicas.

Y es que ya son muchos los años que llevamos advirtiendo que a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 se le acumulan las goteras como consecuencia de toda la legislación posterior que ha olvidado incorporar sus efectos sobre la defensa jurídica de quienes no tienen recursos para contratar un profesional de la abogacía en el mercado libre. Hace tiempo que reiteramos la importancia de que se reconozca y retribuya todo el trabajo realizado, que se homologuen los conceptos en todas las comunidades autónomas y que se equipare el pago en los baremos, que no se cargue sobre el profesional del Turno la compleja tarea de cobrar al ciudadano cuando se le deniega el beneficio de la Justicia Gratuita, etc…

El problema es que las crecientes muestras de comprensión que encontramos en las Administraciones Públicas no se comparecen con las acciones precisas siquiera para taponar las aludidas goteras. Nuestra reclamación, naturalmente, va más allá. A comienzos de año celebramos una jornada de debate en el Congreso de los Diputados donde expusimos a los portavoces parlamentarios de Justicia tanto las necesidades concretas como la urgencia de reformar la ley vigente. A la vista está que no encontramos el eco que esperábamos.

Tampoco somos unos ilusos ni pensamos que el mero hecho de dar a conocer la situación fuera a ser suficiente. Seguimos en el empeño con un mensaje muy claro: tenemos un sistema de Justicia Gratuita que los ciudadanos perciben de gran calidad pero que está plagado de necesidades urgentes. Un sistema que se sustenta sobre el compromiso y el esfuerzo de casi 45.000 abogados y abogadas que ofrecen mucho a cambio de muy poco y que hace ya tiempo que muestran claros síntomas de agotamiento. La luz roja de que algo puede empezar a fallar muy pronto lleva ya algún tiempo encendida. No esperemos a que sea demasiado tarde para solucionarlo.

(Publicado en la Revista Abogacía Española 135, julio 2022)