En defensa de la Justicia Gratuita: la hora del Estado de Derecho

La ONU se inquieta porque el Estado de Derecho se está “erosionado” en el mundo. La Comisión Europea, preocupada también, trabaja ya en su primer informe para tener un diagnóstico de situación sobre el Estado de Derecho en Europa. El siglo XXI, con sus oportunidades, incertidumbres y pandemias, ha situado a las democracias ante un nuevo escenario en el que los derechos y libertades, su defensa y garantías, jugarán un papel determinante en el debate de las legitimidades. Las sociedades han de sentirse amparadas y servidas, cuidadas y escuchadas, respetadas y protegidas por el poder y el sistema. Y cuanto mayor sea esa relación de confianza, menores serán las brechas de desafecciones que hoy amenazan los ecosistemas democráticos.

Ahí es, en mi opinión, donde nos jugamos el futuro, en corregir las desigualdades. Y una de las muchas que hieren la sensibilidad de la razón, por lo que tiene de ignominiosa, es sin duda la desigualdad ante la Justicia. Un Estado de Derecho ha de garantizar que nadie quedará indefenso si no dispone de medios económicos o de alguien que le defienda. A todas las personas, sin exclusión alguna. Por eso, como ha defendido siempre la Abogacía, la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio es la inversión más rentable en paz social, porque es también la más justa. Y las democracias, como el Estado de Derecho sobre el que se sostienen, no están ahora como para dilapidar sus bienes más preciados, llámense igualdad, libertad, seguridad, solidaridad, tolerancia o el sumatorio de todos ellos, la justicia.

Tenemos el privilegio de contar con unos de los sistemas de asistencia jurídica gratuita más completos y con los profesionales más cualificados del mundo. No es casualidad que todo un Tribunal Supremo reconozca en una de sus sentencias -gracias Marchena- “el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar”, así como a “todos aquellos Letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías”. Tampoco es casualidad que detrás de alguno de los fallos más trascendentales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontremos la perseverancia y el buen hacer de profesionales del Turno de Oficio, como el que recientemente ha conseguido que se adopten las medidas necesarias para que una madre nigeriana residente en España pueda retomar la comunicación con su hijo, dado en adopción sin su consentimiento. Y por ello no sorprende que sea uno de los servicios públicos mejor prestados, valorado positivamente por el 80% de sus usuarios.

Llama la atención, sin embargo, que su devenir en los últimos años haya sido una historia de reivindicaciones y de conquistas logradas palmo a palmo por la Abogacía Española frente a la indiferencia o la incomprensión de los poderes públicos. Se pretendió su privatización sujetándola al IVA y lo evitamos. Arrancamos el compromiso del Gobierno del abono mensual de las liquidaciones en el territorio común, lo cual, aunque hayamos alcanzado de nuevo la normalización en el calendario de pagos, no siempre se ha cumplido. Después de 15 años congeladas, conseguimos una mejora de las indemnizaciones en dicho territorio, si bien siguen siendo manifiestamente insuficientes, además de desequilibradas. Los tribunales vienen dándonos la razón frente a quienes pretenden imponer una visión mercantilista de la Justicia Gratuita, porque se trata -como así es y defendemos- de un servicio público que se presta desde la vocación, la cercanía y fuera de las leyes de la competencia. Y durante la pandemia exigimos el uso preferente de medios telemáticos en la asistencia al detenido y a víctimas de violencia de género, así como medios que garantizasen en esa labor la seguridad sanitaria, hasta el punto de que el Consejo General y los Colegios de la Abogacía, en los momentos más críticos en cuanto a su disponibilidad y abastecimiento, tuvimos que colaborar en su suministro. Una Abogacía del Turno de Oficio, esencial siempre, que en los momentos duros de la crisis Covid ha demostrado una vez más su valía, su calidad y su alto grado de compromiso con el derecho de defensa.

A la vista de este trayecto, recorrido desde la tensión y la permanente superación de resistencias, resulta incomprensible que en un Estado social y democrático de derecho este tipo cuestiones se resuelvan a golpe de reivindicaciones y no “de oficio”. Ni la Asistencia Jurídica Gratuita, ni los 46.000 profesionales del Turno de Oficio merecen ese trato, y por ellos, por toda la profesión, no vamos a dejar de reclamar y de exigir lo que en justicia les corresponde: indemnizaciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica un servicio como el que prestan, pagos ágiles, igualdad territorial, módulos más completos, mejores marcos legales que garanticen de manera efectiva y en condiciones adecuadas la Asistencia Jurídica Gratuita y, en general, las líneas de trabajo recomendadas en el XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita que acaba de publicarse.

Un informe cuyos datos, que aumentan cada año, son elocuentes e ilustran por sí mismos la importancia de este servicio y del por qué debería contar con una atención preferente que hoy, por desgracia, no tiene: casi 2 millones de asuntos atendidos, con incrementos en todos los servicios, con 822.000 expedientes remitidos por los Colegios de la Abogacía a las respectivas Comisiones de AJG, con 701.000 solicitudes de ciudadanos gestionadas gracias al Expediente Electrónico de Justicia Gratutita… y todo ello, aunque cueste creerlo, suponiéndole a cada ciudadano residente en España tan solo 6 euros de media de inversión.

La calidad de nuestra democracia depende en buena medida de cómo acoge, cuida, protege y defiende a quien cuida, protege y defiende nuestros derechos y libertades, los de todos y todas. De cómo asegura, de verdad, que el derecho de defensa sea real y efectivo. De cómo garantiza el acceso a la justicia, especialmente a los más vulnerables. De cómo reconoce, dignifica y respeta a quienes facilitan ese acceso. En definitiva, de cómo es capaz de cualificar el Estado de Derecho para que siga siendo, ante las incógnitas de un siglo XXI efervescente, el mejor marco de convivencia y de progreso que existe. Situar a la Asistencia Jurídica Gratuita y al Turno de Oficio en la agenda de prioridades públicas es, sin duda, la mejor manera de empezar. Una prioridad urgente, responsable y justa.