En la defensa y normalización de derechos

Concluye este 2021 con una sensación amarga por el retorno de unos riesgos que hace solo un mes creíamos haber dejado atrás de forma definitiva. El año deja la frustración de quien no alcanza las halagüeñas expectativas que teníamos por delante, a pesar de que la evolución de todos los indicadores sanitarios, económicos y sociales es netamente positiva en relación con el fatídico y aparentemente lejano 2020.

Y a pesar de que este año que está a punto de finalizar se nos esté escapando en un suspiro de preocupación, lo cierto es que ha sido un ejercicio muy fructífero para la profesión aunque muchos de los proyectos que están marcha deban fructificar antes de que concluya la legislatura. Tal y como expondrán los resúmenes anuales de la Justicia, el 2021 ha sido para nosotros el año del nuevo Estatuto General de la Abogacía. Ha sido preciso esperar 20 años para ver cómo la norma que rige nuestro funcionamiento interno se adaptaba a unos tiempos cambiantes en los que la tecnología se impone en lo usos profesionales y personales.

Pero también ha sido el año del nuevo reglamento de Justicia Gratuita y el ejercicio en el que han alcanzado el Congreso los tres proyectos de ley orientados a transformar el funcionamiento cotidiano de la administración de Justicia: las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital. También ha sido el año en que se ha elaborado del borrador de la Ley de Derecho de Defensa y se ha avanzado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como se puede ver, mucho pendiente para la segunda mitad del presente mandato.

Quisiera detenerme siquiera un instante en remarcar la importancia de que el derecho de defensa quede consagrado en un ley específica, pues supondrá la constatación de la importancia de este principio constitucional y despejará de forma nítida la relevancia de esta protección de la ciudadanía frente a la ley. Me atrevería a decir que, si bien nuestro estado de derecho ha funcionado durante este periodo democrático sin taras, sigue huérfano de una legislación específica que proteja y ampare el derecho a disponer de una defensa legal en cualquier circunstancia.

No quiero dejar pasar por relevante que uno de esos proyectos de ley, el de eficiencia procesal, es el que debe ratificar el primer gran paso en materia de conciliación para la abogacía. Me refiero al que reconocerá nuestro derecho a disfrutar de los permisos de paternidad, maternidad o en caso de fallecimiento de un familiar. También la inhabilitación de dos semanas durante la Navidad. Queda mucho por avanzar, pero podemos hablar de un buen paso en firme en cuanto haya sido publicado por el BOE.

A modo de balance, por tanto, contabilizamos mucho trabajo realizado, aunque también mucho por seguir realizando. Y eso sin mencionar otras reformas que van a afectar de forma muy directa a nuestro trabajo, como la muy reciente modificación de la Ley Concursal o la enésima Reforma Laboral cuyo resultado sigue siendo incierto a sólo unos días para que concluya el año.

Sobre la reforma concursal, y al hilo de que apuntaba unas líneas más arriba, no se entiende que el mismo Gobierno que trabaja en legislar una ley del Derecho de Defensa deje desprotegidos a los pequeños empresarios y autónomos frente al colapso de sus negocios, esto es, de su forma de vida. En un exceso de insensibilidad, no es de recibo que queden jurídicamente inermes –sin derecho a la Justicia Gratuita- quienes tienen ante sí el reto de volver a empezar desde cero.

Con el paso del tiempo, el 2021 se unirá sin solución de continuidad al periodo que se considerará parte de lo que seguramente se conocerá como la crisis del Covid. En la memoria de la gente quedarán las limitaciones de movimientos y de horarios que estaban en vigor hace unos meses y que han ido desapareciendo progresivamente, aunque amenazan con regresar de nuevo. Y en la memoria de los juristas quedará seguramente la constante batalla librada ante los tribunales para hacer compatibles el derecho colectivo a la salud y los individuales de empresas y personas.

Quienes nos dedicamos al Derecho no hemos necesitado nunca que nos expliquen su importancia en el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad. Pero la crisis sí ha propiciado que quienes son ajenos a este sector profesional tomen conciencia de la importancia de la leyes y de las formas de hacerlas respetar, incluso cuando es la propia Administración Pública la que impone nuevas normas, muchas de las veces sin suficiente base jurídica para hacerlo. Por decirlo de una forma más sencilla, la sociedad ha tomado una conciencia más clara de los derechos que les asisten como ciudadanos y de su capacidad para reclamarlos mediante la acción de la abogacía.

Y pudiendo parecer un paso menor dentro del marasmo que está suponiendo la crisis del Covid, créanme que es un paso importante, un salto de madurez de una sociedad que evoluciona con lentitud pero sobre la que los periodos de crisis tienen un efecto catalizador. Esta y otras circunstancias me permiten conjeturar que de esta crisis saldremos más conscientes de los valores que compartimos, de las libertades y derechos de las que disfrutamos y de la importancia de seguir consolidando aquellos que existiendo en las leyes singuen sin ser una realidad cotidiana. Tal y como sucede, por ejemplo, en el plano de la igualdad, la lección se tan sencilla como necesaria: los derechos primero se reconocen y después es preciso un esfuerzo colectivo para trasladarlos a la sociedad y conseguir su normalización.

Ahí nos han tenido y nos tendrán siempre a nosotros, a los abogados y abogadas españoles; tanto reclamando el reconocimiento de los derechos como instando al cumplimiento de las leyes. Ahí nos tendrán, contribuyendo a la consolidación de nuestros derechos y llamando la atención sobre cuantos abusos puedan cometerse contra quienes tienen menos capacidad para reivindicarlos ante los juzgados y tribunales.

En ese camino nos seguiremos encontrando en el 2022. Feliz Navidad y feliz año nuevo.