La abogacía ya tiene hoja de ruta

Pensar que podemos anticiparnos a lo que está por llegar en la era digital y ante la inteligencia artificial puede parecer atrevido. También lo parecía en 2019 cuando abordamos durante el XII Congreso de la Abogacía Española, en Valladolid, la forma en que la tecnología estaba transformando nuestra profesión. Nadie podía prever entonces lo que el Covid supondría para impulsar la inmediación digital y el trabajo en remoto tanto en nuestros propios despachos, como en el propio servicio público de justicia.
Tampoco ahora, en este incierto 2023 de fin de legislatura y tiempos de guerra en Europa, resulta sencillo vislumbrar lo que está por llegar. Sin embargo, la Abogacía asumió el reto de celebrar su XIII Congreso con el fin de establecer la hoja de ruta de la profesión para los próximos cuatro años, tal y como contempla nuestro nuevo Estatuto, que consolida un derecho de participación democrática directa, de todos los abogados y abogadas, a la hora de orientar la ordenación y regulación del sector.
El reto de este reciente Congreso de la Abogacía Española, celebrado en Salou, con los Colegios de Tarragona, Reus y Tortosa como anfitriones, no era sencillo, porque además suponía recuperar una tradición deliberativa con citas históricas tan trascendentales para la lucha por el Estado de Derecho, como lo fue el Congreso de León en 1970.
Este XIII Congreso ha estado estructurado en torno a cuatro ponencias y un sistema de comunicaciones abierto a todos los profesionales colegiados, eminentemente deliberativo. Las ponencias eran las siguientes: Defensa de los derechos y libertades hoy, intermediación y nuevos modelos negocio, Avances y desafíos de la regulación deontológica y Especialidades y formación legal continua; a las que añadimos asimismo una ponencia deliberativa plenaria sobre Justicia Gratuita.
Durante su celebración, unos 1.500 abogados y abogadas de toda España pudieron debatir sobre todo lo que preocupa a la profesión en torno a los ejes expuestos. Amplios y enriquecedores diálogos que propiciaron un total de 44 conclusiones en cuestiones tan importantes como el secreto profesional, las sociedades de intermediación, la educación legal continua, o la mejora de las condiciones en que se presta la Justicia Gratuita.
La reiteración de la urgencia y necesidad de una nueva ley que regule el funcionamiento del turno de oficio fue precisamente uno de los aspectos de concitó mayor interés. En las conclusiones que hacen referencia a ello se insiste sobre la importancia de que los criterios para acogerse a la Justicia Gratuita sean homogéneos en toda España y de que todas las actuaciones de los compañeros dentro de este servicio elemental sean compensadas por la administración correspondiente.
Entre esas conclusiones también destaca el objetivo de establecer un protocolo de amparo que sea de utilidad en todos los Colegios de la Abogacía, el establecimiento de criterios deontológicos para las nuevas áreas extraprocesales como la mediación o el compliance, la posibilidad de que los colegios profesionales puedan plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE, que las sociedades de intermediación dirigidas por abogados se equiparen a las sociedades profesionales a efectos deontológicos, o la creación de un observatorio de la ciberseguridad, entre otras.

Siendo de enorme importancia el contenido de esas conclusiones, cobra especial relevancia el hecho de haber sido votadas y respaldadas ampliamente en un congreso nacional. Parte de ellas tenían como cometido su inmediato traslado al Parlamento para influir en los proyectos legislativos que estaban en trámite y que el anticipo electoral ha dejado en suspenso. Pero tan pronto como la nueva legislatura comience, la Abogacía volverá a llevar el mandato de nuestro congreso nacional al ámbito parlamentario.

Independientemente de los plazos que marca la política, seguiremos trabajando para sacar adelante, entre todas y todos, el conjunto de conclusiones aprobadas en este importante XIII Congreso para el futuro de la profesión, incluida la elaboración de una nueva Ley de Justicia Gratuita que permita mejorar el acceso universal a la justicia de las personas con menos recursos, entre otras muchas. Objetivos que lograremos entre todos, trabajando juntos.