La Justicia gratuita que garantizan los abogados: X Informe del Observatorio

El lunes presentamos el X Informe del Observatorio de Justicia Gratuita que edita Wolters Kluwer con datos aportados por los 83 Colegios de Abogados (se puede consultar en www.abogacia.es). Sobre la importancia social e institucional de la Justicia Gratuita ya se ha dicho casi todo. Pero nunca está de más volver a decir que sin ella el Estado de Derecho no podría tener ese nombre. Por eso, reducir la demanda de justicia, limitar el acceso de los ciudadanos más desfavorecidos, adjudicar la gestión de la Justicia Gratuita a quienes no tienen ni la preparación ni la independencia ni la deontología necesarias o tratar de mercantilizar un servicio que no se rige por las normas de mercado, acaba siendo una traición a la letra y al espíritu de la Constitución y rebaja gravemente los niveles del Estado de Derecho.

La Ley de 1996 no ha funcionado mal, pero, tras veinte años es necesaria una reforma seria, negociada y con una dotación suficiente, ya que la que se hizo casi subrepticiamente en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Civil no resuelve los problemas.

Es necesario que se clarifiquen de una vez los requisitos que deben superar los abogados para acceder al Turno de Oficio; las administraciones deben eliminar trámites burocráticos en la gestión de los expedientes de concesión del beneficio de JG; revisar los requisitos de concesión, pero también implantar los Servicios de Orientación y Asesoramiento Jurídico en todos los centros penitenciarios, en todos los CIE y, desde luego, y por encima de todo, fijar unos baremos dignos y adecuados para los profesionales del Turno.

Y mantener la garantía de calidad y de independencia que lleva aparejado el estricto control deontológico que sólo los Colegios de Abogados ofrecen.

La Abogacía institucional ha luchado duramente, y lo seguirá haciendo, para garantizar la tutela judicial efectiva, la excelencia y la independencia del servicio en defensa de los verdaderos protagonistas, los responsables de que este servicio funcione: los 83 Colegios de Abogados, y, sobre todo, los 43.800 abogados y abogadas de oficio que han aguantado todo: las bajas remuneraciones, algunas sin revisar desde hace más de diez años; los recortes; los impagos de actuaciones realizadas; los retrasos de hasta un año por parte de las Administraciones en pagar el trabajo realizado…

La justicia gratuita supone aproximadamente sólo un 6% de lo que todas las administraciones públicas se gastan en justicia. El abogado cobra entre 125 y 150 euros por expediente, lo que incluye trabajar en festivo y fines de semana sin horario. Hablamos de unos profesionales cuya media es de 13 años de ejercicio profesional y a los que estar en el TO les supone unos 4.000 euros al año. A pesar de todo, ahora hay en este servicio 11.000 abogados y abogadas más que en 2006. Casi un tercio de la profesión está en el turno de Oficio.

Está claro que su interés es social y no monetario.

Está claro que su interés es hacer efectiva la tutela judicial de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos cuya última esperanza es la justicia.

Está claro que sin ellos, la Justicia sería imposible.