Las perseidas de la justicia

Dejamos atrás agosto, el mes de las perseidas, esa lluvia de estrellas luminosas y efímeras que este verano ha sido especialmente intensa y llamativa. Polvos de meteoros fugaces que brillan durante un rato, que iluminan los horizontes de la noche y nos embriagan a su paso de ilusiones, de sueños y, por qué no, de deseos encomendados a su brillo fugitivo. Lágrimas de San Lorenzo, las llaman popularmente, y en una extraña asociación de ideas, quizá porque se abre hoy un nuevo Año Judicial, no puedo evitar pensar en la justicia y en sus perseidas, que también las ha tenido, igual de rutilantes, atractivas e inspiradoras, igual de frágiles y pasajeras. Como aquellas, también fueron hermosas mientras duraron.

Pienso en ese Pacto de Estado para la reforma estructural de la justicia, tantas veces anunciado y tan pocas veces intentado en cuatro décadas de democracia. Tan fugaz como los propósitos, si es que los ha habido, para impermeabilizar a nuestra justicia de percepciones que tanto daño hacen a su independencia y despolitización, como con insistencia se apunta su necesidad desde la Comisión Europea (Cuadro de Indicadores de la Justicia) o el Consejo de Europa (informes GRECO). Efímeras como las reiteradas invocaciones a una arquitectura normativa que en lo procesal, civil o mercantil, cuando más valor tiene la seguridad jurídica, sigue anclada en el siglo XIX. Volátiles como las eternas promesas para corregir los déficits históricos de nuestra justicia en cuanto a recursos, medios y respuestas organizativas, cruciales para un servicio público que es, además, un valor esencial del ordenamiento jurídico y uno de los poderes de nuestro Estado social y democrático de derecho.

Por desgracia, perseidas han sido las demandas no atendidas para incrementar el gasto en justicia gratuita, cuando la última vez tuvieron que pasar 15 años para revisar y actualizar al alza los baremos. O la modificación de las pruebas de acceso a la profesión, manifiestamente mejorables desde una perspectiva práctica. O ese nuevo Estatuto de la Abogacía que desde 2013 espera más que buenas palabras arrastradas luego por los vientos del olvido, los mismos que confiamos no alejen las reformas legales que venimos proponiendo y reclamando con insistencia para facilitar la conciliación en el ejercicio de nuestra profesión.

No como una estrella, sino como un meteorito estrellado, vivimos con tristeza e indignación la injusta e ineficaz decisión de habilitar una parte de agosto a efectos procesales. Además de quebrantar flagrantemente las recomendaciones del Poder Judicial, se vulneraron los más elementales derechos al descanso y a la desconexión que asisten a la Abogacía y a la Procura, con notificaciones en esos días que ni eran urgentes ni estaba justificada su necesidad. Un fracaso en toda regla, como advertimos desde el principio, que en nada ha resuelto los problemas estructurales de una justicia que ya venía colapsada e infradotada, que la pandemia agravará y que hoy, por ejemplo en la jurisdicción social, está dando fechas para inicio de juicios para mediados de 2022.

En el estío vimos pasar por algún medio de comunicación noticias que apuntaban a que, de los fondos que España recibirá de Europa para mitigar la crisis generada por el coronavirus, una parte podría destinarse a la modernización tecnológica de la Justicia, que buena falta le hace. Lo importante, además de para qué, es el cuánto y el cuándo, pero en esa estrella -es lo que tienen las perseidas en su fugacidad- no se leía nada más. Lo que sí leímos y nos preocupa, como así lo hemos manifestado ya, son algunas propuestas de las que parece inferirse, con la excusa de la pandemia, la intención de alejar a la Abogacía de los juzgados y tribunales. Porque esa es la sensación que nos transmite a la profesión algunas medidas inaceptables y peligrosas para la calidad de nuestro Estado de Derecho, como el establecimiento de sistemas no presenciales de atención a los profesionales, el mecanismo de la cita previa para acudir a las sedes judiciales o la generalización indiscriminada de la telematización de las actuaciones procesales.

En un tiempo complejo donde, como escribía el periodista Andrea Rizzi, “los mayores pierden la vida y los jóvenes el futuro”, en el que el mañana se anuncia crítico para la estabilidad económica y social por la pérdida de fortalezas y el derrumbe de paradigmas, lo que no podemos perder son más oportunidades para colocar las muchas reformas que necesita nuestra justicia en la agenda de prioridades públicas. Por muy vistosas y fascinantes que parezcan, la justicia española no puede seguir ensimismada en perseidas que se desvanecen por la desidia o la indiferencia. El astrolabio de nuestra democracia necesita, hoy más que nunca, de su verdad, de su legitimación y de su confianza.